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Desde principios de octubre del año pasado, los jueces de Estados Unidos han fallado en más de 4.400 veces contra la ICE, la policía de emigración, por detención ilegal de emigrantes. En algunos casos, el gobierno ha mantenido encerrados a los emigrantes incluso después de que un juez ordenara su liberación.
El número de personas bajo custodia de la ICE se disparó a 68.000 este mes, un 75 por cien más que cuando Trump asumió el cargo hace un año (*).
Las empresas de Minneapolis no están de acuerdo con las redadas policiales contra los trabajadores emigrantes y, además, las continuas protestas están paralizando la producción. Tras el asesinato el sábado de Alex Pretti han firmado una carta abierta para apaciguar los ánimos.
La narrativa fascista ha planteado históricamente la inmigración como problema de la clase obrera nacional. Se trata de un postulado que la burguesía siempre ha tenido a mano cuando el Estado capitalista era incapaz de promover cierto bienestar entre la población. En apariencia, el discurso plantea que si se expulsan a los inmigrantes, habrá mayor oferta de trabajo y por tanto los empresarios deberán pagar más a los trabajadores nacionales. Leer más
Ghana es el típico país africano que nunca se sacudió de encima su condición colonial, por lo que, como buenos lacayos, su gobierno siempre se muestra dispuesto a acatar las órdenes que reciben.
Además, a pesar de sus gigantescas riquezas, es un país con una fuerte emigración. Sin embargo, ha aceptado acoger a los deportados de Estados Unidos y ha obtenido su recompensa: Trump ha levantado las restricciones de visado.
Es otra paradoja: Estados Unidos cierra las puertas a los emigrantes… excepto si proceden de Ghana.
La recompensa pone de relieve el papel de ciertos países africanos que se prestan a ser cómplices de las deportaciones estadounidenses a causa de las presiones que reciben.
Estados Unidos han restablecido la duración máxima de los visados de no inmigrante para los ciudadanos ghaneses, poniendo fin a una medida restrictiva vigente desde el mes de julio. La embajada de Estados Unidos en Accra confirmó que el visado destinado a viajes de negocios y turismo volverá a tener una validez de cinco años con múltiples entradas, mientras que el visado de estudiante tendrá una validez de cuatro años.
El cobro del precio de la sumisión se produce después de que el gobierno de Accra accediera a recibir a los emigrantes deportados por Washington, incluidos nacionales de otros países de África Occidental.
La política estadounidense de deportación a terceros países implica la devolución de personas indocumentadas a terceros países, a menudo sin un vínculo directo con su nacionalidad. Ghana presenta este acuerdo como el resultado de meses de negociaciones diplomáticas, enfatizando la necesidad de mantener relaciones constructivas con Washington.
Obviamente, la flexibilización de las restricciones de visado es una recompensa por la cooperación de Ghana en las deportaciones. Esta dinámica abre la puerta a más complicidades porque los lacayos africanos se van a animar a seguir el ejemplo de Accra.
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump ha desatado una caza implacable de emigrantes, especialmente trabajadores. Ha aumentado el número de deportaciones, incluso a países donde las personas afectadas a menudo carecen de cualquier clase de arraigo. Ciudadanos de Centroamérica y el Caribe, por ejemplo, han sido devueltos a México o Guatemala a pesar de no ser originarios de esos países. En África, varias personas en Estados Unidos han sido redirigidas a países como Ghana, Sierra Leona y Ruanda, seleccionados por su servilismo hacia Washington.
Esta política se basa en una interpretación expansiva de los acuerdos bilaterales o en la presión diplomática. Las expulsiones masivas también involucran a personas cuyas solicitudes de asilo han sido rechazadas o que ingresaron legalmente pero cuyo visado ha expirado.
El levantamiento de las restricciones de visado para Ghana demuestra cómo Washington está alineando la política migratoria con la diplomacia bilateral. El peligros es que puede alentar a otros países a negociar acuerdos similares para obtener visados o recompensas económicas.
Actualmente la población de Ucrania es de 28,7 millones de habitantes, según los datos del Servicio Nacional de Migración. Antes de la guerra, en diciembre de 2019, el censo registró 37,3 millones de habitantes, excluyendo territorios no controlados por Kiev. Así, en seis años, el país ha perdido casi nueve millones de habitantes.
El antiguo primer ministro Nikolai Azarov dijo que desde 2014 la población había disminuido 2,5 veces. El último censo oficial se celebró en 2001, con unos 48 millones de habitantes.
