Valentina envió una carta al presidente de la Comisión de Incautaciones negándose a pagar la multa impuesta y denunciando abiertamente el discurso de justicia social de Falange: “Bastante tengo con preocuparme de buscar [recursos], lavando ropa para familias particulares y haciendo recados, con los que poder dar a mis pequeñuelos un trozo de pan y ver que mi humilde hogar tenga algún día lumbre, cosas que no siempre consigo en la cantidad necesaria, y por lo que, contra las disposiciones de nuestro invicto caudillo, en mi casa existen días sin pan y también en mi hogar días sin lumbre”.
La resistencia que se reconoce y se ha integrado en el imaginario colectivo es la abordada en singular y con mayúsculas, lo que nos coloca frente a frente con un análisis eurocéntrico y androcéntrico: es héroe de la resistencia el hombre militante que se va a Europa a luchar con las armas contra el fascismo, pero no es ni heroína ni resistente la mujer que permanece en su pueblo y se niega a pagar las multas que le impone un régimen considerado ilegítimo.
Es importante no olvidar que para el proyecto político de Franco la “contrarrevolución de género” era una prioridad. De hecho, la dictadura puso en marcha numerosas normativas de carácter específicamente antifeminista para la patologización y fiscalización de las vidas de las mujeres, así como medidas de violencia explícita, implícita y simbólica para su control social. Pero la actitud de las mujeres estuvo lejos de ser la de meras receptoras del modelo. La historia desde abajo del franquismo así nos lo muestra.
Las estrategias de resistencia de mujeres tuvieron como objetivo principal minimizar en su día a día la apropiación del poder sobre sus vidas. En la recuperación de la dignidad material se produjeron todo tipo de acciones para lograr una cierta autonomía. Por ejemplo, reapropiarse de los recursos materiales de los que habían sido despojados a través de la aplicación de diversas medidas, entre las que se encuentra la Ley de Responsabilidades Políticas.
Estas resistencias incluían la reocupación de sus casas cuando habían sido incautadas, el cultivo de sus campos cuando estaban embargados, o auténticas luchas titánicas para que la máquina de coser, el instrumental médico o el utillaje agrícola les fueran devueltos. Es interesante pensar que, en Aragón, de los veinte millones de pesetas exigidos en forma de multas a la población vencida, sólo tres millones y medio se saldaron, en buena parte gracias a los mecanismos de dilación y desobediencia civil de las víctimas de la Ley de Responsabilidades Políticas.
El propio discurso de género franquista que les relegaba al ámbito doméstico y privado fue revertido, como en un juego de espejos, y transformado en arma mediante la cual defender una conciencia femenina que ensalzaba su papel como administradoras del hogar y priorizaba el derecho a la vida y al pan ante las imposiciones de la Ley.
En agosto de 1940, y sin que se hubiera todavía celebrado el consejo de guerra que la mantenía presa, María Bordonaba, analfabeta de 28 años y acusada de ser una “mujer peligrosa para el régimen actual”, escribió al Auditor de Guerra gracias a la ayuda de Flora Mateos, una de las muchas mujeres que ejercieron de escritoras delegadas en pueblos y cárceles. En la carta pedían la libertad atenuada de Bordonaba para poder atender a sus “hijitos” y a su “salud quebrantada”. Concedida la libertad provisional, pedía su traslado a Zaragoza, con sus niños, “para dedicarse a trabajos domésticos para cuidar a su familia y socorrer” a su marido.
Precisamente la emigración a las ciudades permitía la búsqueda de trabajos informales como el servicio doméstico, la hospedería, la limpieza de ropa y edificios, o el cuidado de personas, así como el tránsito de los márgenes de la Ley formando parte del mercado negro local, o practicando la prostitución, pero también llevando a cabo hurtos y estafas.
Otra vertiente de estas resistencias fue la escritura, un mecanismo clave que supuso para las mujeres la posibilidad de reivindicar su voz y su propia visión de los acontecimientos, dejando además para la Historia no pocos relatos que unían testimonio con conocimiento y conocimiento con denuncia. Mediante cartas a las autoridades, plasmaban ante los más altos tribunales relatos de ilegalidad, rapiña y saqueo donde tanto ellas como sus familias eran víctimas de los hechos, o denunciando violaciones por parte de patronos, o la violencia de guardias civiles y falangistas.
