La guerra civil que hoy desgarra a Sudán no es solo un choque entre generales rivales. Más bien, es la consecuencia directa y trágica del saqueo de los recursos bajo el suelo del país en beneficio de potencias extranjeras. Sólo el fin de la injerencia externa y la movilización del pueblo sudanés para forzar la creación de un gobierno civil sin participación militar pueden poner fin al horror.
La guerra ya ha desplazado a 13 millones de personas: 8,6 millones de desplazados internos y más de 4 millones que se han convertido en refugiados en el extranjero. Cerca de 150.000 personas han perdido la vida. Las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) han cometido terribles atrocidades, particularmente en El Fasher, que ahora está en manos de paramilitares después de un asedio de dieciocho meses. La caída de esta ciudad estratégica, que había acogido a 260.000 refugiados, estuvo acompañada de hambre desenfrenada y numerosas atrocidades, incluídas ejecuciones sumarias, violencia sexual, ataques contra civiles que huían y ejecuciones de hombres desarmados.
Durante décadas los apetitos del imperialismo han desestabilizado seriamente la sociedad sudanesa. El país, de gran importancia estratégica debido a su larga costa a lo largo del Mar Rojo, su tamaño total (dándole siete fronteras con otros países africanos) y su riqueza mineral (minas de uranio y oro, recursos del Nilo) ha sido constantemente atacado.
Si bien el período de 1993 a 2020 vio a Sudán aparecer en la lista de patrocinadores estatales del terrorismo de Washington, esta clasificación también sirvió como palanca para presionar al estado sudanés en el contexto de la guerra civil. Finalmente aquello condujo a la secesión de Sudán del Sur en 2010.
La revolución traicionada de 2019
En abril de 2019 un levantamiento popular masivo derrocó al dictador Omar Al Bashir. La revuelta estuvo encabezada por comités revolucionarios de vecinos y fuerzas civiles, apoyadas por una red de médicos y abogados.
Sin embargo, el régimen de Bashir fue apoyado por una élite militar que se benefició del saqueo de la riqueza nacional por parte de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Egipto, utilizando canales ilegales para el contrabando de oro y otros recursos del país.
Después de la caída de Bashir, Occidente apoyó un gobierno de transición. Las Fuerzas de Libertad y Cambio (FFC) acordaron formar un nuevo gobierno en agosto de 2019 con participación militar. El movimiento popular, a pesar de su fuerza, se encontró marginado: el poder real permaneció en manos del ejército, que controlaba la economía y las finanzas públicas. El Partido Comunista Sudanés fue miembro fundador de la FFC, pero se negó a participar en el gobierno mientras los militares estuvieran involucrados.
En 2020 Trump hizo que la eliminación de Sudán de la lista de patrocinadores estatales del terrorismo condicionara al general Burhan a pagar 335 millones de dólares a las víctimas del terrorismo, garantizando así el apoyo de Estados Unidos e Israel a la junta militar.
La transición fue definitivamente saboteada en octubre de 2021, cuando los militares concentraron todo el poder en un golpe orquestado por Abdel Fattah Al Burhan, jefe del ejército, derrocando al primer ministro civil Abdallah Hamdok. El Golpe de Estado arrojó la Carta Constitucional de Transición, hundiendo a la nación en una guerra prolongada y catastrófica.
Una guerra de intermediarios
En abril de 2023 estalló la guerra entre dos ejércitos: el regular, dirigido por Burhan, que es presidente del consejo de transición, y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) comandadas por Mohamed Hamdan Daglo (Hemedti), quien es vicepresidente del mismo consejo de transición. Ambos ejércitos son subproductos de la dictadura de Bashir: las RSF son los antiguos Janjawid, las milicias que causaron estragos en Darfur, a quienes Bashir y Burhan transformaron en una fuerza paramilitar en 2013.
Hoy la guerra ya no es un simple asunto local, sino una guerra por poderes entre diferentes potencias extranjeras que codician las riquezas de Sudán. El país se ha convertido en el campo de batalla para dos petromonarquías, con Emiratos Árabes Unidos (EAU) apoyando a las RSF y Arabia Saudí aliado del ejército regular. La industria del oro de Sudán es la fuerza que impulsa la guerra. Casi todo el comercio pasa por Emiratos Árabes Unidos antes de enriquecer a los beligerantes.
El “Quad” (Estados Unidos, Arabia Saudí, Egipto y Emiratos Árabes Unidos) ha iniciado negociaciones para un acuerdo. Pero “cualquier acuerdo negociado bajo estas condiciones solo reproducirá la crisis, como la historia ha demostrado repetidamente en Sudán y en otros lugares”, insiste el Partido Comunista Sudanés. Los intentos actuales de llegar a un acuerdo amenazan con dividir al país una vez más entre el ejército y las RSF.
Intensificación de la injerencia extranjera
Estados Unidos e Israel están tratando de controlar el norte del país a través de los dirigentes del ejército. Israel considera la región como un posible lugar para el reasentamiento forzado de los palestinos. El Partido Comunista Sudanés advierte contra esta política, considerándola como “parte del proyecto ‘Gran Oriente Medio’, con la pretensión de desmantelar las unidades nacionales de la región para facilitar la expropiación imperialista”. Eso ha tomado la forma de “la liquidación sistemática de la causa palestina, el genocidio y el desplazamiento forzado del pueblo palestino, [y] el intento de borrar la revolución sudanesa”.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha pedido el fin del apoyo militar extranjero, subrayando que “el problema radica no solo en los combates […] sino también en la creciente injerencia externa”.
Armas europeas para la guerra
Amnistía Internacional ha revelado que las partes en conflicto están recibiendo armas de fabricación francesa montadas en vehículos blindados de Emiratos Árabes Unidos utilizados por las RSF, lo que constituye una “clara violación del embargo de armas de la ONU” contra Darfur.
Según la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnes Callamard, “todos los países deben dejar de suministrar inmediatamente armas y municiones, directa o indirectamente, a las partes en el conflicto de Sudán”, y “deben respetar y hacer cumplir el embargo de armas a Darfur […] para que más civiles no pierdan la vida”. Las armas de fabricación británica también han sido suministradas por Emiratos Árabes Unidos a las RSF, a pesar de las normas que prohíben las exportaciones si existe un claro riesgo de que se desvíen hacia las áreas embargadas o se utilicen para cometer atrocidades.
Movilización de la población
Ante este desmembramiento orquestado del país, la resistencia civil sudanesa está pidiendo la movilización popular para detener la guerra. Para el Partido Comunista Sudanés, “lo que se necesita ahora es construir el frente nacional popular más amplio posible, sin concesiones en su demanda de un cese inmediato de las hostilidades, un renacimiento de la dinámica revolucionaria y la preservación de la unidad de Sudán”. El derrocamiento de los dos regímenes ilegítimos es imperativo, y requiere la retirada completa del ejército, las RSF y todas las milicias.
Hay que poner fin a la injerencia extranjera y denunciar cualquier apoyo a un acuerdo que mantenga el control de los militares sobre el país. Ambos ejércitos deben regresar a sus cuarteles, y los crímenes de guerra cometidos por ambas partes deben ser llevados ante los tribunales. El movimiento popular exige que se preserve la unidad y la soberanía del país y que se devuelva el poder, en su totalidad, a un gobierno civil.
Lo que está en juego se extiende mucho más allá de las fronteras de Sudán. Como señala el Partido Comunista, la lógica del desmembramiento imperialista del país amenaza “no solo la paz sino la soberanía de Sudán y el futuro del continente africano”.
—https://socialistproject.ca/2025/12/sudan-how-imperialism-fuels-war-and-mass-violence/