Diego Herchhoren Antes del 30 de septiembre, el Gobierno deberá tener listo para su debate el borrador de Presupuestos Generales del Estado y el llamado «techo de gasto», es decir, el objetivo de «déficit» asumible por las arcas públicas.
Serán unos presupuestos marcados por una estimación de caída del PIB de entre el 9 y el 14%. Si bien el PIB es un indicador útil para medir la acumulación de capital y por tanto no es indicador de bienestar, si lo ponemos al lado de otros parámetros (por ejemplo parámetros históricos) puede sernos útil para hacer un análisis de previsibilidad de determinados acontecimientos.
En esta línea, y para hacernos una idea de la magnitud de esta quiebra estructural que va a tener España en los próximos meses, hay que recordar que en el año 2009, año de la quiebra de millones de personas y aumento del desempleo, la pobreza y los desahucios, la caída del PIB fue del 3,6%. Repasemos: 2009, 3,6%; 2020, entre el 9% y 14%.
Siendo prácticos, estamos ante una «tragedia griega» pero agrandada, no por el género teatral, sino por su equivalencia a la quiebra del país heleno entre 2010 y 2015, de la que no se ha recuperado. La consultora Phoenix Capital Rearch, una agencia con notable experiencia en cabildeo en el mercado de deuda de EEUU, publicaba en el año 2012 un análisis premonitorio sobre España que parece haberse cumplido punto por punto:
«Expresado en términos sencillos, España es como Grecia, solo que más grande y peor. Según el Banco de Pagos Internacionales, España tiene créditos pendientes en todo el mundo por valor de más de un billón de dólares: debe a Gran Bretaña 51.000 millones, a Estados Unidos 187.000 millones, a Francia 224.000 millones y a Alemania nada menos que 244.000 millones.»
Es decir, la parasitaria economía española no resiste un vendaval de mes y medio de duración. Esto tiene que ver además con la caída de ingresos públicos padecida en los últimos trimestres, que lejos de enfermedades y pandemias, venían en caída desde hace tiempo. Y volvamos a recordar la regla de oro del capitalismo europeo (incorporada a la norma española mediante la Ley de Estabilidad Presupuestaria): gasto por encima del 3%, equivale a intervención del gobierno por parte de las autoridades monetarias de la UE.
Esto tiene una consecuencia inmediata: la caída de los ingresos públicos. Si nos damos cuenta, las medidas adoptadas por el gobierno PSOE-UP para limitar la quiebra han sido la de profundizar la economía de las finanzas y los bienes raíces; la economía real -industria, medidas anticíclicas para reanimar el consumo o destinar al consumo interno los productos afectados por las restricciones arancelarias de EEUU- no ha sido reanimada, y los subsidios estatales se han convertido en transferencias de renta con dos ejes: líneas de avales a la banca, para evitar su caída ante el previsible aumento de la morosidad, y subsidios del hambre -mal llamados «renta básica»- para las capas más bajas, con evidentes tintes de política de seguridad nacional de cara a evitar posibles revueltas.
Si España solicita el rescate, la conclusión inevitable es la fractura de la Unión Europea y su reducción a un pequeño club selecto de países industrializados, ya que la incapacidad de la economía nacional de hacer frente a los pagos de los bonos de deuda soberana será una caída del mercado de deuda por falta de confianza. Una recomendación para las clases medias y para quien dependa de los ingresos públicos: retiren su dinero del banco y garanticen sus sueldos de inmediato. España no puede ya asegurar que pueda hacer frente en el corto plazo ni sus salarios públicos (funcionariado y jubilaciones) ni sus depósitos bancarios.
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