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«Los establecimientos de hostelería y restauración limitarán el aforo al cincuenta por ciento, tanto en espacios interiores como exteriores, no estando permitido el consumo en barra«. Las casas de apuestas que proliferan en las 37 áreas sanitarias, podrán continuar su actividad, gracias a una argucia interpretativa de los redactores de la orden de la CAM. Leer más
No es el confinamiento «de Ayuso» ni de «la derecha». El Estado está involucrado, y con él todos los partidos con responsabilidades de gobierno (PSOE, Podemos, PP, C’s y VOX). El anuncio que realizó el Viceconsejero de Sanidad de la CAM, Antonio Zapatero, fue previamente pactado con el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, y apoyado por el resto de partidos. Leer más
En África la pandemia ha funcionado de manera parecida a otros lugares. Ha habido muchos más histéricos que enfermos. Las previsiones también eran aterradoras para unos sistemas de salud inexistentes o en manos de “benefactores” extranjeros, es decir, del colonialismo sanitario. Los cadáveres se iban a amontonar en las calles.
Los augurios más optimistas del Imperial College de Londres predijeron “sólo” 300.000 muertes. Los “expertos” de la Organización Mundial de la Salud volvieron a hacer el ridículo: 10 millones de “casos” en seis meses (1).
Muchos países africanos adoptaron medidas draconianas para ganarse el favor de las instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial. Si no confinaban no había más dinero. También debían agradar a las multinacionales farmacéuticas y las ONG para que el dinero y los equipos sigan llegando.
Otros lo hicieron por imitar lo que hacían sus amos, e incluso trataron de apretar aún más la soga. Cerraron las fronteras, las escuelas, los negocios y los barrios populares. Impusieron toques de queda y prohibieron las reuniones y celebraciones colectivas.
En Uganda paralizaron hasta el funcionamiento del transporte público. El gobierno de Kampala realizó más de 350.000 pruebas de coronavirus. Las previsiones eran de 68.000 muertes si no tomaban ninguna medida y el balance real es de… 60 muertes (2) para una población del tamaño de España.
Un continente con una población de 1.300 millones de habitantes ha tenido menos muertes atribuidas al virus que Reino Unido. No es posible hablar en serio de epidemia con cifras de esa escala, por lo que hay que volver a analizar el reverso, los estragos de las medidas represivas aprobadas, con la advertencia de que el impacto del confinamiento en cualquier africano es considerablemente peor que en un país europeo.
En África se ha vuelto a cumplir el viejo principio sanitario de que es peor el remedio que la enfermedad.
El confinamiento ha multiplicado exponencialmente el hambre, las muertes por hambre y las enfermedades asociadas al hambre, que son fácilmente olvidables cuando sólo se habla de una única enfermedad.
En Uganda, donde no hay ninguna epidemia, las fronteras siguen cerradas, lo mismo que el toque de queda. El presupuesto de salud se consumió en sólo tres meses.
Como en el resto de África, la atención exclusiva al coronavirus impide la detección y tratamiento de otras enfermedades, como la malaria o la tuberculosis. En Angola contabilizan 126 muertes atribuidas al coronavirus, lo que contrasta con las 2.500 muertes por paludismo en el primer trimestre de este año.
La mortalidad maternal se ha disparado instantáneamente, pasando de 92 muertes en enero a 167 en marzo.
El temor es que más personas mueran por otras enfermedades diferentes del monotema pandémico de la OMS.
Lo mismo que en los demás países histerizados, los suicidios se han disparado. En países como Angola, Kenia y Uganda, la policía ha matado a las personas para imponer el toque de queda y otras han sido golpeadas y tiroteadas. La policía es más peligrosa que cualquier pandemia.
En Malawi la pandemia llegó en pleno periodo electoral y el gobierno quiso utilizar el confinamiento para impedir su celebración. Las protestas lograron que se pudieron celebrar mítines multitudinarios.
Los modelos de los “expertos” de pacotilla auguraban que sin confinamiento habría a 16 millones de infecciones, 483.000 hospitalizaciones y 50.000 muertes. Hasta la fecha sólo se han contabilizado 176 defunciones.
También han tenido la fortuna de realizar pocos tests, por lo que se han producido muy pocos ingresos hospitalarios.
En Malawi también han descubierto que el coronavirus no nada nuevo, como dijeron al principio los “expertos”, porque la población ya estaba inmunizada de manera natural por una exposición previa a resfriados y gripes comunes.
