Los antecedentes estaban ahí, frescos aún en la memoria de la ciudad. Gamonal ya se ha había levantado en 2005 contra la construcción de un aparcamiento subterráneo en Eladio Perlado. Sin embargo, a casi nadie se le pasó por la cabeza que el proyecto del bulevar de la calle Vitoria, en el que se incluía un aparcamiento, iba a acabar del mismo modo, con una sublevación popular reconvertida en revuelta callejera. Y mucho menos que Gamonal ascendería a referente de la protesta ciudadana.
Todo comenzó con una movilización pacífica de los vecinos del barrio burgalés, cuando aquel 10 de enero de 2014 se iniciaban las obras para transformar la calle Vitoria en un bulevar de dos carriles de circulación, con amplias aceras, zonas ajardinadas y espacios infantiles. En el subsuelo se iba a construir un aparcamiento, con 254 plazas de garaje, que saldrían a un precio de 19.200 euros, pero no de venta sino de concesión a 40 años.
El proyecto no convencía a los vecinos, quienes consideraban que no era el momento de invertir 8 millones de euros en una reforma que iba a mejorar muy poco la calidad de vida del barrio y que, además, no solucionaría el principal problema: la falta de aparcamiento. Al contrario, lo agravaba. Y así se lo habían expresado al Ayuntamiento de Burgos, a través de solicitud de reuniones, pero sin éxito. Así que en la tarde de aquel viernes de enero, desafiando al frío, salieron a la calle a protestar.
Y lo que empezó como una manifestación pacífica acabó en batalla campal. Con la calle Vitoria en obras, y una importante zanja a la altura de San Bruno, que sería epicentro de futuras concentraciones y donde nacería el #efectogamonal, la noche del 10 al 11 de enero fue la primera de cuatro sesiones consecutivas de disturbios.
Contenedores en llamas volcados en mitad de la calle; mobiliario urbano destrozado; lunas de entidades bancarias reventadas; piedras y botellas volando; carreras y detenciones policiales… La calma llegó de madrugada, pero a primerísima hora de la mañana ya había vecinos en la “zona cero”, para impedir la entrada de las máquinas de la adjudicataria de las obras, la UTE Bulevar Calle Vitoria (formada por Copsa y Aroasa, esta última propiedad de Arranz Acinas).
En esa “zona cero” fue donde, en días sucesivos, se iba informando a los vecinos sobre la revuelta: los detenidos, las reacciones del Ayuntamiento, las acciones de protesta a llevar a cabo. Se hicieron manifestaciones hasta la Comisaría de Burgos para exigir la liberación de los detenidos (cuya cifra alcanzó el medio centenar durante todos los disturbios) y, como ocurriese el primer día, al finalizar las mismas en la calle Vitoria volvían los altercados.
Con Burgos convertido en el foco de la noticia, incluso internacional, el alcalde Javier Lacalle salió a los medios de comunicación el domingo, condenando la violencia y ratificándose en la intención del Ayuntamiento de continuar con el proyecto. Y Gamonal volvió a registrar disturbios esa noche del 12 de enero. También la del lunes 13 y, ya el martes, el alcalde tuvo que claudicar y paralizar temporalmente las obras para abrir un periodo de reflexión, afirmó..
Para entonces, el #efectogamonal era ya era imparable. Burgos seguía abriendo informativos, ocupando portadas de periódicos y ofreciéndose como modelo del hartazgo ciudadano ante una clase política que, en plena crisis económica, no tenía problemas en recortar servicios y acusar a los ciudadanos de vivir por encima de sus posibilidades, mientras proyectaba obras faraónicas con la vista puesta en las elecciones de 2015.
Así que, finalmente, Javier Lacalle decidía dar carpetado al proyecto del bulevar de la calle Vitoria, decretando el viernes 17 de enero la suspensión definitiva de las obras. “Hemos entendido el mensaje”, afirmaba en su comparecencia a los medios, y pedía que la calma volviese a Gamonal; que los ciudadanos regresasen a sus casas pues las únicas máquinas que iban a volver a entrar en la calle Vitoria lo harían para cerrar la zanja de la discordia.
Y así sería días más tarde, cuando se comenzaron los trabajos para cerrar la zanja, dando por olvidado un proyecto que le costó al Ayuntamiento 274.000 euros, la cantidad pagada a Copsa y Aroasa en concepto de beneficio industrial. No hubo indemnización por la rescisión unilateral del contrario, y eso que la UTE llevó a pedir más de 1,6 millones de euros, pues esta se ajustaba a derecho.
A esa cantidad se suman los 240.000 euros de la redacción del proyecto, encargado a MBG Ingeniería y Arquitectura, empresa propiedad de la familia de Antonio Miguel Méndez Pozo (Grupo Promecal, Inmobiliaria Río Vena), socio empresarial en numerosas ocasiones de Copsa, Aroasa y Arranz Acinas, las tres empresas ejecutoras del bulevar.
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