La web más censurada en internet
En el mismo mes en que el Gobierno y las Comunidades Autónomas van goteando una «relajación» de las medidas represivas impuestas desde hace más de un año, el Ministerio del Interior dirigido por el ex juez Fernando Grande-Marlaska ha anunciado la autorización en España de un software que cruza múltiples bases de datos para la lucha contra el delito «antes del delito». Leer más
El presidente Alberto Fernández anunció este jueves un confinamiento “casi total” por 9 días y se restituye la obligación de informar previamente de qué movimimientos se van a hacer para obtener un «permiso para circular». Quien sea interceptado sin él en la vía pública, se expone a ser detenido y puesto a disposición judicial. Leer más
El 7 de mayo la directora del asilo DomusVi Chantada (Lugo), Petri Rodríguez, entró en la habitación de un anciano con un tono de voz muy alto, exaltado y agitado. La directora le reprochaba haberse comunicado con el exterior para denunciar que los 200 ancianos de la residencia llevaban días confinados ilegalmente por un supuesto brote de covid que afectaba a menos de una decena de personas y del que ahora ya no quedan casos.
El anciano fue empujado y arrinconado contra la pared por la directora en un claro acto de agresión física, mientras él le instó a terminar inmediatamente la acción violenta y a que se pusiera a una distancia mínima de un metro como corresponde a las medidas de seguridad y prevención.
Los 200 ancianos que viven en el asilo fueron liberados del confinamiento al día siguiente gracias a que el agredido tenía la intención de denunciar los hechos, lo que no pudo llevar a cabo por los impedimentos mostrados por el asilo para poder salir de sus instalaciones.
El 12 de mayo al anciano le bloquearon el teléfono. Tuvo que pedirle el terminal a un compañero del centro para llamar a Paulino Campos, presidente de la Federación Galega de Asociacións de Familiares e Usuarias de Residencias de Galicia (REDE).
El anciano le aseguró que sus hijos habían decidido bloquearle el teléfono a petición de la directora del asilo con amenazas y coacciones, al tiempo que le solicitaba ayuda para denunciar las agresiones.
El anciano ya había sido agredido en otra ocasión por un residente con las facultades perturbadas, sin que la dirección del geriátrico tomase medidas preventivas posteriormente.
El anciano se siente amenazado y perseguido, por lo que solicitó la apertura de diligencias judiciales y su traslado a otra residencia.
Un juzgado ha iniciado una investigación.
—https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/05/21/un_juzgado_abre_diligencias_tras_una_denuncia_contra_directora_domusvi_chantada_por_una_agresion_amenazas_coacciones_120804_1012.html
Los expertos británicos del equipo encargado de instrumentalizar el miedo para controlar el comportamiento de la gente durante la pandemia, admiten ahora que sus métodos eran “poco éticos” y “totalitarios”.
Como ya informamos en otra entrada anterior, el gobierno británico formó un grupo especial, conocido por las siglas SPI-B, para lograr una determinada forma de comportamiento por parte de la población mediante la difusión del miedo. Ahora lamentan sus tácticas en un nuevo libro sobre el papel de la sicología en la alarma desatada por el gobierno de Londres durante la pandemia.
El SPI-B es uno de los comités que forman parte del Sage (Grupo de Asesoramiento Científico para Emergencias), dirigido por Patrick Vallance, el experto principal del equipo.
En marzo del año pasado recomendó que los ministros aumentaran el “nivel de percepción de la amenaza personal” del coronavirus porque “un número considerable de personas todavía no se siente suficientemente amenazada personalmente”.
Gavin Morgan, psicólogo del equipo, dijo: “Está claro que el uso del miedo como medio de control no es ético. El uso del miedo huele a totalitarismo. No es una posición ética para un gobierno moderno. Soy una persona optimista por naturaleza, pero todo esto me ha dado una visión más pesimista de la gente”.
Morgan habló con la autora Laura Dodsworth, que pasó un año investigando las tácticas del gobierno para su libro “Un estado de miedo”, publicado el lunes.
