En un momento de intensa crisis financiera, el Banco Central chino acaba de prohibir las transacciones en criptodivisas, que en apenas unas horas han visto caer sus cotizaciones, especialmente el bitcoin.
El aumento de la circulación de las criptomonedas ha provocado el blanqueo de capitales, la recaudación ilegal de fondos, el fraude, las estafas piramidales y otras actividades ilegales y delictivas, dice el comunicado oficial.
En mayo el gobierno chino prometió tomar medidas enérgicas contra la minería y el comercio de bitcoins como parte de los esfuerzos para frenar la crisis financiera, lo que provocó una importante venta de criptodivisas. El bitcoin, la mayor criptodivisa del mundo, cayó más de un 6 por ciento, hasta los 42.2167 dólares. Las monedas más pequeñas, que normalmente suben y bajan junto con el bitcoin, también cayeron.
La prohibición afectó a las acciones relacionadas con las criptomonedas y el “blockchain”. Los mineros que cotizan en Estados Unidos, Riot Blockchain, Marathon Digital y Bit Digital, cayeron entre un 6,3 por ciento y un 7,5 por ciento respectivamente en las operaciones previas al mercado.
Para tapar la verdadera situación económica, el máximo organismo de planificación, la NDRC, ha publicado un comunicado asegurando que el objetivo de la prohibición es lograr la “neutralidad” en las emisiones de carbono de China, ya que la minería de criptomonedas consume una gran cantidad de electricidad.
La explicación es inverosímil, aunque es cierto que China alberga la mayor concentración de mineros de criptomonedas del mundo, junto a otros países, como Abjasia, donde el precio de la electricidad es muy reducido. Además del freno a la especulación, el objetivo de China es reducir el consumo eléctrico y, por lo tanto, la dependencia del exterior.
Hasta abril China tenía una cuota del 46 por ciento de la tasa de extracción mundial, una medida de la potencia de cálculo utilizada en la minería y el procesamiento.
Los gobiernos locales deben tomar medidas drásticas contra las actividades de minería y prescribe su eliminación gradual. La minería se considera una industria “obsoleta”. No se permitirán nuevos proyectos y a los existentes se les dará tiempo para cerrar.