El gobierno prepara una privatización encubierta del sistema de pensiones incorporando el «modelo británico»

El sistema de pensiones de empleo en el Reino Unido, reformado por el conservador David Cameron, se basa en un modelo de inscripción automática que, desde su implantación en 2012, ha reducido la caja de la Seguridad Social, pasando a ser las empresas empleadoras las administradoras de los fondos. El sistema público queda así reducido a un modelo residual al que quedan relegados los pobres

El modelo de los conservadores británicos

La reforma de las pensiones que el gobierno del PSOE y Podemos está elaborando, conforma una transformación radical del sistema, donde el epicentro está en quién administra los fondos que mes a mes la clase trabajadora aporta en sus nóminas.

Una golosa caja y una grave reforma que supuestamente viene a paliar el déficit estructural de la Seguridad Social (en torno a 18.000 millones de euros), así como la «sostenibilidad» del sistema a largo plazo. El proyecto de reforma que evalúa el gobierno es, ni más ni menos, que entregar a las empresas la parte más importante de la caja de las pensiones.

En este contexto, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha anunciado que tiene la intención de impulsar los llamados «planes de pensiones de empleo (también llamado de empresas)» para fomentar el ahorro a largo plazo, basándose en el modelo británico.

Banca y aseguradoras, administrando los fondos

¿En qué consiste?. Desde 2012 las empresas británicas tienen que inscribir automáticamente a los trabajadores (siempre que cumplan ciertas condiciones: salario mayor de 10.000 libras, edad superior a 22 años…) en un plan de pensiones de empresa, aunque los trabajadores pueden salir vo­­luntariamente en el plazo de un mes. Se trata de una caja de jubilaciones que administra la propia empresa, o empresas gestoras autorizadas (lo más habitual) que provienen del sector financiero y de seguros.

Asimismo, se requieren aportaciones mínimas anuales del 8% del salario del trabajador (antes de abril de 2019, era un 5% y, desde 2012, se ha ido aumentando progresiva­ mente hasta llegar al 8%) repartidas de la siguiente forma: una contribución del 3% por parte de la empresa 3 y una contribución del 5% por parte del empleado (aunque en general su contribución ya de entrada es del 4% gracias a una deducción fiscal del impuesto de la renta).

Las rentas bajas quedan fuera de la reforma

Según los informes que maneja el gobierno, proporcionados por Caixabank Research, el think tank de Caixabank, su incorporación al sistema español se definiría como un «complemento» la introducción de al sistema público de pensiones ante la previsible caída de la tasa de reem­plazo –la ratio entre la pensión media y el salario medio–, que según el promedio de la OCDE es del 40%, pero lo cierto es que una reforma de este tipo supondrá en la práctica una descapitalización del sistema público en favor del privado.

Las conversaciones entre el gobierno y la CEOE, de cara a esta reforma, se centran en un diseño de la misma que no aumente el coste laboral para las empresas, y para que sea lo suficientemente «atractivo» para los trabajadores.

La solución que parece entreverse es que las empresas podrán deducirse fiscalmente la gestión de estos fondos, y sobre todo, y que las personas que no superen los umbrales de rentas serán «acogidos» mediante una cobertura residual pública para rentas bajas, ya que en el Reino Unido, por ejemplo, una laguna es que hay más de 8 millones de tra­bajadores que no son «elegibles» para estos planes, entre ellos las personas que cobran menos de 10.000 libras al año y los autónomos.