Se acaba la política y empieza la guerra. En contra de la retórica oficial, la Directiva 37 no considera a las unidades disidentes de las FARC como “delincuentes comunes” sino como “una amenaza para la seguridad nacional”.
El ejército y las fuerzas de seguridad solo están autorizados a utilizar fuerzas letales contra un número limitado de columnas armadas, a las que califica como GOA (grupos armados organizados). Con la excepción del ELN, el ejército califica de esa manera a las unidades formadas durante otros procesos de negociación con movimientos guerrilleros, como el EPL, que se desmovilizó en 1991.
Las unidades guerrilleras más pequeñas se consideran como “organizaciones delictivas comunes” que son el blanco de la Policía Nacional, no de los militares.
Tras un proceso de negociación con las FARC, el gobierno ha identificado más de una docena de facciones disidentes formadas por entre 500 y 1.000 miembros de las FARC que continúan la lucha. Si bien la mayoría de estas unidades son pequeñas, la más grande tiene aproximadamente 350 combatientes.
La directiva brinda el respaldo legal necesario para que el ejército pueda usar incluso las “operaciones beta”, es decir, bombardeos aéreos para evitar una nueva expansión de la organización guerrillera, ha dicho a El Tiempo un oficial del ejército.
Las unidades disidentes de las FARC permanecen activas principalmente en el sur de Colombia, donde no hay presencia del Estado y donde durante décadas la guerrilla ha ejercido las tareas de gobierno.
La mayor de estas columnas, dirigida por los comandantes de las FARC “Gentil Duarte” y “Jhon 40”, está activa en las zonas de Meta, Guaviare y Caquetá. El gobierno acusa a esta unidad de secuestrar a un trabajador de la ONU a principios de este año.
Mediante el recurso a los medios militares extremos, al no poder acabar con ninguno de los movimientos guerrilleros ya existentes, el gobierno colombiano trata de evitar al menos su expansión.