Los ministros han sido acusados repetidamente de exagerar la amenaza de la pandemia para justificar el confinamiento y coaccionar al público para que las cumpla las medidas restrictivas, una acusación que será examinada por la próxima investigación pública sobre la respuesta a la pandemia.
Un experto del SPI-B dijo a Dodsworth:
“En marzo [del año pasado] el Gobierno estaba muy preocupado por el cumplimiento y pensaba que la gente no querría estar encerrada. Se habló de que el miedo era necesario para fomentar el cumplimiento, y se tomaron decisiones sobre cómo aumentar el miedo. La forma en que hemos utilizado el miedo es distópica.
“El uso del miedo era definitivamente cuestionable desde el punto de vista ético. Fue como un extraño experimento. Al final, el tiro salió por la culata porque la gente estaba demasiado asustada”.
Otro miembro del SPI-B dijo: “Se podría llamar a la psicología ‘control mental’. Eso es lo que hacemos… Está claro que intentamos hacerlo de forma positiva, pero en el pasado se ha utilizado de forma negativa”.
Otro advirtió que “la gente está utilizando la pandemia para hacerse con el poder e impulsar cosas que de otro modo no sucederían… Tenemos que tener mucho cuidado con el autoritarismo que se está introduciendo”.
Otro dijo: “Sin una vacuna, la psicología es su principal arma… La psicología ha tenido una muy buena epidemia, en realidad”.
Acusa al gobierno de inocular a la población con malas noticias, como muertes y hospitalizaciones, sin poner nunca las cifras en contexto con noticias sobre cuántas personas se han recuperado, o si el número de muertes diarias está por encima o por debajo de las medias estacionales.
Otro miembro del SPI-B dijo que estaba “asombrado por el armamento de la psicología conductual” durante la pandemia, y que “los psicólogos no parecían darse cuenta cuando dejaron de ser altruistas y se convirtieron en manipuladores”. Tienen demasiado poder y eso los condiciona.
Steve Baker, vicepresidente del grupo de diputados Covid Recovery, declaró: “Si es cierto que el Estado ha tomado la decisión de aterrorizar a la población para conseguir el cumplimiento [del toque de queda], esto plantea cuestiones muy serias sobre el tipo de sociedad en la que queremos convertirnos.
“Si somos realmente sinceros, ¿temo que la política gubernamental actual esté jugando con las raíces del totalitarismo? Sí, claro que sí”.
—https://www.telegraph.co.uk/news/2021/05/14/scientists-admit-totalitarian-use-fear-control-behaviour-covid/
Más información:
— La manipulación de la población por los ‘expertos’ en instrumentalizar el miedo
— Los expertos que asesoran al gobierno francés sobre la pandemia cobran de la industria farmacéutica
— La policía ya no necesita patrullar las calles porque los vecinos les informan por teléfono
Los ingenieros de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, desarrollaron el chip inalámbrico más pequeño del mundo, un dispositivo del tamaño de un ácaro del polvo que en futuro podrá ser introducido en el cuerpo humano con una aguja hipodérmica para monitorear condiciones médicas.
«Queríamos ver hasta dónde podíamos empujar los límites para construir el chip funcional más pequeño posible», contó la semana pasada el líder del estudio, Ken Shepard. «Se trata de una nueva idea de ‘chip como sistema’: es un chip que, por sí solo, sin nada más, es un sistema electrónico de funcionamiento completo», explicó el especialista.
El nuevo chip ocupa un volumen total de menos de 0,1 mm³ y solo es visible con la ayuda de un microscopio. Dado su tamaño, el equipo utilizó ultrasonidos para alimentar y comunicarse con el dispositivo de forma inalámbrica. Los investigadores fabricaron una ‘antena’ que está instalada directamente en la parte superior del chip y a través de la cual lo alimentan y se comunican con él, en ambos casos mediante ultrasonidos.
«Esto debería ser revolucionario para el desarrollo de dispositivos médicos implantables miniaturizados e inalámbricos que pueden detectar diferentes cosas, usarse en aplicaciones clínicas y, finalmente, aprobarse para uso humano», declaró Shepard.
