El gobierno de PSOE-Podemos da el primer capote a los fondos buitre recurriendo la Ley 511 Navarra

El primer Consejo de Ministros del gobierno de coalición ha tomado la decisión de recurrir la reforma del Fuero Nuevo de Navarra que, en abril de 2019, había sido modificado incluyendo una norma de transparencia respecto a las cesiones de créditos entre bancos y fondos especuladores de deuda privada.

De acuerdo a la nota difundida por el Consejo de Ministros, el Gobierno presidido por Pedro Sánchez considera que ciertos aspectos de la ley navarra invaden competencias que la Constitución define como exclusivas del Estado.

Según la reforma navarra, aquellas entidades financieras que quieran deshacerse de créditos morosos en favor de fondos buitre, debían notificar de manera fehaciente al deudor la venta, el precio de la misma y otorgarle el derecho a cancelarla por el precio que el fondo pagó. Esto no deja de ser una profundización de un derecho que ya venía establecido parcialmente en el art. 1535 del Código Civil, pero que la ley navarra ampliaba otorgando más garantías a los consumidores frente a los especuladores.

Esta regulación, similar a la promulgada en Cataluña mediante la Ley 24/2015, era un golpe a uno de los negocios más florecientes del mercado de deuda, que ha visto su oportunidad en las exigencias que el Banco Central Europeo ha hecho sobre la banca española de deshacerse de créditos dudosos.

En el mercado de deuda morosa, los precios de adquisición de créditos impagados son, en el caso de créditos personales, en torno a un 3 ó un 5% del valor nominal, y en el caso de créditos garantizados con hipoteca, de entre un 15 a un 20%, lo que, en aplicación de la norma recurrida, supondría una reducción drástica del endeudamiento de las familias afectadas que, por ahora, va a tener que esperar.

El desembarco de estos fondos ha supuesto que, según Leilani Farha, relatora especial de Naciones Unidas para la defensa del derecho a una vivienda digna, y Surya Deva, presidenta del Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos, España sea el sexto país del mundo más esquilmado por estas prácticas.

El argumento de la supuesta «invasión» de competencias estatales formulado por el gobierno PSOE-Podemos es sin duda sorprendente a estas alturas, ya que en el caso de la Ley 24/2015 del Parlament de Catalunya, que tenía una disposición similar, el recurso de inconstitucionalidad formulado en su día por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, fue retirado en noviembre de 2018, tras la moción de censura.

Los plazos que maneja este recurso de inconstitucionalidad, junto a la suspensión de la norma, son sin duda una muy buena noticia para los fondos buitre que operan en España.