La retirada de Rusia del tratado Start III de reducción de armas nucleares ha desatado una catarata de comentarios de los más variados colores entre políticos, redactores y comentaristas.
La síntesis de esas declaraciones redundan en la petición de que Rusia debe respetar el tratado, incluido el acceso de los inspectores estadounidenses a los emplazamientos nucleares rusos.
Por lo tanto, es necesario un recordatorio previo: la URSS realizó su última prueba nuclear en 1990 y Rusia nunca ha probado armas nucleares. Firmó el tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBT) en 1996 y lo ratificó en 2000. Estados Unidos lo ha firmado pero nunca lo ha ratificado, aunque hasta la fecha ha respetado la moratoria sobre pruebas nucleares.
En consecuencia, ese tipo de peticiones y buenas intenciones son unilaterales. Podían haberse dirigido también a Estados Unidos para que ratificara el tratado. En román paladino se llama “predicar con el ejemplo”.
Hay una segunda aclaración que hacer: Rusia no está autorizada a realizar inspecciones en territorio estadounidense en virtud del tratado.
Finalmente, una tercera: cuando recientemente un globo chino intentó realizar -por su cuenta- una inspección en las instalaciones de misiles estratégicos del Pentágono, fue derribado sin ningún tipo de contemplaciones.
Resulta tragicómico pretender -en plena guerra- inspeccionar las instaciones militares del adversario, mientras esconden las propias.
Los problemas no son de ahora. El 8 de agosto del año pasado Rusia anunció la suspensión de las inspecciones de sus instalaciones, acusando a Estados Unidos de intentar reanudar las verificaciones in situ sin contar con la aprobación de Rusia.
Estados Unidos insistió en que el brote de coronavirus, por el que se suspendieron las inspecciones durante más de un año de mutuo acuerdo, ya había finalizado y que, por tanto, tenía derecho a acudir a realizar una inspección. Moscú replicó que el brote seguía activo y que los inspectores rusos no podían viajar a Estados Unidos debido a las restricciones logísticas, bancarias y de visados que pesan sobre Rusia.
El tratado prevé que cada parte restrinja sus armas estratégicas ofensivas de modo que su suma no supere las 700 unidades para misiles balísticos intercontinentales (ICBM) desplegados, misiles balísticos submarinos (SSBM) y bombarderos pesados; 1.550 unidades de ojivas para ellos; 800 unidades para sistemas vectores desplegados y no desplegados de ICBM y SSBM, así como bombarderos pesados.
También prevé la notificación previa de los lanzamientos de misiles balísticos que entren en el ámbito de aplicación del tratado, pero eso también está en consonancia con los compromisos de las partes en virtud del Acuerdo de Notificación de Lanzamientos de ICBM y SSBM de 1988.
Tras el discurso de Putin, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso difundió una declaración sobre el tratado en la que se comprometía a “respetar, mientras dure el tratado, las restricciones cualitativas en materia de armas estratégicas ofensivas”.
La declaración del Ministerio esboza las condiciones bajo las cuales Moscú podría revisar su decisión sobre tratado. “Para que eso ocurra, Washington debe demostrar voluntad política, emprender esfuerzos de buena fe para la desescalada general y la creación de condiciones para restaurar el pleno funcionamiento del tratado y, por tanto, la garantía general de su viabilidad”. Mientras Washington no cumpla estos requisitos, cualquier movimiento de Moscú en dirección a Washington en el contexto del tratado queda “absolutamente excluido”.