España, junto con Portugal, Alemania, Francia, Croacia, Chipre, Grecia, Hungría, Italia, Lituania, Malta, Polonia y Croacia son los trece países de la UE donde los expertos nacionales han percibido que se producen “más frecuentemente” casos de explotación laboral grave, según el informe ‘Explotación laboral severa en la UE’ de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales que publicó el martes.
El informe denuncia que la explotación laboral grave “está generalizada en la UE” en sectores como el agrícola, construcción, hotelero y servicios de catering y trabajo doméstico fundamentalmente, y que el problema y sus efectos adversos sobre nacionales de terceros países y ciudadanos de la UE han recibido escasa atención.
En el caso de España, los principales sectores económicos donde predomina la explotación laboral son el sector agrícola, forestal y de pesca, el hotelero y actividades de servicios alimentarios y el trabajo doméstico, según el informe, que cita el caso concreto de una mujer ecuatoriana empleada del hogar en España que cuidaba de una persona mayor obligada a “turnos excesivos” pero sin cobrar un salario “acorde” y que acudió a una ONG para recibir ayuda, pero no denunció su caso ante la justicia.
Uno de cada cinco expertos nacionales -inspectores laborales, jueces, fiscales, policías o personal de apoyo a las víctimas- han reconocido a la agencia europea que ven “dos o más casos a la semana” de explotación laboral grave, ha explicado en rueda de prensa el responsable del informe, el doctor Albin Deaing. “Esto es la base que nos lleva a decir que (el problema) es endémico”, ha precisado.
Aunque no cuentan con el número total de personas que son objeto de explotación laboral severa ni el porcentaje de la fuerza laboral que representan, el experto ha dejado claro que el problema afecta a “nacionales de terceros países que se trasladan a la UE y la inmigración intraeuropea”.
“Ambos son muy importantes y no estaría en posición de decir cuál está en mayor riesgo”, ha recalcado, si bien ha admitido que los inmigrantes de terceros países son objeto de “las formas más severas de explotación, que llevan a la servidumbre o esclavitud” y ha precisado que la mayor o menor explotación se dará en función de “diferencias de ingresos y costes de vida”.
“Muchos de los trabajadores están riesgo de ser explotados en los países donde la situación del trabajo es más atractiva y el nivel de ingresos es más atractivo”, ha explicado. No obstante, la explotación también afecta a los países afectados por la crisis económica. Así, los expertos nacionales han admitido a la agencia europea “la relación entre la explotación laboral grave y la crisis económica” en Portugal y Grecia y los expertos nacionales de Portugal han reconocido en particular que “la explotación laboral, así como situaciones que implican esclavitud parecen estar al alza en Portugal y en España”.
La forma de explotación más común de trabajadores que se trasladan a otro Estado miembro o a la UE es la explotación de trabajadores de otros países, lo que implica situaciones como trabajar sin recibir el suelo correspondiente o muy por debajo del salario mínimo, el retorno de parte de la remuneración al propio empresario, la ausencia de pagos a la Seguridad Social, trabajar jornadas excesivamente largas durante seis e incluso los siete días de la semana, trabajo sin contrato o bajo continuas amenazas de deportación y condiciones de hacinamiento y la retención del pasaporte, entre otros.
La legislación entre los diferentes países es muy diferente, hasta el punto que en algunos países la explotación laboral severa no se considera un delito criminal y en otros sólo se persigue por ejemplo en el caso de que una persona esté en situación irregular en el país o sólo se protege a los nacionales de terceros países, pero no a los de otros países de la UE y ello dificultad enormemente la cooperación entre países. Los únicos países que garantizan el mismo nivel de protección frente a la explotación laboral de otros nacionales de la UE como de terceros países son Bélgica, Alemania, Francia y Países Bajos.
Por lo que se refiere a la explotación de inmigrantes, su situación de irregularidad constituye un importante factor de riesgo en España, junto con Eslovaquia, Austria, Bulgaria, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Malta, Países Bajos y Polonia, según datos del informe. Los expertos de la agencia también ven problemático el prejuicio contra los trabajadores que se muda a la UE o a otro Estado miembro porque “puede llevar a la tolerancia a su explotación por parte del público”.
En España, por ejemplo, se ve a la sociedad como “cómplice” en el fracaso a la hora de actuar contra la explotación laboral grave por los beneficios de explotar a los inmigrantes.
“No hay una condena social. No se frunce el ceño cuando un empresario tiene muchos inmigrantes irregulares que trabajan para él y les explota (…) No se condena que los inmigrante vivan en condiciones inhumanas”, ha reconocido un representante de un sindicato en España, citado por el informe. El documento también señala un problema de “impunidad” y la falta de condenas, frecuentemente centradas además en castigar el tráfico humano y no tanto la explotación laboral en sí, así como la falta de compensación a las víctimas, según critica el informe. El texto cita el caso de un agente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español que admitió las dificultades a la hora de atajar redes criminales internacionales responsables de explotar a un gran número de trabajadores extranjeros al reconocer que “el sistema judicial no está preparado para asumir estos casos enormes”, vinculados al crimen organizado.
El informe reconoce que las multas a las empresas que explotan a trabajadores extranjeros son demasiado bajas, incluido en países como Reino Unido, Austria, Bélgica, República Checa y Lituania. Y reconoce que la dificultad en identificar a los responsables también puede plantear problemas para acudir a la justicia y cita los casos de España, Italia e Irlanda, donde las empresas cierran y reabren bajo distintos nombres o se declaran en quiebra para evitar pagar salarios o compensación y ello dificulta perseguirles. Además en la mayoría de países “raramente” se admite la explotación laboral infantil y se vincula a la mendicidad, como es el caso de Austria, Republica Checa, Grecia, Países Bajos, Polonia y Eslovaquia.
Uno de los mayores desafíos detectados por la agencia europea es lograr cumplir la obligación de los Estados miembro de garantizar que todas las víctimas cuentan con apoyo, según contempla la Directiva sobre Víctimas.
Sólo 19 países garantizan apoyo a las víctimas con independencia de su nacionalidad, país de origen o estatus legal mientras que en dos terceros de los países, incluido en España, los expertos constatan a partir de entrevistas que el servicio de apoyo a las víctimas es inexistente o ineficaz, dado que muchos de los servicios se limitan a víctimas de tráfico. La agencia europea valora la existencia de unidades policiales especializadas encargadas de vigilar la explotación laboral al margen de las autoridades de inspección, como la Unidad Central en Cataluña y en el seno de la Guardia Civil, así como en el caso de Bélgica.