La demanda la interponen tanto la agencia de noticias como el Comité de Periodistas por la Libertad de Prensa ante el Tribunal Federal de Distrito de Columbia exige que se «revelen estos registros» para poder informar al público sobre «la naturaleza y el alcance de las suplantaciones, por parte del FBI, de la identidad de periodistas y agencias de noticias». En opinión de los demandantes, dicha actuación del FBI «socava la credibilidad e independencia de los medios de comunicación».
Katie Townsend, del Comité de Periodistas por la Libertad de Prensa, recuerda «lo peligroso que es que agentes federales se hagan pasar por periodistas». «Esta práctica socava la credibilidad e independencia de los medios y, por tanto, no debe ser tolerada», señala, añadiendo que «el FBI parece decidido a retener la información». El FBI ha advertido que el proceso para entregar toda la documentación solicitada podría demorarse dos años.
En 2007 el FBI envió un enlace digital a una noticia falsa sobre un niño sospechoso de formular constantes amenazas de bomba contra la escuela Timberline, en Washington. Este enlace digital permitió al FBI introducir un virus en el ordenador del sospechoso que revelaba su ubicación y dirección de internet.
Los hechos se dieron a conocer en octubre de 2014 gracias a unos documentos obtenidos por la Fundación de Fronteras Electrónicas, una organización que defiende las libertades en el mundo informático. Tras conocerse el programa de espionaje, la agencia de noticias, amparándose en la Ley de Libertad de Información, solicitó toda la documentación relacionada con el suceso. Sin embargo, no obtuvo respuesta.
El 10 de noviembre la de prensa envió una carta al fiscal general Eric Holder y al director general del FBI, James Comey, en la que pedía conocer «quién aprobó esta acción, qué proceso se siguió para su aprobación y por qué los requisitos para suplantar a un medio son ahora diferentes a los de hace siete años».
Esta carta fue remitida cuatro días después de que el New York Times publicase una carta del propio Comey en la que aseguraba que «hoy en día» el uso de una «técnica tan inusual» necesitaría «una aprobación de más alto nivel que en 2007». No obstante, el máximo dirigente del organismo dejó claro que este procedimiento «aún sería lícito y, en un caso raro, apropiado».
No es la primera vez que el Departamento de Justicia se ve envuelto en una polémica con la agencia de noticias estadounidense. En mayo de 2013 se hizo público que la institución había espiado las conversaciones que los periodistas de Associated Press mantenían a través de sus teléfonos.