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Categoría: Represión (página 37 de 67)

Twitter ha censurado la cuenta de mp21info (@smolny7) con el pretexto de la pandemia

La cuenta que manteníamos en Twitter (@smolny7) ha sido censurada con el pretexto de “divulgar información engañosa y potencialmente perjudicial en relación con la COVID-19”. Los caciques de la red se refieren a una noticia que no tenía relación directa con la pandemia, ya que se refería a una demanda interpuesta en California el lunes de esta semana por una organización de médicos estadounidenses, la America’s Frontline Doctors, a fin de que los tribunales paralicen las inoculaciones con las vacunas que la FDA ha aprobado con carácter de urgencia.

Dicha noticia enlazaba con su correspondiente fuente, que a su vez estaba documentada por referencias originales (1), incluida la propia demanda, es decir, un artículo muy bien documentado.

Ya que a Twitter no le gusta la información rigurosa, la ampliamos aquí.

Los demandantes fundamentaban su petición en dos factores pricipales. El primero es el carácter experimental de las vacunas aprobadas y el segundo la falsificación de la base de datos Vaers que documenta las muertes y efectos adversos de las vacunas.

La petición también se centra en los menores de 18 años, en aquellos que ya han sido diagnosticados como “covid” y, en consecuencia, ya tienen una “inmunidad natural” y, finalmente, en las personas que no han prestado un consentimiento informado.

Los médicos demandantes publicaron un comunicado de prensa (2). La demanda presentada tiene 67 páginas y también se puede consultar en internet (3). Aparte de los argumentos que ya hemos expuesto aquí varias veces sobre este tipo de vacunas, la demanda añade también la declaración de una informática profesional que denuncia la falsificación de los datos consignados en la base de datos Vaers.

Dicha informática realizó una declaración jurada en la que alega que el número real de muertes relacionadas con las vacunas contra el coronavirus en Estados Unidos hasta el 9 de julio se acerca a las 45.000, mientras que en la base de datos sólo aparecen 10.991, de las que 4.593 se produjeron en las 72 horas siguientes a la vacunación.

Para demostrarlo la informática ha accedido a los datos de CMS (Medicare y Medicaid), desarrollando más de 100 algoritmos distintos de fraude sanitario.

En su declaración dice: “A partir del 9 de julio de 2021, se han registrado 9.048 muertes en el Vaers. He verificado estas cifras recogiendo yo misma todos los datos del Vaers, sin depender de un tercero para contarlos. Por último, consulté los datos de reclamaciones médicas de los CMS en relación con la vacuna y las muertes de los pacientes, y calculé que las muertes en los tres días siguientes a la vacunación superaban a las notificadas en el Vaers en un factor de al menos 5. Esto indicaría que el verdadero número de muertes relacionadas con la vacuna era de al menos 45.000. En perspectiva, la vacuna contra la gripe porcina se retiró del mercado cuando sólo había causado 53 muertes”.

En el comunicado de prensa los médicos sostienen que el consentimiento informado es imposible cuando los datos de seguridad no son precisos: “Es ilegal e inconstitucional administrar agentes experimentales a personas que no pueden tomar una decisión informada sobre los verdaderos beneficios y riesgos de la vacuna de forma independiente. Deben tener una edad o capacidad para tomar decisiones informadas y haber recibido toda la información sobre los riesgos/beneficios necesaria para tomar una decisión informada”.

Uno de los nombres que aparecen en la demanda es el de Deborah Sobczak, madre de dos jóvenes de 15 y 17 años, quien ha manifestado públicamente lo siguiente: “Mis hijos no serán objeto de experimentos. ¿Qué clase de monstruos estamos permitiendo que nos controlen? Niños perfectamente sanos han desarrollado inflamaciones cardíacas, hemorragias cerebrales e incluso han muerto. Ya he tenido suficiente. No sacrificaré a mis hijos para que una empresa farmacéutica pueda experimentar con ella. Esta locura debe terminar”.

