Ayer Europol y la Gendarmería francesa registraron las oficinas de la red social X/Twitter en París, tras una investigación iniciada en enero del año pasado sobre la manipulación del algorítmo por la plataforma.

Los tribunales franceses han estado investigando a la red social desde que en enero del año pasado se recibieran dos denuncias. Un diputado, Eric Bothorel, expresó su preocupación porque los algoritmos que incorpora X/Twitter habían perturbado el funcionamiento de un sistema automatizado de procesamiento de datos.

La fiscalía de París ha citado a declarar a Elon Musk, propietario de la red social, y a Linda Yaccarino, directora de la empresa en el momento en el que comenzó la investigación. Ambos serán interrogados el 20 de abril y, si comparecen, les exigirán que cumplan determinadas directrices sobre los contenidos que resultan aceotables y los que no.

Los trabajadores de la plataforma también están citados a declarar como testigos. La investigación abierta el año pasado se ha ampliado, teniendo en cuenta los últimos avances de la plataforma, incluida la integración de la inteligencia artificial, Grok, que ha conducido a la difusión de “injerencia extranjera” y “contenido negacionista sobre el holocausto”.

La catarata de acusaciones añade también la complicidad en la “difusión de imágenes de abuso infantil” y “contenido pedopornográfico generado por inteligencia artificial”. En los repertorios habituales que utilizan los jueces sólo se echan en falta los “delitos de odio”, que son la última moda para atacar la libertad de expresión.

Las redes sociales están manos de grandes monopolios tecnológicos y afirmar que manipulan de manera rutinaria todo tipo de perfiles y contenidos es un redundancia. No obstante, la Unión Europea está empeñada en un control político estricto sobre los mensajes y presiona a las nuevas plataformas de comunicación para que intensifiquen la censura.

En 2024 la red social tuvo que abandonar Brasil y cerrar sus oficinas al negarse a cumplir un mandato judicial que le obligaba a eliminar cientos de cuentas y mensajes en el contexto del intento de Golpe de Estado de Bolsonaro.

La doble vara de medir está saliendo a la luz: si Brasil o Francia presionan a X/Twitter para que censure, los intoxicadores cargan las tintas contra Elon Musk y su plataforma, pero si es Irán quien corta el acceso a internet, acusan al gobierno de Teherén por la represión que ejerce.

La tendencia represiva es hacia una privatización y una delegación de funciones. Antes la censura era una función del Estado, sujeta a reglas y al control judicial. Ahora los países europeos quieren lavarse las manos para que ese papel lo asuman las empresas tecnológicas por su propia cuenta.

La última iniciativa la ha anunciado Pedro Sánchez, con otro de los pretextos característicos: la protección de la juventud. No obstante, el objetivo es la anulación del anonimato en internet, esto es, controlar a las personas a través de sus mensajes en las redes sociales.

Tanto Elon Musk como su empresa han denunciado el asalto policial como un “ataque político” y un “acto judicial abusivo” motivado por razones políticas, no por delitos reales.

Después del secuestro de Pavel Durov, el propietario de Telegram, Francia ya no puede alardear de los derechos y libertades. Los países europeos necesitan controlar los flujos de información para tener las manos libres para llevar a cabo su política imperialista.