La reestructuración que el banco llevó a cabo a finales del año pasado conllevó el cierre de 300 oficinas y supuso para la entidad el desembolso de 375 millones de euros. Con este recorte, el banco ahorra entre 175 y 200 millones de euros anuales.
La absorción del banco por otro supondrá el despido de entre 4.500 y 5.000 trabajadores más, equivalente a prácticamente la mitad de la plantilla actual, compuesta por unos 11.000 trabajadores.
Los 2.500 trabajadores que trabajan en los servicios centrales corren un alto riesgo, mientras que de la red de oficinas saldrían otros 2.000 ó 2.500 más.
Tras el último plan de prejubilaciones, la fuerza de trabajo se ha rejuvenecido sustancialmente. Por tanto, las bajas que se den como consecuencia de la absorción del banco por otro, afectará a los trabajadores jóvenes y mediana edad, que se quedarán en una situación muy comprometida.
Actualmente, de una plantilla de 11.000 trabajadores, sólo 300 tienen más de 55 años y 1.200 más de 50. Es decir, 9.500 trabajadores tienen menos de 50 años.
Además, dado que la operación de compraventa se justifica porque el banco está en quiebra total, el banco indemnizará a quienes salgan “voluntariamente” con el mínimo que marca la reforma laboral, de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades.