De vez en cuando alguna empresa no paga. Es lo que ocurrió con Cables y Contratas SL, que utilizaba a los presos de Zuera (Zaragoza) en tareas de carpintería y manufacturas y, a pesar del bajo coste, su titular, Florencio Sebastián Pardillos, presentó concurso de acreedores; o de Aluminios Fedi, de los promotores y mercaderes Miguel Ángel Llorente Alonso y Javier Eduardo Ortiz Olaiz, que encargaban a los reclusos de Burgos la confección de puertas y ventanas. A las empresas les interesan los talleres penitenciarios porque les reportan un gran ahorro salarial y social.
“El pago a los internos trabajadores”, dice el ministro Zoido, un juez al fin y al cabo, acostumbrado a mandar gente a la cárcel, “se realiza ingresando su salario en la cuenta particular de su peculio. Se les ingresa el día 15 de cada mes, y como el ente estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (TPFE) es quién realiza el pago de las nóminas, siempre está garantizado. Actualmente no hay ninguna empresa morosa, si bien en casos puntuales, alguna empresa se ha retrasado en el pago de la facturación en el plazo acordado. Únicamente ha habido dos rescisiones de contrato por morosidad y han sido a las ya mencionadas Cables y Contratas SL y Aluminios Fedi”.
Aunque el TPFE que preside el secretario general de prisiones Ángel Yuste y gestiona José Suárez Tascón (dos históricos del PP en la materia) mete en el mismo saco a los que trabajan para el organismo propiamente dicho y los que producen para las 133 empresas externas que se han acogido a los convenios-marco de Trabajos Penitenciarios con la patronal, fuentes sindicales estiman que unos 3.500 presos trabajan en los talleres industriales de las cárceles para las empresas privadas. Esto significa que más de una cuarta parte de los 12.404 reclusos (dato de 2015) que realizan actividades productivas, con jornadas de tres a cinco horas como máximo, reportan beneficios a terceros.
Trabajos Penitenciarios paga a los presos entre 2,61 y 3,77 euros la hora, según la actividad de que se trate. Así, los que realizan tareas auxiliares cobran 2,61, mientras los de manipulados simples, confección industrial, madera, electricidad, cerámica, artes gráficas, cocina, panadería y agro reciben 3,66 euros, y los de manipulados complejos, mantenimiento, metálica, servicios y confección industrial compleja perciben once céntimos más: 3,77 euros la hora. De este modo, un “operario base” (argot administrativo) que trabaje tres horas al día ingresa entre 235 y 339 euros por treinta días de trabajo, mientras que el que pueda trabajar cinco horas diarias tiene una nómina de 391,5 a 565,5 euros al mes.
Con excepción de las retribuciones de los empleados en los economatos y en los servicios auxiliares de las prisiones, que han subido 2 céntimos de euro la hora en 2016, pasando de 2,59 a 2,61 euros, las demás tarifas laborales se mantienen congeladas desde 2012. Si se toma como referencia el salario mínimo interprofesional (707 euros netos mensuales), la tarifa mínima por hora de trabajo tendría que ser de tres euros. Las retribuciones de una gran parte de estos trabajadores privados de libertad pueden ser calificadas, pues, de injustas y abusivas. En contraste con este trato, el gerente de Trabajos Penitenciarios, Suárez Tascón se ufana del crecimiento de los ingresos: “Nos encontramos ante unos niveles de ventas por encima del inicio de este ciclo de cuatro años, habiendo obtenido en 2015 un total neto por ventas y prestación de servicios de más de 156 millones de euros, frente a los 150 millones de 2014, cifras que indican un alto nivel de productividad en la gestión de los empleados”.
Los gastos en “salarios y asimilados” (argot burocrático) fueron 54,5 millones, a los que se añaden 7,8 en cargas sociales y que la gestión ordinaria y los suministros y servicios prestados por empresas del exterior para el normal funcionamiento de los talleres y la formación representó un gasto de 8,3 millones de euros anuales. En las nóminas del personal se incluyen 297 funcionarios y 36 contratados laborales que prestan servicio en TPFE. El gerente cobró oficialmente 77.000 euros brutos el año pasado.
El Ministerio del Interior se ha opuesto a facilitar la lista de empresas que emplean presos, por considerarlo “perjudicial” para los intereses económicos y comerciales del departamento, pero tuvo que facilitar la relación por decisión del Consejo de Transparencia. El gobierno del PP sigue negando, en cambio, los ingresos procedentes de esas empresas a las que facilita la mano de obra y otros servicios para que desarrollen su producción en los talleres penitenciarios. Al tratarse de una situación al margen del Estatuto de los Trabajadores y de los convenios colectivos, los trabajadores presos se ven privados de los derechos constitucionales básicos y laborales mínimos como son la afiliación sindical y las vacaciones anuales retribuidas.
Probablemente al gobierno del PP le resulte paradójico el derecho a vacaciones en prisión, donde residen algunos correligionarios incursos en delitos de corrupción, pero las leyes deberían prevalecer sobre la alegalidad. Luego ya, en el terreno de la paradoja cabe incluir el hecho de que los presos quienes confeccionen los uniformes de los funcionarios encargados de vigilarles. Para CCOO no hay duda de que las empresas privadas se están beneficiando de las instalaciones del organismo público y de una mano de obra en unas condiciones “casi esclavistas”. Además, el sindicato denuncia las “prácticas inaceptables, de competencia desleal y dumping social” por parte de empresas a las que se facilita la producción en las cárceles mientras reducen sus plantillas laborales.
Esta situación se produce en el país con mayor número de presos de toda Europa por cada cien mil habitantes y en el que gran parte de los 51.743 reclusos existentes (13.805 menos que en 2009) se muestran dispuestos a trabajar a cambio del salario mínimo interprofesional.