Las jornaleras marroquíes enviadas a España han conocido un calvario. Su llegada se llevó a cabo en el marco del programa de emigración acordado en 2007 entre los gobiernos de ambos países para enviar mano de obra estacional de bajo coste a trabajar en explotaciones agrícolas de fresas. España es el mayor productor de fresas de Europa.
Para este año, el programa prevé el envío, en tres oleadas, entre enero y marzo, de 15.000 trabajadoras a Andalucía, concretamente a Huelva, donde se concentran los cultivos de fresas.
Este programa, que pretende reducir la población rural marroquí, esconde en realidad una industria de explotación de mujeres en redes de prostitución y diversas formas de trata de seres humanos. Las “feministas” españolas no han exigido el “sí es sí” para ellas. El otro silencio llamativo es el del gobierno de Marruecos, que tampoco ha protestado.
El fenómeno no es nuevo y se remonta a 2018, cuando una decena de jornaleras marroquíes denunciaron el acoso laboral y sexual durante la recogida de la fresa en Andalucía. El caso arrojó luz sobre las deplorables condiciones de trabajo de 16.000 mujeres llegadas de Marruecos. El 17 de junio un millar de trabajadoras se manifestaron en Huelva (Andalucía) contra el maltrato que reciben las jornaleras marroquíes contratadas para recoger fresas en España.
Estas denuncias que se difundieron en España, no provocaron ninguna reacción del gobierno marroquí, que no ha denunciado el acuerdo de emigración concluido con España en 2007 ni ha exigido el respeto de los derechos de estas trabajadoras, procedentes en su mayoría de zonas rurales.
El asunto adquirió incluso una dimensión europea en abril, tras la publicación de una investigación por el sitio web alemán Correctiv, donde una trabajadora marroquí daba testimonio de los abusos sexuales que había sufrido a manos de un capataz español durante la recolección en 2017. Otra dice que su jefe era “cruel y despiadado”.
Las jornaleras trabajan diez horas al día, sin poder beber agua ni tomarse un descanso para comer. Sus jefes también les insultan. Ocho mujeres marroquíes y cuatro españolas, que recogían fruta en tres fincas distintas, denunciaron el acoso laboral y sexual, así como violación o intento de violación, según la fiscalía de Huelva. Otras mujeres tienen demasiado miedo para presentar una denuncia, o ya han regresado a Marruecos.
El gobierno marroquí ha utilizado este acuerdo como medio para enriquecerse y guarda silencio de los crímenes cometidos contra las trabajadoras. Por el momento, varios capataces ya han sido inculpados por “abusos sexuales”, según informó la fiscalía sin especificar su número.
El acuerdo de 2007 no concede ningún derecho a las jornaleras, que siguen siendo presa de redes mafiosas, que tienen sus ramificaciones en ambos lados del Estrecho de Gibraltar.