En África ocho de cada diez personas trabajan por cuenta propia, sobreviven con ingresos marginales como vendedores ambulantes o jornaleros. Si los estragos del confinamiento no han sido mayores es porque muchos de ellos se lo han saltado y han seguido trabajando clandestinamente.
Los efectos a largo plazo de los toques de queda se harán sentir próximamente. Una organización benéfica estadounidense predice 2,3 millones de muertes infantiles debido al hambre y a la interrupción de los servicios durante el confinamiento. En las clínicas de Zimbabwe han disminuido los nacimientos en más de una quinta parte, lo que podría dar lugar a 12.200 muertes maternas adicionales (3), ya que las mujeres tienen más probabilidades de morir en el parto por complicaciones si no están en un entorno médico.
La OMS augura que este año se producirán 200.000 muertes adicionales por tuberculosis.
El paludismo (y no el coronavirus) es la principal causa de muerte en el África subsahariana. Un artículo de Nature Medicine, escrito por los fantoches del Imperial College de Londres, predice que este año se duplicarán las muertes por paludismo: “Sólo en Nigeria, la reducción de la gestión de casos durante seis meses y el aplazamiento de las campañas de utilización de mosquiteros tratados con insecticidas de larga duración podrían provocar otras 81.000 muertes”.
El confinamiento es una medida brutal, y no sólo para África. Sus consecuencias se seguirán padeciendo a largo plazo, incluso cuando al mundo se le haya pasado la histeria y quiera olvidarse de ello.
(1) https://www.aljazeera.com/news/2020/04/africa-coronavirus-cases-hit-10-million-months-200417055006127.html
(2) https://www.worldometers.info/coronavirus/country/uganda/
(3) https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(20)30229-1/fulltext
El ejército venezolano ha derribado un avión de narcotraficantes matriculado en Estados Unidos que había entrado ilegalmente en el espacio aéreo, según asegura Néstor Reverol, ministro de Interior del gobierno de Venezuela en un mensaje publicado en Twitter.
El avión matriculado en Estados Unidos se dedicaba al transporte de drogas y fue derribado por personal militar venezolano.
La información fue confirmada directamente por el ministro de Interior venezolano Néstor Reverol, quien explicó en un mensaje de Twitter que un avión matriculado en Estados Unidos había entrado ilegalmente en el espacio aéreo venezolano a través del Estado de Zulia.
Venezuela mantiene una alerta permanente con quienes trafican con drogas, especialmente por el espacio aéreo bajo su jurisdicción.
“Un avión de narcotráfico registrado en Estados Unidos que entró ilegalmente en el espacio aéreo venezolano a través del estado de Zulia ha sido neutralizado”, dijo el ministro Reverol en su perfil de Twitter, donde publicó imágenes del avión derribado.
“Estamos manteniendo un estado de alerta permanente. Estamos vigilando nuestro espacio aéreo para evitar que se utilice para el tráfico de drogas ilícitas desde Colombia, el mayor productor de cocaína del mundo”, dijo el ministro.
No es la primera vez que Venezuela destruye una aeronave de este tipo. El gobierno de Caracas está intensificando la vigilancia sobre las fronteras del país para garantizar que no se organice ningún tráfico ilícito, en particular desde Colombia, el mayor productor mundial de cocaína del mundo.
En julio otro avión estadounidense ya fue blanco del ejército.
En 2013 Maduro ordenó que todos los aviones dedicados al narcotráfico que cruzaban el espacio aéreo venezolano fueran derribados. La iniciativa del proyecto de ley fue de Hugo Chávez.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska no va a abrir investigación al tribunal que evaluó las «pruebas de acceso» que llevaron a Sergio Ríos, el que fuera chófer del extesorero del PP Luis Bárcenas, a ingresar en la Policía Nacional. Leer más
«Obviamente, existe el número que no es de emergencia al que la gente puede llamar para informar problemas, si así lo desean«, dijo el ministro Kit Malthouse al programa ‘Today’ de la BBC Radio 4. «Si la gente está preocupada, si cree que hay una infracción, entonces esa opción está abierta para ellos«. Leer más
El lunes de la semana pasada comenzó en Londres la segunda ronda del juicio de extradición contra Julian Assange. Estados Unidos le acusa de espionaje, al tiempo que intenta evitar que salga a la luz su propio espionaje, que alcanza a la embajada ecuatoriana en la capital británica, donde permaneció refugiado el informático australiano.