El objetivo de los investigadores es desarrollar chips que puedan ser inyectados en el organismo con una aguja hipodérmica y una vez dentro del cuerpo comunicarse con el exterior mediante ultrasonido, proporcionando los datos que recoja localmente. Los dispositivos actuales miden la temperatura corporal, pero existen muchas más posibilidades en las que el equipo está trabajando.
El nuevo dispositivo solo es visible con la ayuda de un microscopio y en un futuro podría servir para monitorear procesos corporales utilizando el ultrasonido. Desarrollan el chip más pequeño del mundo, del tamaño de un ácaro, que puede ser inyectado en el cuerpo con una aguja hipodérmica.
—https://actualidad.rt.com/actualidad/392511-desarrollan-chip-mas-pequeno-inyectado-aguja
La Unión Europea sólo concederá el pasaporte sanitario a quienes se hayan vacunado con los fármacos elaborados por empresas occidentales: Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Johnson y Johnson, ha reconocido Clement Beaune, Secretario de Estado francés de Asuntos Europeos, en declaraciones a los medios de comunicación.
Por el momento, Bruselas excluye las vacunas rusas (Sputnik, a la que todavía se resiste la Unión Europea) y chinas (Sinovac, actualmente en evaluación por la Agencia Europea del Medicamento). Dado que la mayor parte del Tercer Mundo se está vacunando con ambas vacunas, no podrán viajar, por más que hayan sido inoculadas.
Para decirlo más claramente: la población de los países que no hayan comprado vacunas a las grandes multinacionales farmacéuticas, no tendrán pasaporte sanitario.
El documento estará disponible a través de una aplicación móvil o en papel. “También será posible cruzar las fronteras europeas presentando una prueba PCR negativa de menos de 48 horas o un certificado de recuperación de Covid-19”, añadió Beaune.
El pasaporte sanitario, un documento para chantajear a la población a fin de que se vacune en masa, sigue avanzando por falta de oposición popular. Las imposiciones de la Unión Europea podrían hacerse efectivas en torno al 20 de junio.
Estas medidas se adoptan como preludio a la reapertura de las fronteras entre los países de la Unión Europea cuando vuelva la temporada de calor el mes que viene.
Se supone que el pasaporte facilitará la reapertura, su imposición como requisito para la reanudación de los vuelos internacionales no es del agrado de Rusia.
La Unión Africana también está preocupada no sólo por la protección de los datos personales, sino también por el hecho de que se convertirá en una fuente de discriminación en los viajes para muchos países del continente.
Antiguamente, en los conciertos musicales las cámaras apuntaban al escenario; ahora apuntan también al público. El pretexto es vigilar a los que no llevan mascarilla.
El 29 de mayo en el AccorHotels Arena está convocado un concierto del grupo Indochine para un concierto experimental organizado por Prodiss, el sindicato francés de espectáculos musicales y variedades.
El concierto acogerá a 5.000 personas y las mascarillas son obligatorias para participar en el estudio Spring, cuyo objetivo es medir la peligrosidad sanitaria de un concierto en una sala cerrada.
En Marsella prepararon otros dos conciertos experimentales, pero fueron cancelados a última hora.
En un comunicado de prensa, la AP-HP (Asistencia Pública – Hospitales de París) anuncia que ha firmado un acuerdo con la empresa Datakalab, que se encargará de evaluar el número de espectadores que respetan el porte de mascarilla, e incluso si la llevan correctamente colocada.
Todo ello se hará gracias a las cámaras instaladas en la sala, que filmarán al público y analizarán automáticamente las imágenes gracias a un programa informático desarrollado por la empresa.
El reconocimiento facial se está introduciendo poco a poco y hay que acostumbrar a la población a la vigilancia permanente.
“Este dispositivo proporcionará estadísticas anónimas precisas, objetivas y actualizadas sobre el índice de personas que llevan la mascarilla correctamente (sin mascarilla, mal llevada, bien llevada) a lo largo del evento”, dice el comunicado de AP-HP.
Al final del experimento, los equipos de AP-HP compararán el índice de “contaminación” de los 5.000 participantes en el concierto con el de un grupo de control de 2.500 personas que no asistieron. Para realizar las mediciones, las 7.500 personas serán sometidas a pruebas en las 72 horas anteriores al concierto y siete días después. Los resultados del estudio Spring se esperan para finales de junio de este año.
Las cámaras de vigilancia ya se introdujeron en los espectáculos deportivos y ahora lo toca del turno a los musicales, hasta que acaben en todos y cada uno de los rincones.
No han sido semanas fáciles para Colombia, el Valle del Cauca y, mucho menos, para Cali. Los reclamos del Paro Nacional y las protestas de miles de jóvenes denominada la “Primera Línea” ante el hambre, la pobreza y el desempleo, sumado a una débil institucionalidad, abuso policial y poca capacidad de diálogo, han escalado la violencia. En Cali los bloqueos aparecen y desaparecen, en medio de la zozobra por el desabastecimiento y la latente posibilidad de una nueva crisis económica. Mientras unos y otros intentan explicar qué ocasionó el estallido social en Cali, un grupo de académicos recordó que se trata de una historia de vieja data, en la que el racismo, la lucha de clases y promesas incumplidas son una constante.
“Hay un contexto que viene de los procesos de formación de las ciudades desde la colonia, pasando por el siglo XIX y hasta el siglo XX. Esta es una región de antiguas haciendas esclavistas. Pero también de capitanías donde se controlaban a los indígenas de la región del Cauca. Participaba la iglesia y los terratenientes hacendados”, explica Fernando Urrea, profesor emérito titular de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle. A su voz se une la del director del Centro Investigaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Icesi, Enrique Rodríguez Caporalli, quien indica que lo que hoy acontece no es nuevo porque siempre ha estado presente en la ciudad.
Además de las protestas y clamores del paro que piden a las autoridades, entre otras cosas, satisfacer las necesidades básicas de las comunidades marginadas, los académicos coinciden en que no son reclamos nuevos, pues la situación de fondo está marcada por el racismo contra comunidades migrantes que por años estuvieron invisibilizadas por las élites caleñas. “Cali es un cruce de caminos, es la conexión con el Pacífico y hacia el sur del país. Es una ciudad de migrantes. Para hablar sobre caleños raizales hay que hacerlo con precaución. Cali históricamente ha sido muy desigual e inequitativa, con una élite cerrada y una clase media pequeña a comparación con los sectores populares”, señala Enrique Rodríguez.
Para explicar el desarrollo y crecimiento de Cali como ciudad, las comunidades afrodescendientes e indígenas juegan un rol determinante. “Siempre estuvieron y han estado allí. A comienzos del siglo XX, el 70 por ciento de la población de Cali era negra. La ciudad se blanqueó con las migraciones paisas de la colonización cafetera. Los ricos blancos eran la élite hacendada y existían algunos sectores mulatos. Si bien había desaparecido la esclavitud, parte de la población negra eran hijos y nietos de esclavos de las haciendas del Norte del Cauca y del Sur del Valle”, manifiesta el profesor Urrea, quien agrega que varios de los que hoy reclaman y están en los bloqueos traen en su espalda ese pasado.
Para Urrea, la capital del Valle del Cauca es un espacio multirracial, en la que, si bien la mayoría de la población se reconoce como blanca o mestiza, hay una fuerte presencia afro e indígena, que se explica por la cercanía del Pacífico y las comunidades del Norte del Cauca. “Cali es un tejido multiétnico, multicultural y multirracial. Es una ciudad de todos los colores de piel, que a su vez explica la división de las clases sociales en Colombia. Las recientes investigaciones demuestran que en Cali siempre han existido negros e indígenas, que han sido desconocidos e invisibilizados por el mestizaje”, agrega. Por este fenómeno, la ciudad creció fragmentada y creó nichos culturales muy cerrados que no se mezclan, lo que ocasionó un proceso de marginalización.
“En Cali hay dos formas de racismo. Una contra los indígenas por su cercanía al departamento del Cauca y los históricos problemas por la tierra que han existido con las élites. Esto se ha extendido en la sociedad que, por ejemplo, insulta a otra persona diciéndole ‘indio’. La segunda forma de racismo es con la población negra, con la cual existe un pasado esclavista y de segregación”, manifiesta el profesor Enrique Rodríguez. El racismo se intensificó cuando las comunidades fueron más visibles y exigieron mejores condiciones. La profesora Inge Helena Valencia sostuvo que esto explica que las poblaciones fueran marginadas a los barrios de ladera y en el oriente de la ciudad, lo que se conoce como el distrito de Aguablanca, y que además se radicalizara la pobreza.
