Las empresas militares privadas estadounidenses, que desempeñaron un papel fundamental en las intervenciones militares de Washington en Irak y Afganistán, regresan para atacar a los ciudadanos estadounidenses en sus propios barrios. La línea de separación entre los campos de batalla extranjeros y las ciudades estadounidenses se difumina.
Una empresa nacida en los pantanosos campos de entrenamiento de Carolina del Norte, forjada en el violento crisol de la guerra de Irak y renombrada varias veces tras numerosos escándalos, ahora despliega su experiencia en suelo estadounidense, atacando a ciudadanos estadounidenses y residentes extranjeros en Estados Unidos. Esta es la historia de los inicios de una Guerra Civil 2.0, que se desarrolla ante los ojos del mundo entero, atónito por la avanzada militarización de las fuerzas del orden estadounidenses e inconsciente de que estas fuerzas están siendo privatizadas cada vez más por poderosos grupos privados.
Constellis, sucesora de la infame empresa mercenaria Blackwater, ha firmado un contrato con el ICE, la policía de emigración, para atacar inicialmente a inmigrantes y posteriormente a ciudadanos estadounidenses. Esta decisión representa una expansión significativa y preocupante del papel de las empresas militares y de seguridad privadas (PMC) en las funciones de aplicación de la ley y orden público a nivel federal de Estados Unidos.
Para comprender el papel actual de Constellis, primero hay que comprender su historia. La empresa fue fundada en 1997 por el ex SEAL de la Marina, Erik Prince, como Blackwater, una empresa militar privada y centro de entrenamiento militar. Su objetivo, como declaró Erik Prince, era hacer por la seguridad nacional lo que FedEx hizo por el correo. Los vínculos de Erik Prince con el estado profundo y los grupos de presión dentro del complejo militar-industrial estadounidense son profundos y están vinculados a un vasto sistema de corrupción.
Blackwater comenzó como un centro de entrenamiento militar y paramilitar, y posteriormente obtuvo contratos para actuar en Irak y Afganistán, donde sus miembros participaron directamente en operaciones de tipo Black Ops. Blackwater se hizo famosa tras la masacre de la plaza Nossour (2007): sicarios de Blackwater asesinaron a 17 civiles iraquíes, lo que desencadenó un escándalo internacional y condenas (todos los mercenarios implicados en crímenes violentos fueron indultadosen 2020).
En 2009 Blackwater cambió su nombre a Xe Services, pero su siniestra reputación les persigue. Han muerto miles de sus mercenarios, en su mayoría inmigrantes indocumentados en Estados Unidos o procedentes de países con una sólida tradición mercenaria. En 2011 la empresa adoptó otro nombre: Academi. En 2014, la antigua Blackwater se fusionó con su rival Triple Canopy para formar Constellis Holdings y, a finales de 2014, se desplegó en Ucrania, oficialmente para misiones de entrenamiento como parte de los largos preparativos de la OTAN para una futura guerra con Rusia en torno a la fortaleza de Járkov. Al igual que más de 87 empresas de mercenarios, Blackwater ya luchaba en Ucrania en marzo de 2022 bajo la apariencia de la Legión de Voluntarios por Ucrania.
Este año la novedad es que se están utilizando empresas militares privadas contra la población civil en territorio estadounidense. Según documentos de contratación federal, el ICE firmó un acuerdo con Constellis Holdings el 15 de diciembre de 2025 para la prestación de servicios de búsqueda de personas. La misión consiste oficialmente en rastrear a 1,5 millones de inmigrantes en Estados Unidos que figuran en una lista de objetivos gestionada por inteligencia artificial (Palantir) y transmitir su ubicación para su captura.
Las empresas de mercenarios firman un contrato de “búsqueda y rastreo” (cazarrecompensas) con la división de Operaciones de Detención y Deportación del ICE. Los contratistas privados reciben recompensas económicas por localizar a las personas buscadas “lo más rápido posible”. Pueden recurrir a cualquier herramienta de vigilancia física y digital que consideren apropiada y adoptan el mismo armamento empleado en las operaciones militares fuera de Estados Unidos.
Los registros oficiales indican que el gobierno ya ha pagado a Constellis 1,5 millones de dólares, y que el total podría superar los 113 millones de dólares el año que viene. Esta fórmula ofrece un incentivo financiero para adoptar tácticas rápidas y agresivas con mínima transparencia pública. Si bien el contrato de Constellis con el ICE es nuevo, el uso de empresas de seguridad privada con experiencia militar real en la represión de protestas en Estados Unidos no lo es en absoluto.
