La campaña contra los «okupas», las suspensiones de los desahucios durante el Estado de Alarma y una falsa sensación de inseguridad jurídica están ahuyentando a los fondos buitre que hasta hace unos meses se frotaban las manos en el mercado inmobiliario español. Y está siendo un dolor de cabeza para los bancos, principales impulsores de la campaña.La explicación es sencilla: cuanta más morosidad tienen las entidades financieras, en peor situación queda su solvencia y, en consecuencia, menos pueden abrir el grifo del crédito. Es la normativa del Banco de España y la del Banco Central Europeo quienes, desde la crisis de 2008, vienen exigiendo a la banca mayores provisiones de capital para posibles cataclismos.
Una de las formas más eficaces para adquirir esa solvencia ante los problemas de pago de centenares de miles de deudores hipotecarios, era la venta de créditos a fondos buitre (que en muchos casos tenían participación accionarial de los propios bancos) que permitían sanear los balances.
Banco Sabadell y Banco Santander han visto cómo se han cancelado en los últimos meses dos operaciones valoradas en torno a 3000 millones de euros. El llamado «Proyecto Higgs» del Sabadell es el nombre con el que la entidad bautizó en julio un intento frustrado de venta de créditos dudosos.
El Banco de España informó el pasado 3 de agosto en una nota de prensa que el número de solicitudes de moratoria hipotecaria alcanzaba las 267.763, de las cuales se habían dado curso a 221.0536. El saldo vivo pendiente de amortización de los préstamos suspendidos prácticamente alcanzaba los 20.000 millones de euros, lo que supone para cualquier inversor externo la alerta más clara de que las cosas no van bien.
Pero es que en total, el saldo vivo (lo que resta por pagar) de los créditos suspendidos independientemente de su destino (créditos PYME, hipotecarios o personales), asciende a la friolera de los 474.009 millones de euros, a los que habría que sumar la morosidad previa al coronavirus.
El escenario económico, ha motivado una inusitada campaña contra las ocupaciones de viviendas, que según el Instituto Cerdá (un lobby cuyo patronato lo conforman ex ejecutivos de Caixabank y el Sabadell), afecta principalmente a entidades financieras. Han incorporado a esta campaña a prácticamente todos los partidos del parlamento, sin excepción, y a la mayoría de la prensa generalista.
Por algún motivo, la estrategia de las entidades y de los medios de comunicación, fue que ante una situación social explosiva, iba a incrementarse exponencialmente el número de okupaciones de casas de bancos, y que el objetivo debía ser preservar la propiedad contra viento y marea para poder asegurar el negocio especulativo.
Pero con lo que no contaban era con el miedo de los inversores a esa situación explosiva. Según la tasadora de activos tóxicos Axis Corporate, los fondos de inversión se están «reinventando» a partir de esta situación, y la perspectiva en adelante no será adquirir nuevas carteras de préstamos, sino monetizar las existentes mediante las presiones a los deudores.
Con esto, la campaña «anti okupas» ha tenido un efecto boomerang: seguirá habiendo okupación de viviendas de bancos ante el estado de necesidad, y los bancos tendrán un problema aún mayor en su contabilidad.
Hagan sus apuestas.
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