En cuanto al número de muertos, las cifras más aproximadas suman 1,5 millones, a los que hay que sumar una enorme cantidad de heridos, desaparecidos y presos.
Según datos actualizados de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), aproximadamente un tercio de la población de Ucrania ha sido desplazada, es decir, más 12,4 millones.
De ellos 8,7 han partido hacia el exterior y el resto, 3,7 millones, son desplazados internos. Es de destacar que la mayor parte de los refugiados que han salido de Ucrania han partido hacia Rusia, la mitad aproximadamente, lo que es un caso único en la historia de las guerras: los “agredidos” escapan hacia el país “agresor”.
Además, la tasa de natalidad del país ha caído a su nivel más bajo en 300 años.
El número de trabajadores extranjeros en Estados Unidos ha disminuido por primera vez en cincuenta años, según datos del último censo federal. El número de personas nacidas en el extranjero se redujo en 1,4 millones entre enero y junio de este año, lo que va a tener consecuencias económicas en los sectores más afectados.
En junio casi 52 millones de inmigrantes vivían en Estados Unidos, el 15,4 por cien de la población. Tras una persecución política como pocas veces se ha visto, desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, la cifra se ha reducido notablemente: según los datos oficiales, 750.000 trabajadores extranjeros han abandonado Estados Unidos.
Se trata del primer descenso desde la década de los sesenta. Una drástica disminución de la fuerza de trabajo causará importantes daños económicos.
Casi uno de cada cinco trabajadores (el 19 por cien) era inmigrante en 2023, en comparación con el 15 por cien dos décadas antes. En 2023 había 33 millones de trabajadores extranjeros en Estados Unidos, incluyendo 23 millones de inmigrantes legales y 10 millones de inmigrantes indocumentados.
La escasez de mano de obra ya se ha materializado en ciertas regiones, en particular las agrícolas, donde la policía de inmigración está llevando a cabo oleadas de detenciones contra los inmigrantes.
Los extranjeros están particularmente presentes en ciertos sectores como la agricultura, la construcción y los servicios personales. Su papel es esencial para aliviar la escasez de mano de obra, especialmente porque la movilidad laboral en Estados Unidos ha disminuido constantemente desde la década de los ochenta.
Estados Unidos se ha enfrentado a una importante ola migratoria desde 2020. El número de inmigrantes alcanzó un récord a principios de año (53,3 millones de personas, el 15,8 por cien de la población total). Once millones de trabajadores han llegado al país en cinco años, incluyendo tres millones solo en 2023.
Trump fue reelegido en parte gracias a la promesa de deportar a los inmigrantes indocumentados y ha celebrado esta reducción de la inmigración. Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente estadounidense ha endurecido significativamente las normas de inmigración y se han llevado a cabo redadas en todo el país contra inmigrantes.
Su gobierno ha puesto fin al reglamento migratorio introducido en tiempos de Biden para permitir que 500.000 migrantes sudamericanos residieran legalmente en el país.
Al mismo tiempo, el índice de fecundidad ha alcanzado un nivel históricamente bajo en 2023 (1,62 hijos por mujer), casi tanto como en España (1,12 hijos por mujer), mientras que la población estadounidense se encuentra actualmente en un proceso de envejecimiento avanzado.
(*) https://www.pewresearch.org/short-reads/2025/08/21/key-findings-about-us-immigrants/
El hastío de la población checa hacia los refugiados ucranianos sigue creciendo, según un sondeo reciente del instituto Stem, que reveló que el 58 por cien de los encuestados cree que el país ha aceptado demasiados refugiados desde el comienzo de la guerra en 2022.
A pesar de esta percepción, una mayoría relativa de la población (el 52 por cien) sigue apoyando su presencia y se declara a favor de que permanezcan en el país. Al mismo tiempo, el 31 por cien los considera como un activo para la sociedad checa.
“Si la situación económica empeora, la convivencia con los ucranianos podría complicarse mucho más”, según el Stem. La oposición a la inmigración está estrechamente vinculada a la crisis económica.
La encuesta también revela que el 40 por cien de los checos se declara tolerante con los ucranianos, pero cansado de su presencia. Entre los encuestados, el 60 por cien cree que los ucranianos suponen un mayor coste para el Estado del que aportan.
La República Checa acoge actualmente a aproximadamente 373.700 ucranianos con estatus de protección temporal, lo que la convierte en el tercer mayor país de refugiados de la Unión Europea, después de Alemania y Polonia.
Sin embargo, esta cifra sitúa al país en primer lugar de la Unión Europea, con 34,3 refugiados por cada 1.000 habitantes, frente a la media europea de 9,5.