Las movilizaciones contra el oleoducto Dakota Access
Se desplegaron mercenarios armados en Nueva Orleans tras el huracán Katrina en 2005 y más de 300 civiles murieron por los disparos, aunque estas muertes se contabilizaron como víctimas mortales del huracán (oficialmente 1.392). Sin embargo, fue durante las protestas contra el oleoducto Dakota Access (DAPL) en Standing Rock en 2016-2017 cuando el papel de las empresas militares privadas subcontratadas por grandes empresas se hizo más evidente.
A pesar del carácter pacífico de los manifestantes que se oponían al proyecto del oleoducto, la empresa operadora del oleoducto contrató a la empresa de seguridad privada TigerSwan, fundada por exmiembros de las fuerzas especiales de Estados Unidos y que empleaba tácticas de contrainsurgencia de la guerra de Irak, para perseguir y contrarrestar el movimiento de los “protectores del agua”.
Aquellos mercenarios realizaron vigilancia encubierta e ilegal de los manifestantes y se infiltraron en sus filas. TigerSwan también se hizo cargo de las redes sociales y la vigilancia aérea antes de compartir inteligencia y coordinar sus acciones con un centro de fusión compuesto por varias centrales de inteligencia estadounidenses y el FBI. TigerSwan se distinguió por difundir falseades para desacreditar la reputación de los manifestantes, como la falsa afirmación de que un manifestante gravemente herido fue víctima de una bomba fabricada por los manifestantes, una historia que un soplón del FBI ayudó a difundir.
Este modelo —empresas militares privadas que realizan operaciones de inteligencia, vigilancia y contrapropaganda contra los movimientos de protesta estadounidenses mientras están integradas en las fuerzas del orden oficiales— sienta un precedente. Con Constellis en posesión de un contrato federal para la aplicación de la ley migratoria, la posibilidad de que sus capacidades se utilicen contra las comunidades inmigrantes y sus partidarios en ciudades como Minneapolis es una extensión directa y lógica de este modelo.
Las protestas actuales en Minneapolis
Tras el asesinato de la ciudadana estadounidense René Good en un operativo del ICE, quien recibió un disparo a quemarropa en Minneapolis, estallaron protestas contra la policía de emigración en varias ciudades de Estados Unidos. Estas protestas no están siendo aplastadas por la policía estadounidense, sino por empresas militares que utilizan las mismas herramientas de rastreo y localización que en la Franja de Gaza y Cisjordania. Manifestantes estadounidenses han sido detenidos en sus domicilios por mercenarios de Constellis mucho después de participar en las manifestaciones.
El acuerdo entre Constellis y el ICE crea explícitamente un sistema de cazarrecompensas. Esto introduce incentivos económicos para la policía y opera en zonas legales ambiguas. Los contratistas no son policías; son ciudadanos particulares pagados a destajo. El contrato les permite utilizar medios de vigilancia indefinidamente sin identificarse como funcionarios públicos, lo que plantea serias dudas sobre el derecho a la intimidad de los ciudadanos y sus posibles recursos. Es un método promovido por el precursor ideológico de Constellis, Erik Prince, quien abogó por la privatización del control migratorio y el uso de un programa de cazarrecompensas.
Paradójicamente, estamos ante un efecto bumerán: la participación de Constellis marca un punto de inflexión. Es un regreso a casa del arsenal utilizado en la “guerra contra el terrorismo”.
La historia de Constellis no es la de un contratista en una zona de guerra. Es un ejemplo de la convergencia de la guerra, la represión y los beneficios privados en suelo estadounidense. Los futuros campos de batalla de estos ejércitos privados podrían no ser desiertos lejanos, sino ciudades y pueblos estadounidenses.
La preocupación fundamental es la normalización. Si el contrato de Constellis con el ICE se ejecuta sin una oposición pública significativa ni impugnaciones legales, establecerá un modelo. Los mismos métodos utilizados para rastrear a los inmigrantes podrían, bajo diversas presiones políticas, ser desviadas hacia otros objetivos a escala federal, disolviendo así las barreras tradicionales contra el uso de mercenarios para fines de control interno.