La ineptitud (o complicidad) del gobierno peruano está poniendo en riesgo los derechos fundamentales de millones de peruanos.
Hace más de 10 años, en setiembre de 2008, el periodista norteamericano Christopher Ketcham denunciaba los turbios manejos que ciertas agencias gubernamentales de su país estaban permitiendo en sus propios fueros. El problema venía de antes: “Desde fines de la década de 1990 –escribió entonces Ketcham–, agentes federales han reportado intrusiones sistemáticas en las comunicaciones del Departamento de Justicia, el FBI, la DEA, el Departamento de Estado y la Casa Blanca”.
Los agentes federales entrevistados le aseguraron que las intrusiones podían rastrearse a dos compañías de alta tecnología y comunicaciones: Verint Systems –en el Perú desde 2015, como reveló este semanario el viernes 3 de julio de ese año–, y Amdocs. Para el 2008, ambas formaban la “columna vertebral” del aparato de vigilancia doméstica del gobierno norteamericano. Verint “aspiraba” toda la información del operador telefónico Verizon, mientras Amdocs hacia lo suyo con AT&T, como reveló el “whistleblower” Mark Klein, en 2004. Las operaciones de Verint eran dirigidas por espías “freelance” y veteranos de las agencias de inteligencia israelíes.
Un agente de la CIA en retiro, Philip Giraldi, le contaría al periodista este sorprendente detalle: cuando su agencia debía espiar a algún objetivo, las “llamadas telefónicas (eran) interceptadas, grabadas y transmitidas a los investigadores norteamericanos por Verint, la que aseguraba que debía tener los equipos de espionaje ‘siempre a mano’, para poder dar mantenimiento al sistema”.
Giraldi también contó que el gobierno de Israel cubría el 50% de los gastos que Verint efectuaba en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías.
En 2001, un reportero de Fox News, Carl Cameron, hizo otra revelación sorprendente: cuando los agentes del FBI y otras agencias se disponían a investigar el trabajo de Verint (antes de 2001 conocida como “Comverse Infosys”), sus pesquisas eran detenidas antes de que pudieran poner sus manos sobre los equipos de Verint. Peor aún, los agentes empecinados en el asunto empezaban a ser “atacados por varios flancos”. La “columna vertebral” del espionaje doméstico tenía amigos poderosos en los laberintos del Estado profundo norteamericano.
En países como el Perú, debido a las enormes diferencias tecnológicas en relación al primer mundo, esta compañía podría acceder muy fácilmente a la información de sus clientes bajo la justificación de dar mantenimiento o actualización a los equipos vendidos. Estas labores de mantenimiento –¿cuándo nos tocará la próxima?–, incluso pueden ser realizados de manera remota, según los informes revisados.
Recordemos que las leyes que regulan las escuchas y la vigilancia son poco más que tinta sobre papel en países como el nuestro, tal como en las decenas de países subdesarrollados y con instituciones débiles que constituyen la clientela favorita de Verint y otras empresas relacionadas, como Hacking Team, la empresa italiana que estuvo en conversaciones con varias instituciones peruanas, militares y gubernamentales (¡hasta la Municipalidad de Lima!), entre 2012 y 2015.
Ese año, WikiLeaks reveló la absoluta falta de ética de la compañía, así como su colaboración con regímenes criminales, por lo general alineados con la política exterior estadounidense. Siria e Irán, por ejemplo, eran evitadas por estas empresas privadas, mientras que Arabia Saudí y otras dictaduras medievales eran diligentemente asistidas en sus labores represivas. Verint pertenece al mismo club: uno de sus clientes criminales era el régimen de Kazakstán, donde Verint “empoderó” al gobierno en su persecución de periodistas y activistas, tal como denunció en noviembre de 2014 Privacy International.
Este detalle es fundamental: los centros de monitoreo de Verint les permitían a las agencias kazakas: “acceso irrestricto a llamadas telefónicas y actividad en internet de ciudadanos de manera masiva e indiscriminada”. Es decir, no a un objetivo individual y específico, como un delincuente, sino a toda una población, al mismo tiempo.
Verint y toda una “constelación” de empresas privadas de Israel, el Reino Unido y Estados Unidos hicieron lo mismo en Colombia, donde el Estado asesina civiles a mansalva. No es necesario usar eufemismos. Su gusto por la sangre de sus ciudadanos más humildes quedó perfectamente representado en el caso de los “falsos positivos”, pero esa es solo la punta del iceberg en la masacre colombiana. Tanto el Reino Unido como Estados Unidos tienen importantes negocios extractivos en Colombia, donde han colaborado extensamente en la represión social. La tecnología de espionaje masivo complementa el entrenamiento militar contrainsurgente y el aprovisionamiento de armas que ambas potencias han realizado en favor del régimen colombiano, con fines que disfrazan bajo el ardid de la “guerra contra las drogas”. Otro terror que los latinoamericanos podríamos haber superado ya, si tuviéramos un periodismo real, dedicado a su sociedad y no a la élite propietaria. La sangre está también en sus manos.
