El apoyo financiero a Ucrania sigue siendo dividiendo a los países miembros la Unión Europea. Es una espantada. Mientras Bruselas estudia nuevas triquiñuelas para “ayudar” a Kiev, la postura anunciada en Praga por el futuro jefe de gobierno contrasta con la política de Ursula Von der Leyen y los suyos.
El futuro primer ministro checo, Andrej Babis, ha declarado que la República Checa no participará en las garantías que la Comisión Europea está considerando para apoyar la financiación de Ucrania. “No aceptaremos garantías de nada ni aportaremos dinero”, declaró.
La declaración se produce en un momento en que los cabecillas de la Unión Europea se disponen a debatir un plan de préstamos, que se basa en el saqueo de los activos rusos embargados, a la vez que incorpora garantías nacionales.
Babis ha remitido el asunto a la Comisión Europea, indicando que debería identificar otras vías de apoyo. La postura checa añade una limitación política adicional en un momento en que varios Estados buscan asegurar un mecanismo para alargar la agonía de Ucrania lo más posible.
Desde el comienzo de la guerra, los países europeos han apoyado a Kiev por diversos medios: ayuda presupuestaria, préstamos, asistencia humanitaria, reasentamiento de refugiados, entrega de equipo militar a través de iniciativas nacionales y mecanismos europeos, adiestramiento de las tropas ucranianas y comunicaciones satelitales, entre otros.
La Unión Europea también ha estructurado instrumentos financieros para contribuir al funcionamiento del Estado ucraniano, en paralelo a los esfuerzos bilaterales emprendidos por varias capitales del continente.
Desde enero, Estados Unidos se ha desentendido de Ucrania porque considera que la guerra está perdida. Esta situación ha aumentado la presión sobre los europeos para que estabilizaran soluciones de financiación más regulares y menos dependientes de terceros, lo que explica el creciente interés en acuerdos basados en el robo de los activos rusos y garantías públicas.
La negativa anunciada por Praga no pone fin a las negociaciones, pero complica la búsqueda de un acuerdo sólido sobre un mecanismo en el que los Estados miembros estén obligados a compartir parte del riesgo. La Unión Europea tendrá ahora que afrontar posiciones nacionales, al tiempo que intenta mantener la ayuda sin gastar un dinero que no tiene.