“En Cali hay una disputa entre raza y clase. Es una ciudad dividida en dos. Los lugares empobrecidos tienen pertenencias raciales. Si se cruzan con los índices violencia y homicidios, son los mismos lugares. Lo que ha sucedido durante estos días exacerbó el racismo y la xenofobia de la ciudad”, expresa la profesora Inge Helena Valencia. “Pertenecer a la etnia afro o indígena está correlacionado a la pobreza y la falta de oportunidades”, añade Rodríguez. ¿Cómo se llegó a esta situación? Los académicos consideraron que la relación entre racismo y pobreza se dio por el no cumplimiento de la promesa de valor con la que llegaron miles de migrantes a Cali, vista en las últimas décadas del siglo XX como la de mayor proyección y crecimiento económico.
Cali tuvo una fuerte migración a mediados y finales del siglo XX, bajo la promesa de encontrar un mejor futuro. “Fue una migración multiestrato, porque la evidencia más clara es que hubo gente prominente de Antioquia y Cundinamarca que llegaron a Cali por ser una buena plaza para los negocios. Otros llegaron desde el Pacífico, por desplazamiento de la violencia o fenómenos naturales en la costa. Y finalmente otro grupo atraído por la burbuja del narcotráfico”, explica Enrique Rodríguez. El asesor de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico, Jesús Flórez, añadió que a eso se sumó la idea de que el empresariado caleño tenía una visión filantrópica de desarrollo. Sin embargo, Flórez sostuvo que esas oportunidades nunca llegaron.
Así fue que Cali empezó a erigirse como la tercera ciudad de Colombia. Pero ante el auge del conflicto armado, los desplazamientos y la cooptación del narcotráfico la ciudad fue perdiendo impulso. Además, los académicos coinciden que la apertura comercial de los años 90, el cierre o venta de varias empresas caleñas y la salida de decenas de multinacionales de la región, sumieron a Cali en una crisis económica de la que no logró salir. Sumado a esto, la pérdida de institucionalidad producto de la corrupción y la captura de los capos del narcotráfico ahondaron la crisis que desencadenó una ola de violencia e inseguridad. Las cifras de desempleo llegaron a máximos históricos y la economía local nunca logró ajustarse al cambio.
Así se esfumó la promesa de que Cali era la capital para que los desplazados por el conflicto, las comunidades más vulnerables de la costa pacífica y quienes buscaban un mejor futuro pudieran salir adelante. “Hubo un momento en el en algún momento a todos los habitantes de Cali les iba a ir bien. Así a la persona llegara sin nada, existía la posibilidad de que su familia iba a lograrlo. Pero esa promesa se acabó en los 90 y no volvimos a tener alguna que le diera esa esperanza a la gente”, dijo el profesor Rodríguez. “El Pacífico ve a Cali como un lugar de esperanza y oportunidades. Pero no es una ciudad de tales características sino de mezquindad”, recalca Jesús Flórez.
La poca capacidad institucional se ha visto reflejada en la poca capacidad para buscar soluciones a lo que hoy sucede en varios puntos de la ciudad. No existen interlocutores válidos que entiendan las peticiones diferenciadas en cada uno de los sectores de Cali en los que hay bloqueos. “En la historia de Cali la inversión pública municipal ha sido muy baja. El PIB per cápita en gasto público es mediocre y en términos relativos es igual o más bajo que en ciudades como Pereira. Cualquier presupuesto de cualquier secretaría de Cali de las últimas décadas es mucho más bajo que los de las capitales como Medellín y Bogotá. Tiene que ver con una política de las élites de descuidar la inversión en la oferta de bienes y servicios”, concluye Urrea.