(1) https://www.algora.com/Algora_blog/2021/07/21/federal-lawsuit-seeks-immediate-halt-of-covid-vaccines-cites-whistleblower-testimony-claiming-cdc-is-under-counting-vaccine-deaths
(2) https://americasfrontlinedoctors.org/press_releases/aflds-files-lawsuit-seeking-immediate-injunctive-relief-revoking-the-emergency-use-of-covid-19-vaccines-based-on-disturbing-new-mortality-data/
(3) https://img1.wsimg.com/blobby/go/3c6a0774-cfad-46fa-aa97-af5aa5e74f00/M%20for%20PI%20file%20stamped.pdf

¡La nueva Inquisición no quiere que nadie lea este tipo de noticias!
¡Es un motivo más que suficiente para difundirlas!

El confinamiento de 300 estudiantes en un hotel de Mallorca es un secuestro colectivo

El juzgado de instrucción número 12 de Palma ha iniciado la tramitación de una de las querellas que se presentaron contra la directora general de Salud Pública del Govern, Maria Antònia Font, por la “detención ilegal” de unos 300 estudiantes que estaban en Mallorca de viaje de fin de curso.

La responsable de la Sanidad balear ha sido citada a declarar como investigada el próximo día 7 de septiembre (*).

Poco a poco los responsables políticos y sanitarios irán desfilando por los juzgados y algunos acabarán en la cárcel porque ninguna de las medidas que han ido aprobando a lo largo del año y medio de pandemia es legal. Desde luego que deberán indemnizar a todos los establecimientos comerciales que han permanecido cerrados y con restricciones de aforo o de horario.

Además de ordenar un secuestro colectivo, cuando Font firmó la orden de encierro, los jóvenes ya llevaban dos días sin poder salir del hotel, por lo que hay un delito de falsificación de documento público.

Los juzgados de Palma se han repartido las tres denuncias presentadas por las madres de tres de los estudiantes, que denunciaron su secuestro en el “hotel covid”.

Además de estas denuncias por detención ilegal, más de 200 estudiantes presentaron escritos de habeas corpus en el juzgado de guardia, pidiendo que se les permitiera salir del hotel. Los dos jueces de Palma que tramitaron estas peticiones coincidieron en la misma interpretación: no apreciaron el delito de detención ilegal y se quitaron el asunto de encima diciendo que se trataba un “conflicto administrativo”.

Fue la policía la que se tuvo que quejar porque estaba actuando sin el respaldo de una resolución administrativa por escrito, ya que solo se contaba con una orden verbal. Aún así, llevaron a cabo el secuestro a instancias de la autoridad sanitaria.

Días más tarde una jueza de lo contencioso anuló la resolución de Font. La magistrada acusó a la conselleria de Salud de encerrar a los jóvenes sin demostrar siquiera que hubieran tenido contacto estrecho con los turistas contagiados.

El Govern no envió a la magistrada la documentación sobre el caso porque no había ningñun papel: el secuestro se había llevado a cabo por la cara.

Al gobierno balear le ha faltado tiempo para criticar a los jueces con el argumento consabido: “hicimos lo que teníamos que hacer”, “el fin justifica los medios”, “salvamos vidas”… Los responsables del Govern respaldaron la decisión de la directora general y dijeron que era la única medida que en ese momento se podía tomar.

Ahora han vuelto a decir lo mismo: “El Govern considera que la actuación fue proporcionada y siempre atendiendo a un criterio fundamental para esta Administración: la defensa y protección de la población”. Las leyes no son suficientes y tienen que recurrir a las ilegalidades “por el bien común”.

Es delirante leer este tipo de idioteces a la cloaca seudoprogre. Hasta ahora han dicho y hecho lo que es da la gana, pero a partir de ahora les van a llover los palos.

(*) https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2021/07/20/juez-detencion-ilegal-macrobrote-baleares-coronavirus-en-mallorca-55256367.html

Los Estados y las multinacionales informáticas venden las armas de piratería al mejor postor

Como en el mundo real, en el virtual no hay ninguna diferencia entre un Estado y un delincuente. Quien fabrica las herramientas de piratería informática son los Estados más fuertes del mundo y las multinacionales del sector. Las utilizan y luego las venden al mejor postor. Es un comercio tan ilegal como el tráfico de armas convencionales.

