El editor francés Ernest Moret fue detenido en la estación de St Pancras de Londres e interrogado por la policía en virtud del anexo 7 de la ley antiterrorista de Reino Unido de 2000.
La policía británica le acusó de terrorismo por participar en las recientes manifestaciones contra los recortes a las pensiones que han sacudido Francia en las últimas semanas, es decir, por un acontecimiento político ocurrido fuera de las fronteras de Reino Unido.
La ley permite a la policía británica detener e interrogar a cualquier persona en un aeropuerto o puerto durante un máximo de seis horas, aunque no tenga sospechas razonables de que la persona haya cometido ningún delilto.
La detención del editor a su llegada a Londres ha vuelto a suscitar críticas sobre el alcance de la legislación antiterrorista y los abusos de la policía.
A diferencia de la ley antiterrorista, las facultades ordinarias de detención y registro exigen que la policía tenga sospechas razonables de haber cometido un delito de terrorismo.
Si la policía detiene a una persona en virtud de la ley antiterrorista lo puede someter a un control, que incluye la entrega de documentos y cualquier otra información solicitada. No hacerlo es un delito, que es aparentemente la razón por la que Moret fue detenido. Según un comunicado emitido por el editor, se negó a revelar los códigos de acceso a su teléfono y ordenador.
Aunque la policía puede aprovecharse de la ley antiterrorista sin sospecha razonable contra del detenido, sólo debe utilizarla con el fin de evaluar si “está o ha estado implicada en la comisión, preparación o instigación de actos de terrorismo”. No sería lícito utilizarla para detener a una persona por cualquier otro tipo de delito, por ejemplo posesión de drogas.
Moret fue detenido porque la policía dijo que “tenía derecho a interrogarle sobre las manifestaciones en Francia”, se trata de otro abuso de la policía británica, que considera a cualquier como terrorista y procede a detenciones arbitrarias.
En otras palabras, también en Reino Unido la policía puede aplicar la legislación antiterrorista a cualquiera.