Al comienzo de la guerra España acogió a 220.000 ucranianos, que es una parte de la emigración de la nadie dice nunca nada. Con el silencio da la impresión de que a los rubios nadie los considera emigrantes.
(*) https://www.stem.cz/postoje-cechu-k-uprchlikum-z-ukrajiny-jsou-stabilni-unava-je-vsak-patrna/
El gobierno estadounidense está desesperado por quitarse de encima a los emigrantes, etiquetados de “irregulares”, y enviarlos lo más lejos posible. Ha deportado a ocho de ellos a Sudán del sur, donde han sido encarcelados. Solo uno de ellos es originario del país africano.
Los emigrantes plantearon una batalla legal a la Casa Blanca, hasta que la semana pasada, el Tribunal Supremo de Estados Unidos confirmó su expulsión a un país asolado desde hace años por la guerra civil.
Dos birmanos, dos cubanos, un vietnamita, un laosiano, un mexicano y un sursudanés fueron expulsados de Estados Unidos en mayo. Anteriormente habían estado confinados en una base militar estadounidense en Yibuti, en África. Los ocho se encuentran actualmente en Yuba, la capital de Sudán del sur.
Es uno de esos países típicos destruidos del Tercer Mundo y en el que hay una de esas “misiones” de la ONU casi permanentes para firmar algún tipo de acuero de paz. La población sobrevive gracias a la “ayuda exterior” porque padece una “crisis humanitaria” y le quieren abrir otro frente. El gobierno de Yuba no ha proporcionado detalles, pero ha aclarado que la decisión forma parte de un “compromiso bilateral continuo” entre ambos países, lo cual significa que el gobierno títere del Sudán del sur acogerá a los deportados a cambio de dinero.
“Sudán del sur respondió positivamente a una solicitud de las autoridades estadounidenses, como muestra de buena voluntad y cooperación humanitaria”, dice el gobierno. Sin embargo, la expulsión de emigrantes a este tipo de países, los expone a torturas, desapariciones forzadas y asesinatos.
Ayer Sudán del sur celebró su 14 cumpleaños. Lo independizaron de Sudán en 2011. Es el estado más joven del mundo y también uno de los más pobres, a pesar de su riqueza petrolífera. Dos años después de su surgimiento, el país se sumió en una guerra civil, que dejó 400.000 muertos y dos millones de desplazados que malviven en campamentos y otros dos de refugiados que han abandonado el país.
La guerra terminó en 2018 con un precario acuerdo entre el presidente Salva Kiir y el vicepresidente Riek Machar. Sin embargo, en marzo la detención de este último reavivó el espectro de una nueva guerra.
Trump busca países distantes que alberguen a los emigrantes deportados, independientemente de sus países de origen. Es el estilo Guantánamo. Ya utiliza el Cecot (Centro de Confinamiento del Terrorismo) en El Salvador, y tiene la mira puesta en varios países de distintos continentes: Angola, Benin, Costa Rica, El Salvador, Eswatini, Guinea Ecuatorial, Guatemala, Guyana, Honduras, Kosovo, Libia, México, Moldavia, Mongolia, Panamá, Ruanda, Arabia Saudí, Ucrania, Uzbekistán…
El Departamento de Estado no ha ha proporcionado una lista completa de los países con los que negocia acuerdos para encerrar a los deportados. Pero planea un aumento importante en los vuelos de deportación a destinos repartidos por todo el mundo.
En declaraciones realizadas en la Casa Blanca, el subjefe del gabinete, Stephen Miller, ofreció una visión del alcance mundial de las deportaciones. “Enviamos aviones a Irak. Enviamos aviones a Yemen. Enviamos aviones a Haití. Enviamos aviones a Angola”, dijo. La policía de fronteras (ICE) está enviando aviones a todo el mundo constantemente.
Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, el gobierno de Bush creó una red mundial de prisiones secretas y centros de tortura con el pretexto de la “guerra contra el terrorismo”. Su estandarte, el campo de concentración de Guantánamo, fue creado en enero de 2002 para mantener secuestrados a los que Estados Unidos etiquetó como “enemigos”.
Eligió la Estación Naval de la Bahía de Guantánamo porque buscaba un lugar sin ley, un agujero negro legal para hacer desaparecer indefinidamente a los detenidos y que nadie pudiera hacer nada. Ni acusación, ni defensa, ni juicio, ni recurso.
