El Estado no tiene padres (reconocidos)

Nicolás Bianchi

Y por ello ni es huérfano ni está por encima de las clases sociales. Los recientes autos de la Audiencia Nazional han desestimado las indemnizaciones solicitadas por las víctimas de familiares de ETA ocasionadas por los grupos paramilitares, especialmente los GAL, es decir, lo que se conoce en cualquier manual de Derecho Político como «terrorismo de Estado». La tesis es que «la única violencia ejercida es la de ETA». Y a tomar por saco, que diría un castizo.

Hace ya bastantes años, por 1991, la Audiencia Nazional sentenció que los GAL no constituyeron un grupo paralelo de poder inserto en los aparatos del Estado. El fallo indicaba que no fue posible determinar la estructura interna, ni la escala jerárquica de los GAL, ni sus fuentes de financiación, con lo lo que quedaba en la oscuridad la famosa X del por entonces juez-estrella Garzón. Se condenaba a los policías Amedo y Domínguez por asociación ilícita y no por pertenencia a banda armada. La absolución del Estado como responsable civil presuponía que los condenados actuaron como particulares e impidió que se investigase por la financiación pública -a través de los fondos reservados del Estado- de los atentados de los GAL. Como dijo un portavoz del PNV de entonces, «por la sentencia pareciera que Amedo y Domínguez fueran empleados de una empresa de seguridad y no funcionarios de la Seguridad del Estado». O sea, que actuaban a título individual contratando a amigos matones para ejecutar sus acciones criminales. Y no como «chivos expiatorios» con el fin de evitar sentar en el banquillo al, a la sazón, Gobierno del PSOE y a altos responsables de los aparatos del Estado. Julio Anguita, por ejemplo, entonces coordinador general de Izquierda Unida, manifestó estar en «profundo desacuerdo», o algo así, con la sentencia, pero dijo «acatarla». Un primor el Califa…

Años más tarde, un instructor del Tribunal Supremo notificó un auto de procesamiento contra José Barrionuevo, primer ministro del Interior del presidente Felipe González, y Rafael Vera, exsecretario de Estado para la Seguridad, estableciendo que consintieron la organización de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) y se integraron en esta banda armada en «funciones directivas». La resolución decreta -decretaba- el procesamiento de Barrionuevo por detención ilegal (secuestro de Segundo Marey el 4 de diciembre de 1983), malversación y relación con banda armada, delito este que se atribuye, también, a Vera, que era quien manejaba los fondos reservados, uno para ti, dos para mí, y patada a seguir. Aquí tenemos que el juez ya identifica a Barrionuevo y Vera con las personas «presuntamente integradas o relacionadas con bandas armadas que planeen, organicen, ejecuten, cooperen o inciten» de modo directo a la realización, entre otros delitos, de detenciones ilegales bajo cualquier condición.

Sea lo que fuere o dijeran distintos tribunales, el quid de la cuestión está en que el Estado (fascista) no reconocerá asociación ilícita y no digamos «pertenencia a banda armada» a nadie -aunque sea funcionario como Amedo o el paripé de Barrionuevo y Vera a las puertas de la prisión de Guadalajara con el caluroso abrazo del prestidigitador González, «el cuervo», como le llamara el recién desaparecido Javier Krahe- que se le relacione con los aparatos del Estado y, en consecuencia, con el «terrorismo de Estado» (si acaso el «monopolio de la violencia» de Max Weber). Y siendo esto así, y es así porque me sale de los willies, ¿cómo indemnizar a quienes se reclaman víctimas de este supuesto terrorismo si no lo hay? Sería tanto como reconocer que, efectivamente, lo hubo y, por lo tanto, es legítimo y están en su derecho estas víctimas de los GAL en pedir justicia. Sería admitir que los GAL son tan banda armada como la banda armada ETA. Y no, va a ser que no, a pesar de la instantánea que se pudo ver de Barrionuevo y Vera entrando en la prisión de Guadalajara. Sólo existe una «banda armada» y terrorista: ETA. Las indemnizaciones a sus víctimas (que buen negocio hacen con este chollo que les ha caído del cielo, nomás y como quien dice). Los GAL pasaban por ahí y mataban gente por deporte no constituyendo «banda armada», sino vulgares malhechores, así que el Estado no se siente en la obligación de nada, y menos de familiares de «terroristas», que estos sí constituyen «banda armada» y seguro que comulgan con sus ideas disolventes y subversivas.

No se entiende bien la actitud de estos familiares, que no van por dinero, a diferencia de las otras «víctimas» con sus excepciones, claro es, sino porque se les reconozca como víctimas… ¿de quién? ¿Del Estado español fascista? Si es esto, ¿cómo esperar algo? Y si no lo es, si resulta que es un Estado de Derecho, como les gusta fardar, y sucede que tampoco reconocen más víctimas que las del «terrorismo de ETA», entonces, ¿qué es? ¿Qué es esto? ¿Un acertijo? ¿Todavía andamos así?

El pueblo sabe perfectamente quienes son los terroristas y no hace falta ir a ningún recurso y menos a tribunales dependientes de la mayor banda armada y organizada: el Estado español fascista.