El precio del programa Pegasus de piratería es de 20 millones de dólares. Sin embargo, por esa cantidad el comprador sólo puede rastrear 10 dispositivos al mismo tiempo y en un solo país. Se necesitan otros 1,8 millones de dólares para rastrear 15 más. Para rastrear 25 dispositivos en más de 5 países simultáneamente precio sube otros 6,5 millones (*).

Son como las piezas de repuesto de cualquier vehículo: primero te la venden y cuando se estropea, te la vuelven a vender otra vez, por un precio aún más elevado. Además de los Estados, en la piratería informática están involucrados los grandes monopolios tecnológicos, como Microsoft o Google.

Estas empresas se atacan a sí mismas. Por ejemplo, Citizen Lab, un departamento de la Universidad de Toronto, en Canadá, fue contratado por Microsoft para atacar su propio sistema operativo Windows en España y en otros países del mundo con un programa espía conocido por DevilsTongue que aprovechaba los agujeros de Windows, Google Chrome e Internet Explorer.

Los piratas de DevilsTongue identificaron 750 dominios para desplegar un programa espía con el que vigilaron a más de un centenar de colectivos populares, políticos y periodistas.

Pero Microsoft realiza ataques informáticos por el bien, no por el mal, como los delincuentes. Lo llaman “piratería ética”. No ataca sino que se defiende de un ataque: “Las armas que desactivamos se utilizaron en ataques de precisión que tuvieron como objetivo a más de 100 víctimas en todo el mundo”, escribe Cristin Goodwin, directora general de la Unidad de Seguridad Digital de Microsoft.

Como ocurre en el mundo del hampa, las empresas se ponen un apodo, que en este caso fue “Sourgum”, que no es otro que Candiru, que a su vez comercializa las herramientas de piratería informática del espionaje israelí.

Los dos agujeros fueron los puntos de partida de una cadena de ataques diseñados para desplegar el programa DevilsTongue, que permite robar archivos, robar identificadores (y cookies de sesión) para apoderarse de las cuentas de la víctima, o leer los mensajes recibidos en cualquier aplicación informática.

Es un mecanismo de espionaje construido para evitar las medidas de detección de Windows. Microsoft la describe como un “arma informática”, aunque sus víctimas son civiles, vigilados por sus propios gobiernos: militantes políticos y sociales, políticos, periodistas, académicos, funcionarios de las embajadas…

Candiru se creó en 2014, aunque ha cambiado de nombre varias veces. Recuerda a otro pirata, NSO Group, cuyo programa espía Pegasus fue utilizado para preparar el asesinato del periodista saudí Jamal Kashoggi. Los gobiernos afirman que recurren a la piratería en la “lucha antiterrorista” o a la captura de “delincuentes”, pero se ha demostrado una y otra vez que se utilizan principalmente para controlar a la población, para la represión y la censura.

(*) https://www.theregister.com/2021/07/16/microsoft_candiru_malware/

Francia legaliza las bandas parapoliciales para que controlen los barrios

En tiempos de Sarkozy el Ministerio de Interior legalizó a las bandas de “vecinos vigilantes” para controlar los barrios y municipios de Francia con una policía paralela. Incluso lo llamaron “participación ciudadana” (1).

En 2019 el Ministerio de Interior publicó una nueva circular, en la que se definía con mayor precisión el plan, que ya ha sido adoptado por 5.600 municipios (2).

Las pandillas de “vecinos vigilantes” las promueven el Estado y los ayuntamientos porque fortalecen los vínculos entre la policía y la población, aseguraba el Ministerio del Interior en 2015. Se trata de un “enfoque asociativo y solidario que implica a los cargos electos y a la población de un barrio o municipio en la protección de su entorno”, en colaboración con la policía local. “El dispositivo está estrictamente supervisado por la gendarmería, lo que garantiza que el compromiso de los ciudadanos no conduzca a la adquisición de prerrogativas que son responsabilidad exclusiva de la policía”, dice el folleto participación ciudadana (3).

