El ejército de Noruega ha comenzado a enviar miles de notificaciones digitales a propietarios de coches, barcos, maquinaria y edificios, informándoles de que sus propiedades forman parte de un listado de requisas, que podría activarse en caso de guerra, crisis o emergencia. Es consecuencia del estado de movilización permanente que padecen los europeos, que no sólo alcanza al ejército sino también a los civiles.
Si las requisas ya no son una excepción sino una práctica habitual, entonces la paz tampoco es ya la norma, sino simplemente un intervalo entre una operación militar y la siguiente.
El objetivo no son sólo las propiedades sino mantener a la población en un estado de alerta continuo, al estilo de la pandemia: sometido a la catarata de instrucciones que emite regularmente el gobierno. Registrar a miles de ciudadanos en una lista de bienes requisables es una forma de mantener la sumisión.
El anuncio de las requisas va acompañada de una encuesta, y su resultado es significativo de la docilidad que han logra: el 64 por cien de los noruegos afirma estar dispuesto a entregar su coche, barco o propiedades al ejército, si es necesario para defender al país.
No se trata de una donación voluntaria, no es una contribución simbólica, es una expropiación en toda regla. En última instancia, la propiedad privada no es un derecho, sino una concesión que puede retirarse en cuanto el Estado decida que una emergencia lo requiere. El ciudadano ya no es un individuo protegido por un régimen de derechos y garantías. Es una reserva logística; si posees un vehículo, formas parte de la cadena de suministro militar; si tienes una embarcación, puedes ser activado; si posees bienes inmuebles, pueden convertirlo en una infraestructura militar.
Este cambio se envuelve en un discurso sobre el patriotismo, el deber y la responsabilidad, que abre la puerta a la normalización de la renuncia como virtud y la deslegitimación preventiva de quien se oponga.
Si protestas eres un egoísta; si tienes dudas eres derrotista; si exiges garantías eres sospechoso. Es una vuelta a la servidumbre voluntaria. El Estado puede arrebatarte lo que posees y, en lugar de exigirle límites, debes mostrar agradecimiento. La vida civil ha quedado absorbida por la militar, por una movilización que nadie sabe cuándo va a acabar.
Europa va por una camino muy peligroso. La economía de guerra conduce a un sacrificio colectivo, como se ha visto en el caso de Ucrania. Tanto los 27 como sus altavoces mediáticos hablan de escalada, de compromisos militares cada vez mayores y participación directa o indirecta en la guerra, mientras se insta a los ciudadanos europeos a aceptarlo como inevitable, e incluso necesario.
Cuando una sociedad se ve impulsada a la movilización permanente, la consecuencia es casi automática: primero vienen las exigencias de renuncia y, finalmente, formas más o menos explícitas de coerción. Es ingenuo creer que el listado noruego de requisas, una vez presentado como una medida excepcional, no va quedarse para siempre como una “nueva normalidad”.
Todas las emergencias políticas siempre empiezan como temporales y casi invariablemente terminan convirtiéndose en habituales.
En Italia el fascismo pidió que los ciudadanos llevaran su oro “para la nación”, transformando el expolio en un ritual público y la renuncia personal en prueba de lealtad. No se trataba simplemente de una recolección de metales preciosos: era un instrumento de movilización ideológica, una liturgia colectiva que afirmaba la primacía del Estado sobre la vida material del ciudadano.
Hoy, por supuesto, ya no son necesarios los anillos de oro recogidos en plazas públicas ni la retórica de las camisas negras: basta enviar una notificación al móvil de cada uno, basta un registro, y la requisa puede convertirse en un gesto técnico, aséptico y aparentemente neutral.
