La lucha popular logra la aprobación de la ley de emergencia alimentaria en Argentina hasta diciembre de 2022

El Senado argentino ratificó por unanimidad el proyecto aprobado la semana pasada en el Congres de los Diputados. Fuera del Congreso, miles de manifestantes exigían la sanción de la ley que extiende la Emergencia Alimentaria hasta diciembre de 2022 y fija un incremento del 50 por ciento de las partidas destinadas a programas de alimentación y nutrición.

Desde las 11 horas, la CTA Autónoma, CTEP, Somos Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, el Frente Darío Santillán y gremios aguardaban frente al Congreso que Senadores alcanzara el quórum para tratar la sanción de la Emergencia Alimentaria.

Finalmente, alrededor de las 18 horas y luego de tres horas y media de debate, la cámara alta sancionó la iniciativa de los distintos bloques opositores que ya había pasado por el Congres de los Diputados.

De esta manera, los legisladores nacionales extendieron la Emergencia Alimentaria hasta diciembre de 2022 y destinaron entre 8.000 y 10.000 millones de pesos a planes sociales, a partir de un aumento de hasta el 50 por ciento de los fondos que se destinan en la actualidad a programas de alimentación y nutrición.

A pesar de la reticencia inicial del oficialismo y recientes declaraciones que desconocían la difícil situación económica y social, la dura derrota electoral de Mauricio Macri y el poder de movilización de las organizaciones sociales hicieron posible la aprobación de la norma.

El texto dispone “un incremento de emergencia como mínimo del 50 por ciento de las partidas presupuestarias de créditos vigentes al momento de la promulgación de la presente ley, correspondientes al Programa N° 26 (Políticas Alimentarias) y el Plan Nacional de Protección Social, ambos pertenecientes al Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, como así también del Programa Pro Bienestar del PAMI” (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionistas).

Asimismo, faculta al Jefe de Gabinete de Ministros a actualizar trimestralmente los montos desde el 1 de enero de 2020, tomando como referencia el IPC y la Canasta Básica Alimentaria establecida por el INDEC.

Según un informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, la inseguridad alimentaria total llegó al pico máximo del 35,8 por ciento, con niveles de falta de comida severos del orden del 17,4 por ciento y déficit de nutrientes alimentarios que, en sectores bajos del país, llegan hasta el 44 por ciento.

El propio INDEC arroja datos alarmantes: en el primer semestre de 2019, la tasa de pobreza alcanzó al 35,5 por ciento de la población. El índice resulta casi 10 puntos por encima del mejor registro de Cambiemos, correspondiente al segundo semestre de 2017 (25,7 por ciento).

Por otra parte, la presentación del ministro Lacunza del proyecto oficialista de Presupuesto 2020 resulta esclarecedor a los fines de entender un posible -aunque improbable- segundo mandato macrista. Del texto, surge que el pago de la deuda para 2020 (más de un billón de pesos) supera con creces la suma de las partidas de salud, educación, agua potable y varios ítems sociales sensibles.

Ya son tres las iniciativas que los movimientos sociales lograron vehiculizar hacia un tratamiento legislativo. El primero, en diciembre de 2016, la Emergencia Social. El segundo, en julio de 2018, la Integración de Barrios Populares.

https://canalabierto.com.ar/2019/09/18/la-movilizacion-popular-logro-la-aprobacion-de-la-emergencia-alimentaria/

Los movimientos sociales se han organizado para ofrecer puestos de comida en los barrios más necesitados de Buenos Aires

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