Pero no es exactamente un proyecto exclusivamente público, ya que también participa una empresa de seguridad privada llamada VVS (Vecinos Vigilantes y Solidarios). La empresa VVS se inspiró en los “Neighbourhood Watch” anglosajones, que también son iniciativas púbicas y privadas a la vez. Ofrece a los ayuntamientos y vecinos la posibilidad de unirse a su red social para organizar la policia paralela.

Como en cualquier otra red social es posible crear un perfil personal, establecer una policía propia, publicar información o alertas en un diario, una especie de fuente de noticias, e intercambiar mensajes con otros miembros de la red. Cuando un ayuntamiento se adhiere, y se convierte en un “ayuntamiento vigilante”, puede informar a los vecinos de los posibles peligros. Para ello, contrata con la empresa un número predefinido de mensajes SMS que se envian a través de la red.

La empresa también ofrece a los particulares o a los ayuntamientos la posibilidad de comprar una señalización “disuasoria” con carteles o pegatinas que amenza a los transeúntes de que están caminando por una zona “vigilada”. Un documento indica que los “vecinos vigilantes” pretenden sensibilizar a los habitantes implicándolos en la protección de su propio entorno” (4).

En un informe VVS explica su objetivo: “Atentos a su barrio, los vecinos vigilantes y solidarios detectan acontecimientos inusuales […] Los comunican a todos sus vecinos mediante una alerta. La plataforma de comunicación “también permite a los vecinos intercambiar opiniones sobre temas distintos a la seguridad. Gracias a las herramientas puestas en marcha, pueden, por ejemplo, ocuparse de la vida del barrio” (5).

Cada red opera dentro una determinada zona geográfica y está dirigida por referente o persona de contacto. Son los vigilantes de los vigilantes. Puede ser nombrados por un ayuntamiento que sea un miembro de la red, aunque cualquiera puede convertirse automáticamente en referente al crear una red. Se encarga de transmitir la información al ayuntamiento o a la policía y de reclutar nuevos miembros para la banda.

Los miembros de “participación ciudadana” están bajo a supervisión de la policía o la gendarmería y el ayuntamiento.

Según la empresa, en 2017 la red cuenta ya con 500 municipios y 25.804 comunidades, que incluiyen a 250.000 viviendas, por lo que se trata de un fenómeno de masas, explica el sociólogo Matthjis Gardenier en un estudio (6).

El procedimiento de registro para convertirse en un vigilante solicita una gran cantidad de datos: nombre, número de teléfono, dirección postal y correo electrónico. Para certificar que la dirección es la correcta, lo cual imprescindible para integrar una “red” en un territorio determinado, el socio debe geolocalizarse o facilitar a la empresa un certificado de residencia.

La recopilación de datos sobre una población paranoica de la seguridad es una importante fuente de beneficios. Las empresas de seguridad privada comercializan sus mercancías, puertas blindadas, sistemas de alarma y videovigilancia.

Una empresa francesa, Mitrust, especializada en el intercambio de datos y alojada por Microsoft, certifica los datos, que la empresa VVS almacenan en los servidores de Scaleway, una filial del grupo Iliad. Al abandonar la red, los datos recogidos se conservan durante cinco años.

Las policías vecinales paralelas son otra muestra de un nuevo tipo de represión, típicamente fascista, caracterizada por el consenso. Es una represión participativa. Al Estado le interesa que los ciudadanos participen en la represión de sí mismos.

(1) https://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ141013406.html
(2) https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=44631
(3) https://www.interieur.gouv.fr/content/download/84435/618923/file/brochure_particpation_citoyenne.pdf
(4) https://www.voisinsvigilants.org/download/index/doc/projet_de_protocole_voisins_vigilants
(5) https://www.voisinsvigilants.org/download/index/doc/dossier_presse
(6) Matthijs Gardenier, La communauté au service de la surveillance: capital social, lien social et figure de l’ennemi. Essai de typologie des ‘Voisins vigilants’, Revue Européenne des Sciences Sociales, 2020/2(58-2), pg. 189-216.

¡ Vivan las caenas !

