El 7 de agosto el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llevó a cabo redadas coordinadas en siete fábricas agroalimentarias del Estado de Mississippi, deteniendo a 680 trabajadores inmigrantes. Los policias del ICE dijeron al Washington Post que la operación era “la medida de aplicación de la ley más importante en un solo Estado en la historia de Estados Unidos”.
La operación masiva sembró el terror entre unos inmigrantes ya traumatizados por una masacre contra personas de origen mexicano en El Paso, Texas, unos días antes. Una gran parte de la población nacida en Estados Unidos estaba indignada por las imágenes de los hijos de los trabajadores llorando.
Como ha sucedido en el pasado con las redadas en los lugares de trabajo, los medios de comunicación han señalado que los empresarios permanecen libres mientras sus trabajadores son llevados esposados a las cárceles para inmigrantes. Algunos reaccionaron pidiendo el detención de los empresarios que habían contratado a los trabajadores indocumentados; otros señalaron que el presidente Trump había utilizado a trabajadores indocumentados en sus propias empresas.
Las personas que quieren encarcelar a sus empresarios tienen buenas intenciones pero no entienden el problema. Más detenciones no ayudarán a los inmigrantes o a los trabajadores nacidos en Estados Unidos. Lo que estos trabajadores realmente necesitan es acabar con las redadas, derogar las leyes y políticas que hacen posibles las redadas policiales y rechazar las suposiciones en las que se basan estas leyes y políticas.
Las redadas en los centros de trabajo
Las redadas en los centros de trabajo tienen una larga historia en Estados Unidos, pero la práctica actual se justifica por las llamadas “sanciones contra el empresario” como se menciona en la Ley de Reforma y Control de la Inmigración de 1986. Esta ley requiere que las empresas verifiquen el estatuto migratorio de los nuevos trabajadores y si no lo hacen tienen que pagar una multa.
La razón de esta medida es que desalienta a los inmigrantes indocumentados que buscan trabajo en Estados Unidos. Según los partidarios de esta medida, los trabajadores nacidos en Estados Unidos se beneficiarían al limitar la competencia de los trabajadores extranjeros de bajos salarios.
La idea de que las sanciones impuestas a los empresarios reducirían la inmigración ilegal se puso a prueba en las dos décadas siguientes: la población indocumentada se triplicó, pasando de 4 millones a más de 12 millones. Desde entonces, la población indocumentada ha disminuido a unos 10,5 millones de personas.
Esto debería haber sido suficiente para convencer a los políticos de que las restricciones al trabajo legal en Estados Unidos no son suficientes para compensar los incentivos -como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)- que podrían llevar a los trabajadores de países vecinos a trasladarse a Estados Unidos. La AFL-CIO tardó mucho tiempo en entenderlo. La Confederación de Sindicatos apoyó en primer lugar las sanciones impuestas a los empresarios, pero en 2000 pidió su derogación.
Por otra parte, los gobiernos reaccionaron al fracaso de las sanciones reforzando el procedimiento. A finales de la década de 1990, comenzaron a participar en la hiperverificación electrónica: el programa E-Verify. Este programa tiene por objeto hacer cumplir las sanciones exigiendo a los empresarios que comprueben los documentos de los nuevos trabajadores en una base de datos en línea del gobierno. Pero E-Verify también ha sido un fracaso rotundo. Es bastante fácil de eludir. Su principal efecto parece haber sido empujar a más inmigrantes indocumentados a la economía sumergida, donde se enfrentan a salarios más bajos y a una protección laboral aún menor.
Si las sanciones impuestas a los empresarios no impiden que los inmigrantes indocumentados se establezcan en Estados Unidos, ¿qué hacen?
En 1986 los trabajadores inmigrantes fueron los únicos que denunciaron los efectos de esa medida. Por ejemplo, un mexicano le dijo al New York Times que la policía no les iba a perseguir mientras cruzaban la frontera de California. “Los empresarios que estén dispuestos a contratarnos se beneficiarán de nosotros. Van a amenazar con exponernos. Querrán pagarnos menos porque dirán que se arriesgan dándonos trabajo”.