Con el tiempo, Guantánamo se convirtió en un símbolo de graves crímenes. Allí siguen retenidos hoy en día los prisioneros de la “guerra contra el terrorismo”. Otros atrapados en la red antiterrorista estadounidense estuvieron detenidos en las “prisiones negras” de Afganistán e Irak o secuestrados y entregados a centros secretos de la CIA en ocho países alrededor del mundo.
El pretexto del “terrorismo” siempre funciona de la misma manera en todos los países y al final todos acaban siendo “terroristas”. Ahora le toca el turno a los emigrantes y refugiados y Guantánamo ha vuelto a ser utilizado como depósito de paso hacia El Salvador.
Lo mismo que en España los medios inventaron unas supuestas “mafias” dedicadas al traslado de emigrantes africanos, Trump se inventó algo llamado “Tren de Aragua”. Sin embargo, la gran mayoría de los deportados no tienen antecedentes penales.
A final todos acaban catalogados como “enemigos”, lo que justifica cualquier cosa. En marzo, Trump utilizó la Ley de Enemigos Extranjeros para negar el derecho a un juicio a más de 250 venezolanos y salvadoreños, que fueron trasladados a El Salvador a pesar de que una orden expresa de un juez federal lo prohibía.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, introduce a los deportados en una oscura telaraña penitenciaria. Desde 2022 El Salvador se encuentra bajo un estado de emergencia, los derechos civiles han sido laminados para realizar detenciones masivos, acabar con las pandillas de matones y, de paso, con todo el que se ponga de por medio.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ya ha dictaminado por unanimidad que el envío de Kilmar Abrego García, a la CECOT es ilegal y ha ordenadp su liberación y regreso a Estados Unidos. Pero Trump y Bukele se han muerto de la risa. Ahora García sigue encarcelado en El Salvador.
El juez federal de distrito Brian Murphy emitió una orden que prohíbe al gobierno de Trump deportar a no ciudadanos a terceros países sin el debido proceso y sin permitirles demostrar si corren peligro de persecución, daño corporal o muerte si son enviados a ciertos países.
Ante los informes de expulsiones inminentes a Libia, Murphy estipuló que “las supuestas deportaciones inminentes, según lo informado por las agencias de noticias y como los demandantes intentan corroborar con los relatos de los miembros del grupo y la información pública, violarían claramente la orden de este tribunal”.
Además de encarcelar a ciudadanos de terceros países en El Salvador, Estados Unidos también ha expulsado a cientos de inmigrantes africanos y asiáticos a Costa Rica y Panamá, incluidos deportados de Afganistán, Camerún, China, India, Irán, Nepal, Pakistán, Sri Lanka, Turquía, Uzbekistán y Vietnam.
Uzbekistán ha recibido a más de 100 deportados de Estados Unidos, incluidos no sólo uzbekos sino también ciudadanos de Kazajstán y Kirguistán, según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional.
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, admitió que había aceptado a aproximadamente 6.000 no mexicanos de Estados Unidos, desde que Trump asumió nuevamente el cargo, por “razones humanitarias”. A diferencia de El Salvador, es probable que las personas expulsadas a estos países no permanezcan secuestradas indefinidamente en campos de concentración, pero los detalles sobre el destino de muchos de ellos son escasos.
Actualmente Trump sigue buscando en Asia más países que acepten ejercer de carceleros. “Tenemos conversaciones con otros países que aceptan recibir a deportados de terceros países”, dijo Sean O’Neill, de la oficina de Asuntos de Asia Oriental y el Pacífico del Departamento de Estado en una conferencia de prensa. Estados Unidos está “trabajando estrechamente con países de la región que estén dispuestos a aceptar a ciudadanos de otros países con órdenes de deportación”.
Un portavoz del Departamento de Estado también dijo que “los socios estadounidenses y los dirigentes regionales trabajan estrechamente con nosotros para poner fin a la crisis de emigración ilegal y masiva”.
El plan comprende deportar emigrantes a Libia, un país devastado por la guerra y conocido por el maltrato generalizado a inmigrantes y refugiados. Estados Unidos considera al país norteafricano demasiado peligroso incluso para sus diplomáticos estadounidenses y aconseja a sus ciudadanos que no viajen allí.
En Libia hay numerosos centros de detención para emigrantes construidos por la Unión Europea. Amnistía Internacional calificó esas cárceles de “infierno” en un informe de 2021, afirmando que había encontrado pruebas de que adultos y niños eran sometidos a “detención arbitraria y sistemáticamente sometidos a tortura, violencia sexual, trabajos forzados y otras formas de explotación con total impunidad”.
