La Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), el combinado de militares y policías creado para combatir a la guerrilla, sigue trabajando en encontrar a Urbieta, por cuya liberación sus secuestradores exigieron el pago de medio millón de dólares.
El portavoz de la FTC, el teniente coronel Víctor Urdapilleta, ha dicjo que no disponen de nuevos datos sobre el paradero y el estado del ganadero, cuya última prueba de vida data de enero.
Sin embargo, subrayó que para la FTC el ganadero sigue vivo «mientras no exista otra información al respecto de su vida».
Añadió que el grupo al que se atribuye el secuestro, autodenominado Ejército del Mariscal López (EML), cuenta con la ayuda de personas «mimetizadas entre la población» y que le proveen de logística y aprovisionamiento.
La última prueba de vida que se tuvo del ganadero fue el pasado enero a través de un vídeo divulgado por sus familiares donde se veía a Urbieta hablando en guaraní y junto a dos hombres armados, vestidos de camuflaje y con el rostro descubierto.
Uno de ellos fue identificado como un hijo de Alejandro Ramos, antiguo miembro del EPP y ahora dirigente del EML, aseguró Urdapilleta.
El militar señaló que el EML es un «grupo terrorista» formado por 6 ó 7 personas, entre los que están la mujer e hijos de Ramos.
Urbieta fue secuestrado el 12 de octubre del año pasado, cuando se encontraba junto a su esposa en su finca de Horqueta, en el norteño departamento de Concepción.
La familia del ganadero pidió una rebaja en el rescate al grupo guerrillero, argumentando que no disponía del medio millón de dólares exigido.
Según los medios locales, el EML accedió a un rescate de 350.000 dólares, pero la familia tampoco pudo reunir esta cifra.
En la zona en la que opera el EML es activa la guerrilla del EPP, que reivindicó el secuestro del policía Edelio Morínigo, cautivo desde hace tres años, y que desde hace dos años mantiene secuestrado al menonita Abraham Fher.
Además, entre finales de agosto y principios de septiembre fueron secuestrados los menonitas Bernard Blatz y Franz Hiebert, quienes siguen en paradero desconocido y sin que ningún grupo haya asumido la autoría del hecho.
El gobierno paraguayo atribuye al EPP medio centenar de ejecuciones y varios secuestros desde su fundación.