En un contexto marcado por el cuestionamiento de la «democracia española» sonó la campana. Según el Índice de Democracia anual publicado la «Unidad de Inteligencia» de The Economist, España se clasificó con el nº 21 de las «democracias plenas«. El Gobierno, a través de la Secretaría de Estado de la España Global salió a celebrarlo, pero no contaron quién medía la democracia.
¿Cómo miden la democracia?
La pregunta consiste en saber cómo se le ocurrió a The Economist un sistema de puntuación que llega a tener una precisión de hasta dos decimales. España queda así por delante de Estados Unidos, Italia y Francia, que quedan clasificadas como «democracias defectuosas».
Según su página web, el «estudio» tiene toda la apariencia de un proceso «objetivo». Consiste en un cuestionario a un número indeterminado de «expertos» que responden 60 preguntas y luego The Economist asigna a cada respuesta un valor numérico, y un promedio ponderado de forma desconocida decide la clasificación. ¿Quiénes son estos expertos? Nadie lo sabe.
En otras palabras, a pesar de la apariencia de objetividad científica, todo el ejercicio de clasificar las credenciales democráticas de un país está plagado de prejuicios, juicios de valor y agendas ocultas, como pudiera ser el índice TripAdvisor o las estrellas Michelin, premios que también son decididos por grupos de misteriosos expertos que utilizan criterios que solo ellos conocen.
Más «índices» supuestamente objetivos
Lo mismo podría decirse del Índice de Competitividad Global, una creación del Foro Económico Mundial, que ofrece una vertiginosa variedad de trucos estadísticos y que en 2020 ha clasificado a España, en plena caída de los ingresos de la población y el incremento de la pobreza extrema, como el nº 23 de los páises «más competitivos», con una escalada de 1,1 puntos respecto al año anterior.
Si estos índices no son suficientes, también tenemos el Índice de Libertad Económica de la Fundación Heritage (encabezado por Hong Kong), el Índice de Complejidad Económica del Instituto Tecnológico de Massachusetts (encabezado por Japón) y el Ranking Global de Habitabilidad (encabezado por Melbourne), que es también producido por esos rankers compulsivos en la «unidad de inteligencia» de The Economist. Hay muchos más índices, todos ofreciendo jerarquías de atributos deseables creados por métodos objetivos supuestamente sólidos.
Objetivo: España
Pero las clasificaciones de estos «indices» no son inocentes. La clasificación (y difusión hasta el vómito) de España como «democracia plena» tiene peculiaridades que no cuentan los promotores del hashtag #ThisIsTheRealSpain, creado para contrarrestar la decadente imagen exterior del país.
The Economist es una plataforma controlada principalmente por el clan Rothschild, que es algo más que un emporio familiar o un simple apellido. Se trata de un tejido de ejecutivos y empresas vinculadas entre sí que responden a los intereses de las grandes estructuras supranacionales del capital y que asesoran a través de su banca de inversión las principales operaciones financieras.
El vicepresidente de la CEOE, Íñigo Fernández de Mesa y exsecretario de Estado de Economía con el último Gobierno del PP es actualmente uno de los principales portavoces de su banca de inversión. íñigo Pañeda, otro de sus principales ejecutivos en España, es un ex Lehman Brothers y auditor del Barclays Bank.
Ha sido el clan que ha intervenido en operaciones como la fusión de Altadis, así como en operaciones de Telefónica y Banco Santander. Y llegó a tener en su nómina al fallecido Alfonso Cortina, hijo del Ministro de Exteriores de Franco, Pedro Cortina, y que fue en los 90 el hombre fuerte de la privatización de Repsol.
Es normal, por tanto, que esta plataforma periodística de uno de los bancos de inversión más grandes del mundo, tenga en tanta estima a España, porque para esta gente, cuanto mejor les vaya en los negocios «más consolidada» es la democracia.