Además, dejaban constancia de que la legislación franquista venía acompañada del enriquecimiento y la reposición en el poder de personas provenientes de un mundo de privilegios económicos y sociales, mientras dejaba en la indigencia a la mayor parte de la población.
En tanto que supervivientes de la guerra y agentes de memoria, la labor de no pocas mujeres durante la posguerra puede considerarse pionera de la hoy conocida como memoria histórica. Las denuncias de las viudas e hijas de republicanos destaparon la verdad de los eufemismos franquistas, desafiando la versión oficial y descubriendo dónde estaban los cuerpos de los “desaparecidos” que la sublevación había dejado tras de sí y quiénes fueron sus verdugos.
Historiar la resistencia de las mujeres al franquismo es una cuestión de género, pero también de construcción de ciudadanía. Al incorporar estas experiencias al imaginario colectivo, a los tejidos culturales más invisibles, reclamamos este patrimonio como asunto de todas y todos, y nos reivindicamos como sujetos, también en lo que respecta a la resistencia al poder.
Las mujeres denunciaron cómo la guerra y el enriquecimiento que de ella surgía había sido una opción planeada desde arriba y ejecutada a nivel local por agentes conocidos. Dejaban así constancia del enriquecimiento que acompañaba a la incautación de bienes de particulares vencidos en la guerra, cuyo patrimonio iba a parar a manos de las fuerzas vivas, solidificando un mundo de privilegios económicos para los colaboradores del nuevo Estado en su tarea represiva… Entre los testimonios, el de una mujer, llamada Fermina Larraga, que describía al mínimo detalle cómo un grupo de gente armada del pueblo “que se dijeron falangistas” se llevaron de su establo cuatro vacas, seis ocas, diez gallinas “porque se incautaba de las mismas el Estado”. De aquella requisa “no les dieron justificante o recibo de clase alguna”.
En el ambiente de la dictadura, estas mujeres debían pasar desapercibidas a ojos del régimen. Para que sus técnicas fueran exitosas, el régimen debía encontrar en ellas todo el elenco de virtudes políticas y morales que el nacionalcatolicismo franquista llevaba por bandera. Por eso, la protesta de estas mujeres no era siempre y en todo caso abierta. Es significativa la gran cantidad de mujeres que en el pueblo de Caspe (Zaragoza) escribieron defendiéndose con las mismas palabras ante acusaciones también similares. Magdalena Dolador, Pilar Lacarta, Antonia Piera, María Poblador, Lucía Rafales y Benita Sorrosal compartieron un texto común para defenderse de sus cargos de “transgresoras”. Reproducimos, poniendo entre corchetes las variaciones entre unos y otros pliegos: “(…) tanto por su sexo, como por su estado de viuda [tanto por su sexo, edad y estado; y de salud], como por su falta de instrucción, nunca ha tenido la menor intervención en política [de la cual no entiende lo mas mínimo y que la tenía sin cuidado; ni cosas sindicales; sin que se haya metido nunca en política, ni pueda ser considerada como revolucionaria], no se ha ocupado de otra cosa que de las atenciones de su hogar [sin haber desarrollado otras actividades que las de su casa; de las faenas de su casa]; más que de sus faenas en el campo; y de sus seis hijos; haciendo la vida propia de un pueblo de las de su sexo”.
La idea de que la violencia es conocida por todos y que no podrá ser sepultada por eufemismos como “desaparecido”, la encontramos en muchos testimonios, como el de Romualda Garulo, que ejercía de voz de la memoria de las historias familiares. Ella recordaba que “se habla en el expediente de fallecimiento, más lo cierto es que, a mediados del mes de agosto de 1936, se presentaron en casa unas cuantas personas, que obligaron a mi esposo y a nuestros dos hijos Emilio y José de 24 y 21 años respectivamente, a que se levantasen de la cama y los acompañasen, apareciendo días después el cadáver de mi esposo y no habiendo sido posible encontrar hasta el presente el de mis dos hijos. Comprenderá el Tribunal la situación de terror en que se desenvolvía nuestra actividad familiar”.