El informe más reciente del Departamento de Estado sobre Libia criticó sus “duras y potencialmente mortales condiciones carcelarias” y citó numerosos análisis que encontraron que “los migrantes experimentaban rutinariamente detenciones ilegales, detenciones arbitrarias, asesinatos, torturas, explotación sexual y otros abusos”. Entre los perpetradores había “funcionarios públicos”. Además, varios organismos de la ONU han documentado graves crímenes contra los emigrantes recluidos en centros de detención.
La Unión Europea y algunos países miembros, como Italia y Francia, han brindado durante mucho tiempo asistencia a Libia para impedir la emigración africana hacia Europa, incluido el apoyo a su red de brutales cárceles para inmigrantes.
Libia no es la única zona de guerra que el gobierno de Trump ha considerado como un sitio adecuado para la expulsión de inmigrantes. A principios de este año, la administración pidió a Ucrania que aceptara nacionales de terceros países, según informó el Washington Post. Sin embargo, no hay indicios de que Ucrania haya aceptado esta petición extraordinaria. El Departamento de Estado se negó a ofrecer aclaraciones, afirmando —falsamente— que no discuten las comunicaciones diplomáticas con otros gobiernos.
El ministro de Asuntos Exteriores de Ruanda, Olivier J.P. Nduhungirehe, también reveló que su país se encontraba en conversaciones “iniciales” con el gobierno de Trump para aceptar a los emigrantes deportados de Estados Unidos. “Estas conversaciones todavía están en curso”, dijo a la cadena pública de televisión.
El mes pasado, Estados Unidos hizo un pago único de 100.000 dólares al gobierno de Ruanda para aceptar a un ciudadano irakí con la condición de que el gobierno admitiera a otros 10 ciudadanos de terceros países como parte de un “programa duradero” para aceptar a otros emigrantes, según informó el Washington Post.
Ruanda tiene una larga historia de acogida de refugiados de África y otros lugares y de acuerdos con países europeas, como Dinamarca y Reino Unido, para aceptar solicitantes de asilo y emigrantes deportados. Aunque el gobierno africano presenta esta política como “altruista”, el objetivo es obtener beneficios económicos y políticos.
La moneda de cambio es que las grandes potencias occidentales acepten el apoyo de Ruanda a la milicia que ha invadido la vecina República Democrática del Congo y el saqueo de sus minas.
El gobierno de Trump también está recorriendo otros países africanos para que acepten a nacionales de terceros países, entre ellos Benín, una nación de África occidental cada vez más acosada por el terror yihadista, y Guinea Ecuatorial.
Túnez se ha convertido en un tapón en la ruta migratoria mediterránea desde la firma de un acuerdo con la Unión Europea para impedir el cruce hacia Italia por parte de las poblaciones subsaharianas.
En lugar de solucionar un problema, la Unión Europea lo ha cambiado de sitio. Los miles de emigrantes que antes se ahogaban en el mar o desembarcaban en Italia, ahora se hacinan en el país norteafricano en condiciones lamentables.
Unos 20.000 emigrantes subsaharianos estaban instalados en los olivares de El Amra y Jebeniana, en el centro-este del país, hasta que el viernes la policía y la Guardia Nacional intervinieron para desalojarles, en un clima de crecientes tensiones con la población local.
La policía llevó a cabo una vasta operación para acabar con los campamentos improvisados ocupados por los subsaharianos en las regiones rurales de El Amra y Jebeniana, al norte de Sfax. Las zonas agrícolas se habían transformado en refugios precarios por miles de personas que querían llegar hasta Europa, incluidas mujeres embarazadas y niños.
El “campamento del kilómetro 24“, el más importante de la región, fue evacuado. Aproximadamente 4.000 personas de diferentes nacionalidades fueron expulsadas y policía llevó a cabo otras operaciones similares en los alrededores.
La policía asegura que ha descubierto armas blancas en algunos campamentos, por lo que ha detenido a varios individuos. Algunos han sido llevados ante los tribunales tunecina y otros expulsados hacia sus países de origen.
La instalación progresiva de campamentos en olivares privados ha provocado un creciente descontento entre los habitantes de los pueblos vecinos, quienes desde hace meses denuncian en las redes sociales la ocupación de sus tierras. Incluso se han producido incidentes y enfrentamientos con los emigrantes.
Estas últimas semanas, una campaña virulenta en las redes sociales pedía el desmantelamiento de los campamentos, acusando a los emigrantes de varios delitos contra los vecinos.
El presidente tunecino Kais Saied instó a finales de marzo a la Organización Internacional para las Migraciones a intensificar las operaciones de retorno “voluntario” hacia los países de origen.
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