La justificación que se daba en ese documento se sustenta en que el régimen español había nacido al amparo de la Alemania nazi y la Italia fascista, cuyos principios eran totalmente incompatibles con los de la organización mundial.
Desde entonces España nunca ha dejado de ser un Estado fascista, heredero del que se impuso después de tres años de guerra civil. Por eso en febrero de 2014 la ONU rechazó que España no investigue ni enjuicie los crímenes cometidos durante la guerra civil de 1936 a 1939 y de la posterior dictadura.
La Comisión Permanente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó por unanimidad una condena del régimen franquista español en la que instaba al gobierno, entre otras tareas, a crear una comisión de investigación sobre los crímenes fascistas.
Todas las demandas de investigación han sido desatendidas por los herederos del régimen criminal porque los responsables de los crímenes son sus propios ancestros, es decir, por la continuidad de las mismas personas al frente del mismo Estado.
El informe “Los campos de concentración y el mundo penitenciario en España durante la guerra civil y el franquismo” calcula que entre 1936 y 1943 hubo aproximadamente 150.000 víctimas mortales en actos de represalia, campos de concentración y trabajo y cárceles.
Según el historiador Javier Rodrigo, del Instituto Universitario Europeo de Florencia, en España funcionaron 104 campos de concentración por los que pasaron entre 370.000 y 400.000 detenidos. Muchos de los prisioneros fallecieron por hambre o malas condiciones de reclusión.
Los desaparecidos del franquismo, según la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas por el Franquismo, fueron 140.000 personas, entre víctimas de la Guerra Civil y de la posterior dictadura fascista.
El número de niños robados por el franquismo se estima en unos 30.000, una práctica que se prolongó hasta los años noventa y en la que participaron tanto los hospitales como la Iglesia católica.