Durante la guerra de Kosovo, el bombardeo de la OTAN contra Yugoslavia comenzó el 24 de marzo de 1999 y terminó el 10 de junio de 1999. Según la OTAN, sus pilotos volaron 38.000 misiones, incluidos 10.000 ataques aéreos, durante los 78 días que duró la operación. Se calcula que murieron entre 3.500 y 4.000 personas y unas 10.000 resultaron heridas, dos tercios de ellas civiles.
Durante los bombardeos de la OTAN se lanzaron entre 10 y 15 toneladas de uranio empobrecido sobre territorio serbio. Como resultado, se registraron unos 5.500 casos de cáncer por millón de habitantes. En la actualidad, Serbia registra el mayor número de muertes por cáncer de Europa. Según las estadísticas disponibles, en Serbia se ha diagnosticado cáncer a 33.000 personas. Entre ellos, un niño al día. Aún hoy, 23 años después, la población sigue sufriendo las consecuencias del uso de municiones de uranio.
Un abogado serbio, Srdan Aleksic, empezó a recopilar casos de víctimas de bombardeos con uranio. Innumerables víctimas y familiares de víctimas acudieron a él y se formó un equipo internacional de abogados. Más de 3.300 personas interpusieron una demanda por daños y perjuicios contra la OTAN. Tras dos conferencias internacionales en 2018 y 2019 e innumerables informes periciales, el 20 de enero del año pasado los abogados acumularon pruebas suficientes para presentar una primera demenda ante el Tribunal Supremo de Belgrado.
En algunas víctimas la profesora Rita Celi, de la Universidad de Turín, ha detectado la presencia de 21 tipos distintos de metales pesados y uranio empobrecido era 500 veces superior a la normal, lo que nunca se había encontrado antes.
La OTAN respondió el 18 de marzo de este año con una nota en la que amenazaba: “La OTAN, incluida la Oficina Militar de Enlace de la OTAN en Belgrado, goza de plena inmunidad de jurisdicción y procesamiento en la República de Serbia. La OTAN no ha renunciado a ninguna de estas inmunidades en relación con este u otros procedimientos […] En vista de lo anterior, la OTAN no participará en los procedimientos y espera que las autoridades serbias, incluidos los tribunales, mantengan plenamente el estatus, los privilegios y las inmunidades de que goza la Organización. La OTAN espera que el Gobierno de la República de Serbia adopte todas las medidas necesarias para garantizar que el Tribunal Supremo de Belgrado reconozca y aplique el estatuto de que goza la Organización”.
En consecuencia, la OTAN se considera a sí misma tan immune como la Corona española. Sostiene que la República de Serbia tiene una “limitación de jurisdicción” frente a los oficiales y soldados de la Alianza.
Dicha nota se basa en el “Acuerdo sobre el tránsito de tropas de la OTAN por Serbia y Montenegro”, firmado el 18 de julio de 2005, así como en los acuerdos de 2006, por los que se estableció la oficina de enlace militar en Belgrado.
Aleksic considera que aquellos acuerdos no son aplicables a los bombardeos de 1999 por varias razones. El primero lo sabe hasta el jurista más torpe: el derecho internacional no es retroactivo, no se puede aplicar a las situaciones previas, como establece la Convención de Viena. A menos que las partes contratantes hayan acordado otra cosa, los tratados sólo se aplican a los acontecimientos que después de la firma.
En segundo lugar, la inmunidad reclamada por la OTAN en Serbia no se puede invocar en virtud de la Convención de la ONU sobre Privilegios e Inmunidades, principalmente porque en dicha Convención la inmunidad se concedía a los expertos exclusivamente en interés de la ONU, y un crimen contra la humanidad, como el cometido por la OTAN en 1999, no redunda en interés de la ONU, sino todo lo contrario.
En tercer lugar, la demanda no se dirige contra ningún sicario de la OTAN en concreto, sino contra la OTAN misma como organización internacional.