Mientras las autoridades locales y nacionales intentan abrir espacios de discusión y diálogos, los líderes de los bloqueos insisten en que sus reclamos no están siendo escuchados y la respuesta ha sido militarización y el abuso policial. Gritos de un lado a otro y posiciones radicales, han provocado que se paren varias personas de las mesas de negociación. Para los académicos, lo que hoy sucede es que en Cali chocan muchas gobernanzas, tanto legales como ilegales, que han exacerbado la violencia y, hasta cierto punto, promovido la paraestatalidad. La solución que plantean es, por un lado, calmar el hambre que dejó la crisis económica, y por el otro, retomar los programas de intervención en los barrios populares.
“Hay una necesidad de agendas de intervención locales y diferencias a partir de las peticiones de quienes están tras los bloqueos, porque sus reclamos y entornos son distintos. Llamó la atención de que la alcaldía de Ospina acabara con el programa TIOS (Territorios de Inclusión y Oportunidades), el cual debe volver a retomarse”, indicó Inge Valencia. A su vez, Fernando Urrea propuso la creación de ollas comunitarias y abrir verdaderos espacios de diálogo. Propacífico, que reúne a los empresarios para formular planes de desarrollo, propuso un programa de educación que beneficie a los jóvenes de estas poblaciones para formar perfiles específicos que permitan ubicarlos laboralmente y reactivar la economía de la región.
Lejos de encontrar una pronta salida, el llamado a las autoridades es a desescalar el conflicto, para evitar episodios como el ataque con armas de civiles a la Minga Indígena en el sur de Cali y ante la mirada de las autoridades. “Hay que desescalar el conflicto y que el gobierno entienda que es peor militarizar la ciudad y enfrentar a la población. Es un hecho que hubo actos vandálicos, que repruebo, pero que se han dado en muchos países. Hoy en día los fenómenos de movilización vienen con esos componentes desagradables. No podemos permitir que se haga la lectura de que esto es un tema terrorista, porque si se cae en ese tipo de discurso paranoico, no hay posibilidades de entender lo que sucede en Cali, donde se mezcla el hambre y la pobreza con temas raciales y étnicos”, sintetiza el profesor Fernando Urrea.
Si bien en la última década se buscó la forma de repuntar y salir adelante, la pandemia creó una bomba social que estalló con el anuncio de la reforma tributaria. Fue el detonante para que hoy miles de jóvenes salieran a las calles. La ciudad pasó de tener 558.360 personas a 934.350 en pobreza monetaria, es decir, el 36,6 por ciento de los caleños, la tercera parte de la ciudad. En Cali la informalidad es la tendencia, por lo que el confinamiento aumentó el hambre y el desempleo. Además, la clase media se redujo en un 22 por ciento (256.000 personas) y la clase alta bajó en 16 por ciento (11.000 personas). “Por eso los bloqueos se dieron en las zonas más pobres que tienen las necesidades básicas insatisfechas”, agregó la profesora Valencia.
Los datos sobre el impacto de la pandemia por hogares vulnerables en Cali, se comprobó que las cifras más altas de contagio se dieron en los barrios de alta concentración de población afro e indígena. Reproduce de manera dramática esta relación entre muertos por la pandemia y pobreza. Hay una relación estrecha entre las áreas marginales y los efectos del confinamiento.
En la capital del Valle ya se ven los efectos del desabastecimiento de combustible, con largas filas de carros en las estaciones de servicio, y de comida. Algunos precios han subido y los supermercados no dan abasto.
—https://www.msn.com/es-co/noticias/Colombia/racismo-pobreza-y-hambre-la-bomba-social-de-cali-en-el-paro-nacional/ar-BB1gLZOW
Castilla-La Mancha ha impuesto, tras el Estado de Alarma, un régimen de visitas y estancia en residencias de la tercera edad que impone a sus residentes un régimen análogo al de las prisiones españolas y que ha sido avalado por el Tribunal Superior de Justicia. Leer más
El 60 por ciento de la policía y el ejército dicen que apoyarán a la fascista Marine Le Pen en las elecciones presidenciales francesas del próximo año, y el número será aún mayor entre la policía en servicio activo, ya que Le Pen es proclive a la mano dura en los barrios pobres de Francia. Leer más
RSS/Feeds