El Tribunal Constitucional ha dictaminado una obviedad: que el estado de alarma vulnera las garantías y libertades fundamentales. Cualquier demanda que se interponga en un organismo judicial europeo ante los múltiples atropellos propiciados con la excusa de la pandemia, dictaminará lo mismo, porque estamos ante un Golpe de Estado como nunca se había conocido a lo largo de la historia.

Como en España dicho Golpe de Estado lo ha propiciado un gobierno del PSOE y Podemos, y como el demandante ha sido la organización fascista Vox, el jueguecito de los reformistas está servido. Les ha faltado tiempo para mostrarse agarrados al cargo para defender lo indefendible con uñas y dientes, como vienen haciendo desde hace un año.

Han matado a 80.000 personas a lo largo del estado de alarma y gentuza como Ione Belarra no tienen empacho en decir que lo hicieron para “salvar vidas”.

Ahora ya no respetan las decisiones judiciales como antes. Se han dado cuenta de que los magistrados del Tribunal Constitucional son fascistas, mientras que los del Tribunal Supremo que condenaron a los encausados del “procès” por sedición, no lo eran; y los de la Audiencia Nacional, tampoco.

Hemos llegado a tal punto de confusión que, por fin, hemos empezado a hablar de fascismo, pero ya no sabemos quiénes son fascistas y quiénes no. Hace 200 años los revolucionarios salían a calle gritando “¡Libertad!”, mientras a la clerigalla le gustaban las cadenas y grilletes. Ahora la situación ha dado una vuelta de 180 grados.

A los “progres” de pacotilla les ha entusiasmado ver encerrados a 200 jóvenes en un hotel de Mallorca por orden administrativa, que es como el ejército israelí encierra a los palestinos sin cometer ningún delito.

La demagogia reformista consiste en decir que los fascistas son los de Vox. Los del PP sólo son conservadores. Pero todos participan en la misma farsa institucional. Al comienzo Vox criticó al gobierno del PSOE y Podemos porque no había impuesto el estado de alarma y, después de la primera prórroga, en la que votaron a favor, lo siguió criticando por lo contrario.

Suele ocurrir muy a menudo entre los bocazas. Vale todo.

Lo realmente preocupante es que España ha vivido más de un año bajo una ley marcial impuesta por un gobierno reformista, algo que no tiene precedentes. Durante el franquismo los estados de excepción, normalmente, eran de sólo un mes y jamas pusieron un bozal en el hocico de las personas de manera masiva, ni las mantuvieron semanas encerradas en sus casas.

Este gobierno de farsantes, que sacó votos con el engaño de la derogación de la ley mordaza, la aplicó masivamente, imponiendo 1.400.000 multas, lo que tampoco tiene ninguna clase de precedentes históricos.

De esta manera los reformistas son quienes han impuesto el terrorismo de Estado y han dejado la calle para los fascistas, ostentando la bandera de la “Libertad”. Luego se extrañan de que en los barrios populares no les votan y del “auge de la ultraderecha”. Se lo han servido en bandeja.

La sentencia del Tribunal Constitucional es otro fracaso del montaje orquestado en torno a la pandemia y cada día seguirán llegando más, de todos los tipos diferentes, no sólo en forma de papeles, de sentencias judiciales o de artículos científicos, sino de movilizaciones en la calle.

En todo el mundo los estados de emergencia han profundizado una crisis económica anterior que ya no se refleja sólo en despidos masivos, sino en hambre y en familias arrojadas de sus viviendas. Los que han permanecido confinados en sus casas junto a la estufa y al ordenador, deberían pensar en cojer la pancarta y salir a calle de nuevo, como ayer en París.

¿O seguirán con la tontería de que los que salen a calle a protestar contra los pasaportes sanitarios y la vacunación obligatoria son la famosa “ultraderecha”?, ¿seguirán aferrados a las cadenas y quieren que todos hagan como ellos?

Alemania prohibe al Partido Comunista participar en las próximas elecciones federales

Alemania ha prohibido al Partido Comunista (DKP) participar en las próximas elecciones federales de setiembre y también ha amenazado con impedirle funcionar como partido político (1).

