La Fiscalía solicita penas de cinco años y cuatro meses de prisión para dos de los acusados y de cinco años para el tercero por los delitos de grupo criminal y de daños.
Dicho grupo está constituido por numerosos usuarios informáticos de España y de otros países que, entre otras actividades, organizaban de forma concertada sabotajes de Denegación de Servicio Distribuido (denominados DDoS).
Dichos sabotajes consisten en la saturación de un entorno informático o una página web mediante peticiones simultáneas de forma que no tiene capacidad suficiente para responder, se colapsa y queda sin funcionamiento e inaccesible para los usuarios.
La fiscalía sostiene que, con motivo de las elecciones locales y autonómicas del 22 de mayo de 2011, el colectivo Anonymous preparó dos de estos sabotajes con la finalidad de entorpecer el proceso electoral.
De esta forma, y bajo el nombre de operación «Spanish Revolution», organizaron un sabotaje contra el entorno informático de la Junta Electoral Central, residente en el Congreso de los Diputados, contra la página web del sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) y contra la de la Cámara Baja.
El sabotaje afectó de forma importante al normal funcionamiento de los servicios de correo electrónico y a la página web de la Junta Electoral obstaculizando los trámites previos al proceso electoral de forma que sus buzones de correo recibieron en dos días casi 350.000 mensajes, lo que colapsó su funcionamiento.