Patricia Poleo, una conocida periodista de la oposición venezolana, difundió copias del contrato en su cuenta de Twitter: “Aquí se demuestra que sí existía un contrato firmado por Juan Guaido, J.J. Rendon y Sergio Vergara con un contratista para salir militarmente de Maduro. Juan Guaido no cumplió”, dice la periodista en su mensaje.
En el documento, Guaidó se compromete a pagar más de 212 millones de dólares a la empresa de Goudreaou y “todo el dinero será respaldado en barriles de petróleo” venezolano.
El pasado 26 de marzo, el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, denunció que el arsenal de armas de incautado, en la vía Ciénaga-Barranquilla, que pretendía ser entregado a grupos paramilitares en la frontera colombo-venezolana, específicamente en el estado Zulia para ejecutar asesinatos selectivos contra funcionarios del gobierno venezolano, fue comprado por el diputado de derecha Juan Guaidó.
Rodríguez mostró declaraciones a la emisora colombiana W Radio, en las que el militar desertor Clíver Álcalá Cordones aseguró que posee el contrato de compra de armas con dinero del Estado venezolano, que se presume fue el obtenido producto del robo en empresas de la nación suramericana.
El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, mostró las confesiones de mercenarios de Estados Unidos y prófugos venezolanos que se atribuyen la dirección de la incursión armada del domingo, la que involucra al gobierno colombiano de Iván Duque.
La incursión la llevaron a cabo en la costa del estado La Guaira, con mercenarios fuertemente armados que fueron abatidos unos y capturados otros. Entre los fallecidos se encuentra Robert Colina, alias “Pantera”, vinculado al narcotraficante Clíver Alcalá Cordones, prófugo que se encuentra en Estados Unidos protegido por la DEA, tras de haber confesado en Colombia que había adquirido armas incautadas en el vecino país, por órdenes de Juan Guaidó con el propósito de perpetrar acciones terroristas.
Alcalá soltó la información de grupos mercenarios con apoyo de funcionarios de la DEA y complicidad del gobierno de Iván Duque, quien nunca se pronunció ante las pruebas mostradas por Venezuela sobre los campamentos ubicados en Ríohacha, al norte de Colombia.
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