La persecución de los comunistas tiene una larga tradición en Alemania. En 1919 asesinaron a Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht y Leo Jogiches. En 1933 los nazis inauguraron los campos de concentración con sus militantes. En 1956 volvieron a prohibir el Partido Comunista (KPD) y, luego, fueron depurados de la administración pública. Les impidieron ejercer la docencia y trabajar como empleados de correos.

Pero la caza de brujas continúa “por medios burocráticos”, como ha dicho su Presidente, Patrik Köbele. En marzo se reveló oficialmente que miembros del Partido Comunista eran vigilados por el espionaje alemán.

En 2004 el periódico de las juventudes “Junge Welt” fue clasificado como “extremista” por la oficina alemana de protección de la constitución, el servicio de seguridad intrior (2).

A partir de entonces, el periódico no se puede anunciar y sufre el boicot de las imprentas y los centros de distribución.

Una cadena de supermercados intentó prohibir su venta en el departamento de prensa apoyándose en el informe del espionaje. En las salas de lectura de las bibliotecas públicas aparece el mensaje “recurso no deseado” cuando se intenta acceder al sitio web.

El 12 de marzo publicaron una carta abierta en la que pedían a los grupos parlamentarios de todos los partidos representados en el Bundestag que respondieran a las siguientes preguntas: “¿Consideran que estas acciones de las autoridades federales contra el periódico son compatibles con la libertad de expresión y la libertad de prensa, garantizadas por la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania?, ¿Cree usted que es aceptable que un diario sea sometido a severas restricciones publicitarias simplemente porque a una autoridad no le gusta la opinión expresada en el periódico? ¿Qué medidas puede tomar su grupo parlamentario para defender el periódico?”

Sólo los Verdes y Die Linke respondieron; los demás guardaron silencio. Amira Mohamed Ali y Dietmar Bartsch, dirigentes de Die Linke en el Bundestag, emitieron una declaración: “La libertad de prensa no es sólo un derecho constitucional, sino que debe aplicarse en la práctica, y esto también se aplica a todos los periódicos”.

Los diputados de Die Linke presentaron una solicitud de investigación parlamentaria, firmada por 52 diputados, que se publicó en el sitio web del Bundestag. Se pregunta: “¿Es el análisis marxista inconstitucional? ¿Es lícito hablar de una sociedad de clases y hacer una crítica de principios al capitalismo en relación con la sociedad alemana? ¿Es admisible que un organismo gubernamental evalúe la posición política de un diario y, por tanto, influya en sus actividades?”

(1) http://www.solidnet.org/article/German-CP-Call-for-solidarity-German-Communist-Party-not-admitted-to-the-elections-and-will-be-deprived-of-its-status-as-a-political-party/
(2) https://gazeta-pravda.ru/issue/54-31114-27-maya-2021-goda/nezhelatelnyy-resurs/?sphrase_id=110383

Pandemia: la mayor tregua política y social jamás conocida en la historia

El 17 de marzo del año pasado el presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, anunció por televisión la prohibición de todas las manifestaciones callejeras con el pretexto de “luchar contra el virus”.

En aquel momento la “hirak”, las protestas populares contra el gobierno, estaban en pleno apogeo desde un año antes. Pero también en Argelia, la salud está por encima de todo. La pandemia fue un balón de oxígeno que era necesario inventar, porque para frenar las protestas no eran suficientes los antidisturbios.

En efecto, en aquel momento en Argelia la sanidad sólo podía imputar 5 muertes al virus y 67 “casos”, es decir, nada de nada.

“Todos juntos, pero cada uno en su casa”, fue la fórmula que difundió el diario italiano La Republica para que los gobiernos lograran la mayor tregua política y social jamás conocida en la historia. La pandemia ha logrado hacer realidad el viejo sueño de la “paz social”. De casa al trabajo y del trabajo a casa. Las calles están para que los vehículos circulen.

