La Audiencia de Tarragona ha resuelto que hay que agotar todas las líneas de investigación posibles para aclarar la incidencia que tiene la contaminación del polígono petroquímico en la calidad del semen de los tarraconenses. De esa manera tumba el archivo de las diligencias que ordenó un juzgado de instrucción ahora hace un año e insta a mantener el expediente judicial abierto para identificar el origen del foco contaminante.
La resolución de la Audiencia ataca el veredicto del Juzgado Instructor 1 de Tarragona y critica que sentenciara el final precipitado de la investigación alegando que el caso presentaba un problema evidente de causalidad.
El juzgado decía que los índices de contaminación que pesan sobre el complejo petroquímico pueden contribuir a alterar el esperma de los vecinos del entorno pero añadía que era demasiado difícil averiguar cual de las casi 200 empresas químicas que habían identificado los investigadores del Servicio de Protección de la Natura (Seprona) de la Guardia Civil tenía la culpa de las emisiones contaminantes. Además, el juzgado se aferraba a un informe forense que identificaba la mala calidad del semen con otras múltiples causas, como por ejemplo vestir pantalones estrechos o abusar del tabaco y el alcohol.
La Audiencia, sin embargo, ha revisado el archivo decretado por el juzgado y ordena seguir tirando todos los cabos que sea posible. Ha sido la Fiscalía quien ha elevado el asunto a la Audiencia alegando que, antes de archivar, al menos se debe requerir a Medio Ambiente de la Generalitat que desglose qué empresas del polígono emiten una mayor cantidad de disruptores endocrinos.
El polígono industrial de Tarragona está catalogado como el principal polo petroquímico del sur de Europa y alberga las fábricas de algunas de las principales multinacionales del sector. Un informe del Institut Marqués, clínica especialista en ginecología y tratamientos de fertilidad, desveló la tesis que el alto volumen de emisiones contaminantes incide directamente en la mala calidad del semen de los varones de Tarragona.
La teoría se amparaba en un estudio que revelaba que el 53 por ciento de las muestras de esperma analizadas en Tarragona no cumplían con los parámetros de normalidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En septiembre del 2010 el colectivo ecologista L’Escurçó decidió acudir a los tribunales e interpuso denuncia por un presunto delito contra el medio ambiente.
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