La CIA espió tanto a la embajada como a Assange a través de la empresa española UC Global, que aparece como si hubiera sido contratada por el gobierno ecuatoriano para proteger la sede diplomática.
El espionaje es un atentado tanto contra el derecho internacional, como contra los principios que rigen cualquier procedimiento judicial, por lo que el juicio es plenamente nulo, un motivo más que suficiente para exigir la inmediata liberación de Assange.
Como consecuencia del espionaje, se ha abierto en España una investigación judicial contra David Morales, director de UC Global y antiguo infante de la Marina española que fue detenido por violación de la intimidad y el secreto profesional de Assange, así como malversación, corrupción, blanqueo de dinero y posesión ilegal de armas. En el registro le encontraron una pistola con el número de serie borrado.
UC Global es una empresa española de seguridad privada con sede en Jerez de la Frontera. Aunque había sido contratada para proteger la embajada de Ecuador en Londres, donde Assange permaneció refugiado, en realidad espiaba para Estados Unidos.
En 2015 Morales se reunió con la CIA, con la que acordó la vigilancia de Assange en el interior de la embajada. Luego les contó los detalles a los mercenarios de su empresa, que han testificado contra él. Les dijo que a partir de entonces la empresa jugaba “en primera división”, que había cambiado al “lado oscuro” y que trabajaba para los “amigos americanos”, sin el conocimiento de los ecuatorianos.
El espionaje continuó hasta marzo de 2018, cuando UC Global dejó de proporcionar “seguridad” a la embajada ecuatoriana. El año anterior había modernizado sus técnicas de espionaje, que le permitieron capturar grabaciones de audio y vídeo en cualquier rincón de la embajada. Las grabaciones las subieron a un servidor al que la CIA tenía acceso. La informacion personal de los visitantes de Assange también fue capturada, incluyendo detalles de sus móviles que permitieron su control remoto. Los vídeos de Assange le muestran reuniéndose con abogados, amigos y periodistas.
Además de ser espiados, los abogados de Assange padecieron asaltos en sus despachos profesionales, por lo que el juicio infringe el derecho de confidencialidad de la defensa.
En 2017 Morales pidió a los mercenarios de su empresa que buscaran un medio para salir de la embajada de manera subrepticia, con el fin de secuestrar a Assange. También discutieron la posibilidad de envenenar al fundador de WikiLeaks, una revelación que no ha tenido el mismo eco que la de Navalny.
Los correos electrónicos que envió Morales en marzo de 2017, se dirigían a una IP radicada en Alexandria, Virginia, una instalación de la inteligencia estadounidense, lo que se produjo solo unas semanas después de la creación de un equipo del FBI, cuyas pesquisas han conducido a la acusación contra Assange.
Ejerció de intermediaria la empresa de seguridad de Sheldon Adelson, un mafioso ya conocido en España por tratar de crear el casino de Eurovegas en Madrid. Morales se relacionaba con los matones de los que se rodea Adelson, así como directamente con el espionaje de Estados Unidos e Israel.
La información reunida se utilizó como base para las denominadas “medidas activas”, es decir, ataques políticos y jurídicos redactados por la CIA y propagados por las grandes cadenas de intoxicación del mundo entero.
El 20 de diciembre de 2017 Assange se reunió, entre otros, con Rommy Vallejo, jefe de los servicios de inteligencia de Ecuador, en la embajada en Londres. El informe fue el paso final en los preparativos para expulsar a Assange de la embajada.
El australiano había planeado recurrir a la Convención de Viena, después de ser nombrado como diplomático de Ecuador u otro gobierno colaborador. Un dia después, el 21 de diciembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió una orden internacional de detención contra Assange. Habían escuchado la conversación entre Assange y Vallejo, lo que les permitió anticiparse y desbaratar el plan de salida de la embajada.
La investigación abierta en España se ha convertido, pues, en el mayor obstáculo al juicio de extradición de Londres, por lo que Estados Unidos ha pasado al ataque. El juez De la Mata, que dirige la investigación española, había solicitado detalles de las direcciones IP en Estados Unidos que se habían conectado al servidor donde se estaba descargando el material de vigilancia sobre Assange, ubicado en Jerez de la Frontera, donde UC Global tenía su sede.