El gobierno argelino impuso las mismas medidas draconianas que los demás: prohibición de reuniones, cierre de lugares de culto, escuelas, cafés, restaurantes, comercios minoristas, cierre de fronteras…

Los dirigentes de la ‘hirak’ apoyaron la respuesta del gobierno a la pandemia. Un diario independiente, como El-Watan, habló de una “tregua sanitaria”. El movimiento saltó a las redes sociales, es decir, se metió en una ratonera de denuncias retóricas: la gestión del gobierno era mala, había más muertos de lo que decían las cifras oficiales…

En Argelia la pandemia logró lo que la policía no había alcanzado: vaciar las calles, silenciar las protestas. “Un consenso tácito está en vías de formarse para suspender la ‘hirak’ durante tres o cuatro semanas”, decía uno de los representantes del movimiento en las redes sociales.

Otro pedía ingenuamente que el gobierno también decretara una tregua por los mismos motivos. La salud es un valor supremo y un motivo de “unidad nacional”, escribía en Facebook el vicepresidente de la Liga argelina de Defensa de los Derechos Humanos.

Pero el toque de queda no frenó la represión política. La policía aprovechó la situación para detener a algunos dirigentes del movimiento, incluidos los que habían devuelto a los manifestantes a sus casas porque “la salud está por encima de todo”.

La policía, los fiscales y los jueces les demostraron que la salud no está por encima de todos, sino sólo de algunos.

Los incautos creyeron en la pandemia y creyeron también que sus estragos pondrían de manifiesto el pésimo estado de la sanidad y los hospitales, lo que redoblaría las energías y las movilizaciones.

También creyeron en la tregua, es decir, en que después de quedarse en casa durante meses, millones de personas volverían a salir a la calle. No ha ocurrido nada de eso. Ahora la iniciativa la tiene el gobierno. Quien se la ha servido en bandeja no ha sido un virus, ni un toque de queda, sino los reformistas que encabezaban el movimiento y a las primeras de cambio se volvieron a casa.

No sólo ha ocurrido en Argelia. ¿Recuerdan a los chalecos amarillos en Francia? En todo el mundo ha ocurrido lo mismo. Los gobiernos más reaccionarios no serían nada sin el apoyo de esos reformistas que protestan… hasta que llega un virus invisible y terrorífico que lo estropea todo.

Sobre la ley (del más fuerte)

Los individuos se encuentran sometidos a las arbitrariedades del aparato represivo del Estado, y la separación de los poderes ejecutivo y judicial sigue constituyendo todavía un problema no resuelto en la práctica de los procesos y, en particular, de los procesos políticos” (1).

¡Han indultado a unos presos políticos independentistas! Esta ha sido la noticia que ha llenado las páginas de los periódicos y los noticieros televisivos y radiofónicos durante unas semanas. Algunos han aludido al “derecho”, a la “ley”, esta toma de decisiones. Otros aludiendo a lo mismo han rechazado el indulto. Otros han aludido a una decisión política oportunista. Otros han reclamando una amnistía para los presos independentistas, que no para el resto de presos políticos. En fin para todos los gustos.

Sentencias, alegatos, apelaciones, más sentencias, recursos a distintos tribunales autóctonos o extranjeros, y un sinfín de argumentaciones que si es delito haber convocado un referéndum, que si es sedición, que si es un derecho amparado internacionalmente… cuando la cosa no fue a mayores y, pienso que a estas alturas se puede afirmar que nunca pasó por la cabeza de los convocantes ir más allá de un amago, arrastrando tras de sí una parte de la población de Catalunya que creyó a pies juntillas los discursos emanados, cuyo objetivo real no era otro que el tira y afloja para el reparto del pastel presupuestario.

Pero el peligro real consistía en la activación de una inmensa masa de población que se organizó con el deseo de ser sujeto de la política, que hubiera podido ser un ejemplo para futuros propósitos emancipatorios, los cuales podían apuntar más allá de los discursos meramente territoriales de los convocantes y sobrepasarlos. Esta “disfunción” entre la élite política y un considerable movimiento de masas activado, provocó el temor suficiente para dejar las cosas como en un ensayo pero sin llegar a la finalización de la obra.

