Del fascismo al yihadismo, pero siempre al servicio del capitalismo

Esta mañana la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela tomará declaración a Daniel Fernández Aceña, un sicario de los GAL condenado en 1984 por el asesinato del ferroviario francés Jean Pierre Leiba en Hendaya. Luego el sicario pasó de los GAL al yihadismo y viajó a prestar sus servicios profesionales a Afganistán y Siria.

Desde el año pasado en el que el Ministerio del Interior elevó a 4 el Nivel de Alerta Antiterrorista (NAA-4), han detenido a un total de 173 yihadistas, reales o supuestos.

Fernández Aceña, nacido de Irún, fue detenido el martes en Segovia. En 1999 admitió que había espiado a personas de Euskadi norte (el país vasco-francés), que pasaban después al servicio de información de la Guardia Civil de Intxaurrondo (San Sebastián), entonces dirigido por el comandante Enrique Rodríguez Galindo.

Ahora el Ministerio del Interior detiene a su antiguo colaborador porque le considera como un individuo muy peligroso y han registrado dos viviendas que tenía, una en el barrio de Santa Eulalia de Segovia y otra en La Granja, cerca de Madrid, donde han encontrado vídeos escabrosos, con imágenes de decapitaciones y que el detenido poseía con el fin de adoctrinar a otros, según la subdelegada del Gobierno en Segovia, Pilar Sanz.

El detenido pasó del fascismo al yihadismo. Se había autoadoctrinado “en el extremismo religioso de carácter yihadista y realizaba labores de difusión de propaganda” del Califato Islámico, dice el Ministerio del Interior. Era muy activo en las redes sociales yihadistas. Desde el verano de este año había acelerado su proceso de radicalización, manifestando su apoyo a las acciones terroristas cometidas en Europa a lo largo de los últimos meses.

En 1984 las cosas era un poco distintas. Fernández Aceña era un fascista de Irún al que la Guardia Civil condujo a crear un comando del “Gal Verde”, del que formaron parte Mariano Moraleda Muñoz, Vicente Fernández Fernández y Juan Luis García Anuarde. El asesinato de Leiba fue un encargo del empresario Victor Manuel Navascués Gil, un fascista y contrabandista que colaboraba con la Guardia Civil. El otro elemento del comando era un guardia civil apodado “Andrés”, un conductor a las órdenes de Rodríguez Galindo. Aceña reconoció en comisaría al tal “Andrés” mediante fotografías, pero se dieron órdenes de echar tierra encima.

Entonces no existían los acuerdos Schengen e Irún era una ciudad fronteriza donde los sicarios de Rodríguez Galindo se ganaban un sobresueldo con el contrabando y la guerra sucia. A Rodríguez Galindo que sólo era comandante en Irún, el gobierno del PSOE le ascendió a general por los crímenes cometidos en acto de servicio.

Al comando fascista de aquella localidad, que encabezaba Fernández Aceña, se le conocía como “los niños protegidos de Galindo”, y estaban asesorados por el guardia civil del Servicio de Información, Enrique Dorado Villalobos. En la comisaría de Irún el hoy reconvertido a yihaidista, aseguró que fue un guardia civil quien le entregó el arma y le señaló la persona que debía asesinar.

El entonces vicepresidente del gobierno del PSOE, Alfonso Guerra, mintió públicamente a los medios. Afirmó que los secuaces del comandante Rodríguez Galindo sólo eran unos jóvenes que hacían méritos para ingresar en los GAL, “pero que no pertenecían a ellos”. Se tapó a los comparsas y, con mucha más razón, a los jefes que movían los hilos desde los despachos del Ministerio del Interior.

Según la Fiscalía, Navascués era el intermediario encargado de pagar a los mercenarios de los GAL entre 1,2 y 5 millones de pesetas por el asesinato de los refugiados políticos vascos. Durante el juicio salió absuelto. Estuvo huido durante siete meses, pero se presentó en la Audiencia Nacional después de asegurarse de que el resto de los acusados le habían exculpado.

Con sus sicarios el Estado fascista es como la mafia. Se rige por un pacto de silencio. Ni ve, ni oye, ni entiende.