España pregunta y Estados Unidos no sólo no responde sino que, a su vez, se pone a preguntar para evitar que salga a la luz el espionaje en el interior de una embajada. La fiscalía estadounidense ha enviado una carta a María de las Heras, jueza de enlace de España en Estados Unidos, con un ultimátum y un largo interrogatorio.
Los fiscales estadounidenses quieren que toda esa información se les facilite antes del 16 de octubre. De lo contrario “asumiremos que las autoridades españolas no están interesadas” y la solicitud será archivada.
En la carta, Estados Unidos pide “las fuentes de información para la mayoría de las afirmaciones hechas en la solicitud de cooperación judicial”. Es una injerencia en una investigación sobre la que Estados Unidos no tiene jurisdicción y un intento de intimidar a dichos testigos, cuyo anonimato se ha mantenido para garantizar su seguridad.
Varios cientos de soldados estadounidenses comenzaron a llegar ayer a Lituania, un país miembro de la OTAN, para realizar ejercicios militares cerca de la frontera con Bielorrusia, donde la desestabilización sigue en aumento.
Ayer por la tarde más de una docena de tanques Abrams cruzaron la frontera lituana desde Polonia.
Lukashenko ha acusado a la OTAN de desplegar fuerzas en Polonia y Lituania a lo largo de la frontera, aunque Varsovia, Vilnius y la OTAN califican sus declaraciones como “infundadas”.
El despliegue, que durará hasta noviembre, fue “planificado de antemano y no está asociado a ningún acontecimiento en la región”, dijo el Ministerio de Defensa de Lituania en una declaración oficial.
Junto con Polonia, Lituania es uno de los peones más activos de la OTAN en la desestabilización de Bielorrusia y es especialmente beligerante desde la reelección de Lukashenko en las elecciones de 9 de agosto.
Vilnius ha acogido como refugiada a Svetlana Tijanovskaya, la cabecilla visible de la desestabilización y, junto con sus vecinos bálticos Estonia y Letonia, ha puesto a Lukashenko en su singular lista negra de personas “indeseables”.
No es el primer despliegue de tropas estadounidenses en la frontera de Bielorrusia. Durante una visita a Vilnius en julio, el Secretario del ejército de Estados Unidos, Ryan McCarthy, amenazó con que su país continuaría desplegando cientos de tropas para ejercicios militares.
Desde hace tres años la OTAN mantiene un despliegue rotatorio pero permanente de tropas en Polonia y los Estados bálticos.
¿Alguna vez ha habido un momento en su vida en el que no haya tenido suficiente comida para pasar la semana?. Según la agencia Bloomberg, 50 millones de personas en los Estados Unidos se incorporarán a esta estadística a fin de año. Leer más
Las niñas son sobrinas de la presa política Carmen Villalba y habían viajado a Paraguay a visitar su familia como hacían de vez en cuando. Las niñas tenían once años y su asesinato vulnera toda regla, aún en un conflicto armado.
Dos menores de edad, presuntamente argentinas, murieron el miércoles en el enfrentamiento entre la Fuerza de Tarea Conjunta paraguaya y miembros del grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) durante el ataque del ejército contra una base insurgente en el centro del país.
Los efectivos de la FTC asaltaron un campamento del grupo armado en Yby Yaú, en el límite de los departamentos de Amambay y Concepción, dejando un saldo de dos mujeres muertas. Aunque inicialmente las autoridades barajaron la posibilidad de que pudieran ser dos destacadas miembro del EPP, esta tesis ha quedado descartada, aunque sí se cree que estarían emparentadas con los hermanos Villalba, señalados como integrantes de la guerrilla”.
Tenemos la plena certeza que esta tenebrosa operación es heredera y continuadora de la tiranía stronista, y que la ausencia de un firme juicio y castigo a torturadores y saqueadores de ese tiempo, favorece el dominio inescrupuloso y violento de esta actual camarilla de delincuentes, asimilando el sanguinario libreto organizado por el Departamento de Estado norteamericano para el Plan Colombia, como el caso de los denominados “falsos positivos”, que son las personas que no están involucradas en el conflicto.
Exigimos que la Cancillería Argentina abandone su abstención selectiva: abandona a Facundo Molares en Bolivia, a Facundo Jones Huala en Chile y a las Villalba en Paraguay mientras socorre a miles de argentinos varados por el covid 19.
¡Libertad a todos los presos políticos de toda América!
¡Nadie suelte la mano de nadie!
El ejército paraguayo asesina a dos niñas argentinas con el pretexto de atacar un campamento del EPP
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