Lejos de servir a la sociedad, ese mismo periodismo condena a una de las pocas instituciones que han sacado a la luz los crímenes internacionales de los actores más poderoso del mundo, WikiLeaks, y a su creador, Julian Assange, hoy sufriendo tortura en una cárcel de Londres, de acuerdo con informes del relator de las Naciones Unidas, Nils Melzer.
A fines de 2002, la policía holandesa aseguró tener evidencia de que los servicios secretos israelíes tenían “acceso irrestricto a la información confidencial (escuchas) recogida por la policía y los servicios de inteligencia” de ese país.
El holandés Paul Wouters, escribiendo al respecto para una revista de su país, cuenta que, cuando los equipos de espionaje fueron entregados por los israelíes, se acordó que “solo el equipo de Verint podría tocar los sistemas… el código fuente no estaría disponible para nadie”.
Como otros especialistas agregan, sin un código fuente abierto, no hay como saber cuáles podrían ser las vulnerabilidades del sistema y es probable que ellas, además, se encuentren en el mismo diseño, puestos ahí de manera deliberada.
La entrada de las compañías “privadas” israelíes a Estados Unidos y su sistema de comunicaciones fue facilitada por una serie de leyes emitidas en 1994, conocidas por las siglas CALEA (“Communications Assistance for Law Enforcement Act”). CALEA, “forzó a los negocios vinculados a la comunicación (de Estados Unidos) a buscar la encriptación de la información de sus usuarios a través de terceros”, explica Christopher Ketcham en el artículo referido al inicio de este artículo. Fue entonces cuando las privadas Verint y Amdocs entraron a asumir ese rol (Counterpunch, 27/09/08).
Como explica James Bamford para la revista Wired (03/04/12), Verint fue fundada por Jacob “Kobi” Alexander, un oficial de inteligencia israelí retirado y prófugo de la justicia estadounidense hasta el 2016. Ese año, Alexander pudo volver a Estados Unidos luego de pasar una década en Namibia, a donde huyó para evitar la cárcel. El FBI lo buscaba por lavado de dinero, soborno, robo, entre otros. Dos de sus asociados en Verint también participaron de sus delitos y pasaron tiempo en la cárcel, pagando millones en multas.
En una “rara admisión”, el brigadier general del ejército israelí en retiro, Hanan Gefen, antes comandante de la Unidad 8200 –dedicada a la interceptación de información–, le contó a un periodista de Forbes que Comverse (el nombre anterior de Verint), así como otras empresas privadas israelíes en el sector, fueron “influenciadas” directamente por la tecnología desarrollada por su agencia. Tanto los veteranos de la unidad de inteligencia israelí, como sus tecnologías, son empleados hoy en alrededor de 30 a 40 compañías privadas alrededor del mundo. Esto es posible gracias a la casi completa desregulación de este mercado, que pasó de la inexistencia a mover cerca de 5.000 millones de dólares anuales hacia la primera década de este siglo.
También las regulaciones de carácter nacional –o la falta de ellas–, son abusadas por estas empresas. En Colombia, Verint trabajó con el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), cerrada luego de que se revelara el espionaje de 600 figuras públicas, las que también sufrieron, en muchos casos, acoso por parte de la agencia. Verint contrató con el DAS y muchas otras agencias que no tenían autoridad legal para interceptar comunicaciones, de acuerdo con Privacy International. “Verint –explica la entidad–, realizó pruebas de vigilancia para la DAS, incluso luego de que esta fuera denunciada por sus actividades ilegales” (02/09/15).
En el Perú, los contratos iniciales con Verint, fueron realizados durante la gestión de Ollanta Humala, cuyo gobierno protagonizó su propio escándalo de espionaje. Ahora el gobierno de Vizcarra retoma los negociados. No es, pues, un asunto partidario. Son “tendencias” globales que llegan a nuestro país, en su calidad de patio trasero, casi como imposiciones. Esa subordinación es solo provechosa para una élite que preferiría que no sepamos nada de lo reseñado aquí.
Más que un bicentenario, lo que necesitamos es una segunda independencia.
https://www.alainet.org/es/articulo/201176