La patronal utilizó las amenazas de despido para mantener a los trabajadores indocumentados bajo control antes de 1986, pero la nueva ley les dio aún más influencia. Los trabajadores indocumentados ganan mucho menos que los trabajadores con calificaciones similares -entre un 6 y un 20 por ciento menos- y hay pruebas de que la actual “penalización salarial” (pérdida de salario) por ser indocumentados es en gran medida una consecuencia de las sanciones contra los empresarios.
Al reducir los salarios de los trabajadores indocumentados, las sanciones también reducen los salarios de los trabajadores nacidos en Estados Unidos que buscan trabajo en los mismos sectores, lo que es exactamente lo contrario de lo que la ley debería producir. Además, las redadas en los lugares de trabajo desempeñan un papel importante en el proceso de reducción de los salarios y aumento de los beneficios.
En 2000 un policía de inmigración admitió que rara vez detienen a los trabajadores indocumentados “a menos que el empresario denuncie a un trabajador, y los empresarios generalmente lo hacen sólo para romper un sindicato o para evitar una huelga o ese tipo de cosas”. Los policías de inmigración son más cautelosos ahora, pero hay indicios de que “ese tipo de cosas” aún podrían desencadenar la represión en los lugares de trabajo.
Una de las fábricas inspeccionadas el 7 de agosto de 2019 fue una fábrica en Morton, Mississippi, propiedad del gigante avícola de Illinois Koch Foods. El año anterior Koch Foods tuvo que pagar 3,75 millones de dólares para resolver una demanda ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el trabajo por acoso racial y sexual de trabajadores latinos.
A diferencia de muchas fábricas agroalimentarias, la fábrica de Morton tiene un sindicato, la United Food and Commercial Workers (UFCW), que también representa a trabajadores de otra fábrica de Koch que ha sido víctima de las redadas del ICE.
Acabar con el clima de miedo
No es la primera vez que el ICE ha atacado fábricas donde los trabajadores se han unido a los sindicatos y han luchado por mejores condiciones laborales. En junio del año pasado, la policía irrumpió en una planta de Fresh Mark en Salem, Ohio, donde los trabajadores están representados por el Sindicato de Minoristas, Mayoristas y Grandes Almacenes. La acción se inició una semana después de que la Oficina de Seguridad y Salud Ocupacional impusiera una multa de 211.194 dólares a Fresh Mark por condiciones de trabajo inseguras de sus trabajadores. Las redadas actuales siguen el modelo del gobierno de George W. Bush, donde las fábricas con representación sindical o en las que se estaban desarrollando campañas de sindicalización se convirtieron en objetivos prioritarios para las redadas en los centros de trabajo.
Si bien es cierto que las empresas individuales pueden verse perturbadas por las redadas del ICE, las actividades del ICE benefician a todos los empresarios. Las redadas en el lugar de trabajo están contribuyendo a una situación que el portavoz de UFCW Abraham White describió después de las redadas en el estado de Mississippi: “Los trabajadores de todo el país tienen demasiado miedo para defender sus derechos y denunciar el dumping de salarios, condiciones de trabajo peligrosas y otros asuntos relacionados con las condiciones de trabajo”. White pidió “el fin de este peligroso clima de miedo”.
Las solicitudes de detención de empresarios por contratar inmigrantes indocumentados no harán nada para combatir este temor, especialmente en el contexto de las redadas antisindicales en el lugar de trabajo. La forma en que los trabajadores pueden superar el miedo y obtener mejores salarios y condiciones de trabajo es -como siempre ha sido el caso- organizando y resistiendo firmemente los esfuerzos de la burguesía para crear divisiones mediante llamamientos al racismo y la xenofobia.