Ayer un tribunal británico comenzó a examinar el recurso de apelación contra la decisión del gobierno laborista de prohibir Acción Palestina, que en julio fue calificada como “organización terrorista”, lo que ha llevado a la detención de más de 2.000 personas que han expresado su apoyo al grupo de solidaridad.
La decisión de prohibir este movimiento fue considerada “desproporcionada” por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y criticada por el Consejo de Europa. En Reino Unido también ha revivido el debate sobre los derechos y las libertades fundamentales.
Huda Ammori, cofundadora de Acción Palestina, ha recurrido la prohibición, que coloca al colectivo al mismo nivel que Al Qaeda, Hezbollah o el IRA.
En el primer día de juicio la defensa denunció que la prohibición es contraria a la “larga tradición” de defender la desobediencia civil en Reino Unido, “una tradición honorable tanto en nuestra ley como en cualquier democracia”.
Unos cuarenta partidarios del grupo se habían reunido frente al tribunal, ondeando banderas palestinas. Varios de ellos, que sostuvieron un cartel “Me opongo al genocidio. Apoyo a Acción Palestina” fueron detenidos por la policía. Desde julio varios miles de personas se han manifestado en repetidas ocasiones contra la prohibición del colectivo.
Al menos 2.300 de ellos han sido detenidos, según la asociación Defend Our Jurys que organiza las convocatorias. Hasta el 20 de noviembre, 254 personas habían sido acusadas de apoyar a una organización terrorista, según la policía. En su mayoría corren el riesgo de pasar hasta seis meses de cárcel en virtud de la ley antiterrorista.
El gobierno laborista quiere imponer una definición arbitraria y demasiado amplia de lo que es el “terrorismo”. En julio el Ministerio del Interior argumentó que Acción Palestina se había embarcado en una “campaña cada vez más intensa” que resultó en “una degradación deliberada significativa, incluida la infraestructura de seguridad nacional de Reino Unido, así como la intimidación, la supuesta violencia y lesiones graves”.
Al frente del Ministerio del Interior, Yvette Cooper dijo en julio que algunas personas que apoyan la Acción Palestina “no sabían la verdadera naturaleza de la organización”.
Un portavoz de Defend Our Juries denunció “un abuso del poder autoritario cuyo único propósito es proteger a Israel, las empresas de armamento que alimentan el genocidio y los ministros del gobierno que han sido tan vergonzosamente cómplices de este genocidio”.
Creada en 2020, Acción Palestina se presentó en su sitio web (cuyo acceso ahora está bloqueado) como un “movimiento de acción directa comprometido para poner fin al apoyo mundial al régimen genocida y de apartheid de Israel”.
Se dirigió principalmente a empresas de armamento, incluido el grupo israelí Elbit Systems. El gobierno laborista de Keir Starmer lo clasificó como “organización terrorista“ a principios de julio después de una intrusión en una base de la Fuerza Aérea Británica, cuyos daños se estimaron en casi 8 millones de euros, según una factura de la fiscalía que provoca carcajadas.
En los tribunales, el gobierno tendrá que demostrar que la prohibición de Acción Palestina no es desproporcionada con respecto al derecho a la libertad de expresión garantizado por el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
“Estamos muy preocupados porque […] si la calificación [de Acción Palestina como organización terrorista] se considera proporcionada, allanará el camino para el uso de tales medidas por parte de futuros gobiernos contra otros grupos que utilizan la acción directa”, dijo un portavoz de Amnistía Internacional.
El recurso no repercutirá sobre los juicios contra los militantes acusados de reivindicar las acciones cometidas por el colectivo antes de la prohibición. Seis de ellos están actualmente siendo juzgados por “robo agravado”, acusados de entrar en las instalaciones de Elbit Systems, cerca de Bristol, en el sur de Inglaterra en agosto del año pasado.