En dicho ensayo, la élite política catalana no tuvo en cuenta que había otros políticos que también deseaban un pedazo mayor de tarta. Y tampoco tuvieron en cuenta que desde hace muchísimos años no existe la denominada división de poderes. El poder es único y engloba la economía, la política, la justicia y las fuerzas armadas, de lo contrario no existiría el poder. Y para existir, además, hay que ejercerlo, y en este ejercicio es equivalente la pena y el perdón, la cárcel y el indulto.

El Derecho es un sistema de relaciones sociales en total sintonía con los intereses de la clase dominante y puesto en práctica por el poder de dicha clase para asegurar su hegemonía, pero al mismo tiempo es también utilizado para dirimir conflictos entre fracciones de la propia clase dominante, como ha sido todo el entramado legal relativo al “conflicto catalán”.

“Quisiera, en particular, que, al igual que en todos los campos del conocimiento y de la consciencia, en el campo del Derecho, que no nos limitáramos a “cambiar el nombre de las calles” o a “poner los letreros del revés” sino que trabajáramos con afán en una demolición y en una reorganización radicales… Todavía está muy de moda limitarse a cambiar el nombre de las calles en vez de rehacer el empedrado, o pintar de rojo las viejas paredes que se derrumban en vez de rehacerlas radicalmente” (2).

(1) Juan Antonio Delval. Introducción al libro “De los delitos y las penas” de Cesare Beccaria. Alianza Editorial. 1982
(2) Pëtr Ivanovic Stucka. La función revolucionaria del derecho y del estado. 1921

La policía ugandesa ha asesinado a dos vendedores ambulantes para imponer el confinamiento

A finales de junio el gobierno ugandés declaró un confinamiento de 42 días con el pretexto de un aumento de “casos” de coronavirus en el pais, aunque fueron muchos los que violaron las restricciones para viajar a Kampala, la capital, porque tienen que comer todos los días.

La imposición de la orden de confinamiento ha sido brutal. Al menos dos vendedores ambulantes han sido asesinados por la policía. Más de 200 personas fueron detenidas mientras trabajaban en el centro de la ciudad.

“Nos movemos porque no tenemos nada que comer, pero ¿y si tuviéramos algo que comer? No podíamos ser arrestados. Nos detienen porque lo único que hacíamos era movernos, vender para conseguir algo de comer”, dijo Musa Kalyango, un vendedor ambulante de 30 años.

La policía ugandesa controla la prohibición de desplazarse entre los barrios y patrulla por el centro de la capital para hacer cumplir el nuevo toque de queda. Tiene la orden de detener e incautar los bienes pertenecientes a los vendedores ambulantes. En ocasiones han dispersado a los vendedores ambulantes que violan el confinamiento.

“Las órdenes consisten en asegurarse que los vendedores ambulantes no se instalaran en el borde de la carretera, pero desgraciadamente encontramos a muchos haciéndolo y más de 200 fueron detenidos”, dijo Luke Owoyesigire, portavoz de la policía de Kampala.

Muchas personas ya no pueden seguir trabajando. La policía y el ejército ugandeses se han desplegado para expulsar a la gente de las carreteras que conducen a Kampala. También hay controles de carretera en todas las fronteras de los barrios. Las restricciones a los viajes han afectado a los pequeños comerciantes.

En Uganda el 69 por ciento de la población vive con menos de un dólar al día y se ve obligada a pasar hambre por los organismos financieros internacionales y la corrupción política.

En virtud del nuevo confinamiento, sólo se permite la apertura de farmacias, supermercados y otras tiendas de productos de primera necesidad.

El transporte público también está suspendido, y sólo los transportistas de carga y los vuelos están exentos de la prohibición.

Uganda pidió un préstamo casi 1.000 millones de dólares el año pasado con el pretexto de la “lucha contra el covid”, pero una auditoría ha revelado que se robaron millones o se gastaron indebidamente.

El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial conceden créditos de cientos de millones de dólares a los países con la condición de imponer estrictos confinamientos y restricciones a los movimientos de la población civil. Hace unos meses a Bielorrusia le ofrecieron un préstamo de 940 millones de dólares, que el presidente Lukashenko rechazó.

—https://www.africanews.com/2021/06/25/uganda-arrests-street-vendors-defying-virus-lockdown//

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