El viernes Trump advirtió sobre las consecuencias de la sequía en el suroeste de Estados Unidos y sugirió medidas para asegurar el acceso al agua canadiense, que siempre ha sido un punto de interés estratégico para Estados Unidos, lo que ha alimentado una polémica sobre las intenciones económicas y políticas que subyacen a los intentos de anexión del país vecino.
Canadá posee cerca del 20 por cien de las reservas de agua dulce del mundo, incluyendo los Grandes Lagos (compartidos con Estados Unidos) y vastos recursos en ríos y lagos del norte. Eso lo convierte en un vecino crítico, porque estados como California, Arizona y Nevada suelen enfrentarse a crisis hídricas severas.
El año pasado el caudal del río Colorado, vital para el suroeste de Estados Unidos, alcanzó mínimos históricos, y el lago Mead estuvo al 27 por cien de su capacidad. Eso ha llevado a sugerir que el agua podría ser un factor subyacente en las declaraciones de Trump sobre Canadá, aunque él ha enfatizado más los minerales críticos y el comercio.
En febrero Justin Trudeau, que entonces era Primer Ministro de Canadá, afirmó en Toronto que Trump veía los recursos de Canadá —incluyendo agua, minerales y petróleo— como una motivación para la anexión: “Son muy conscientes de lo que tenemos y quieren beneficiarse de ello”, dijo.
Históricamente Estados Unidos ha dependido del agua de Canadá, firmando tratados como el del Río Columbia (1964) y el de los Grandes Lagos (1909, actualizado por el Acuerdo de Calidad del Agua de 1972).
La interpretación y aplicación de esos tratados han dado lugar a tensiones. En 2023 figuras como el gobernador de Nuevo México propusieron importar agua de Canadá a través de oleoductos, un proyecto rechazado por Ottawa como inviable.
Las amenazas de Trump de imponer aranceles del 25 por cien a Canadá, anunciadas en noviembre del año pasado y pausadas en febrero de este año tras las concesiones de Ottawa, y su palabrería sobre la anexión, han avivado el temor de que el agua es un objetivo económico, no necesariamente mediante un apoderamiento físico y directo, sino forzando acuerdos comerciales favorables a Estados Unidos.
Ontario impone un recargo a la exportación de energía a Estados Unidos
Desde el 10 de marzo Ontario aplica un recargo del 25 por cien a la electricidad exportada hacia Estados Unidos. En respuesta a las nuevas barreras arancelarias impuestas por Washington, la provincia canadiense opta por golpear el corazón de la dependencia energética de varios estados al sur de la frontera: Michigan, Minnesota y el estado de Nueva York, que dependen en gran medida de las importaciones de energía procedentes de Canadá.
La implementación del recargo estuvo acompañada de un discurso contundente por parte del gobierno de Doug Ford, el presidente provincial. La electricidad exportada a Estados Unidos, ahora más costosa, podría reportar varios cientos de miles de dólares diarios a las finanzas de la provincia canadiense.
El impacto del nuevo impuesto no se limita a los tres estados directamente afectados. La interconexión de las redes eléctricas norteamericanas supone que cualquier aumento de precios aplicado a un proveedor tiene repercusiones en todo el mercado. La electricidad comprada por Michigan, por ejemplo, puede ser redistribuida a otros estados, haciendo que este recargo sea perceptible a escala federal.
Canadá es uno de los principales proveedores de electricidad a Estados Unidos, con contratos de exportación de larga data. Ontario, en particular, juega un papel clave gracias a su red de producción y transmisión, bien integrada en el mercado estadounidense.
El pulso va acompañado de otras medidas similares. El gobierno de Ford ha llegado a restringir el acceso de empresas americanas a los mercados públicos de la provincia.
Otras provincias canadienses siguen de cerca la evolución del desafío y podrían verse tentadas a adoptar medidas similares. Quebec, por ejemplo, también es un exportador importante de electricidad a Estados Unidos, pero el gobierno de François Legault ha preferido por ahora actuar con cautela. Alberta, por su parte, posee una palanca económica poderosa con su petróleo, un recurso esencial para el mercado estadounidense. Si esta provincia decidiera imponer a su vez un impuesto sobre sus exportaciones de energía, las consecuencias serían mucho más graves para Estados Unidos.
Canadá se replantea la compra de cazas F-35
Mientras Trump vierte continuas amenazas contra Canadá, el nuevo primer ministro Mark Carney, que asumió el cargo el viernes, se replantea la compra de los cazas F-35, a pesar de que ya tiene un contrato firmado y ha pagado un adelanto.
Carney está considerando otras opciones, dijo ayer el Ministero de Defensa canadiense.
El gobierno de Ottawa firmó un contrato con el monopolio bélico estadounidense Lockheed Martin en 2023 para la compra de 88 cazas y ya han pagado los primeros 16 aparatos, que se espera sean entregados a principios del próximo año.
Por su parte, Portugal también estudia otras opciones, aparte del F-35, para sustituir a los F-16 estadounidenses, que actualmente equipan a su Fuerza Aérea y están llegando al final de su vida útil.
El ministro portugués de Defensa, Nuno Melo, dijo el jueves que “la reciente posición de Estados Unidos, en el contexto de la OTAN y a nivel geoestratégico internacional” debería hacerles pensar en “mejores opciones” que las estadounidenses, como los cazas Rafale franceses.