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Desde octubre de 2020 el Sáhara Occidental se encuentra en guerra. En aquella fecha, un grupo de saharauis organizó una protesta permanente en el paso de Guerguerat, considerada desmilitarizada según los acuerdos de 1991. La protesta estaba motivada por el uso ilegal que Marruecos hacía de esta zona para el comercio con Mauritania y África Occidental, incluyendo el transporte de mercancías y, según denuncias saharauis, incluso narcotráfico. Leer más
Mientras el gobierno de Estados Unidos decía que el Chapo Guzmán era el narcotraficante más buscado, la DEA se sentaba cotidianamente con él en la misma mesa.
De 2000 a 2012 la DEA colaboró con el cártel de Sinaloa, encabezado por el Chapo, haciendo la vista gorda mientras introducía drogas de contrabando en Estados Unidos, a cambio de información sobre cárteles rivales.
La relación salió a la luz principalmente a través de una investigación del periódico mexicano El Universal publicada en 2014, basada en documentos judiciales de Estados Unidos.
Entre 2000 y 2012 los agentes de la DEA se reunieron más de cien veces con los dirigentes del Cártel de Sinaloa, como Humberto Loya-Castro, un abogado de los miembros del cártel. Los encuentros formaban parte de un acuerdo en el que el cártel proporcionaba datos valiosos sobre organizaciones rivales, como los Zetas o el Cártel de Juárez, mientras el gobierno estadounidense hacía la vista gorda ante sus operaciones de tráfico de drogas.
Un agente de la DEA, Steve Fraga, y un fiscal del Departamento de Justicia, Patrick Hearn, testificaron ante un tribunal de Chicago, respaldando esta colaboración. La información proporcionada por Loya-Castro llevó a la incautación de 23 toneladas de cocaína vinculadas a otras bandas de narcos.
Un caso notable relacionado con esta colaboración es el de Vicente Zambada-Niebla, hijo de Ismael “Mayo” Zambada, otro dirigente del Cártel de Sinaloa. Tras ser extraditado a Chicago en 2010, Zambada-Niebla afirmó en su defensa que tenía inmunidad judicial porque él y el cártel habían cooperado activamente con la DEA.
Su abogado argumentó que, desde finales de los noventa, Loya-Castro había negociado un acuerdo con policías estadounidenses, aprobado por altos dirigentes y fiscales, que permitía al Cártel de Sinaloa operar sin interferencias a cambio de información. Zambada-Niebla incluso sugirió que la Operación Fast and Furious —en la que se vendieron armas estadounidenses a traficantes para rastrearlas— era parte del pacto.
El período de mayor coordinación, según El Universal, ocurrió entre 2006 y 2012, coincidiendo con el ascenso del Cártel de Sinaloa como la organización dominante en México, en un contexto de violencia extrema durante la llamada “guerra contra las drogas” impulsada por el gobierno mexicano.
La libertad de la que gozaron el Chapo Guzmán y otros narcos muestra que la carta blanca no sólo fue efectiva en Estados Unidos, sino también en México.
En 2019 Zambada-Niebla fue uno de los testigos claves en el juicio contra el Chapo en Nueva York. En el juicio volvieron a salir a flote las conexiones políticas del Cártel de Sinaloa con el gobierno mexicano, pero también con otros.
Aunque la DEA y otras instituciones estadounidenses declinan comentar oficialmente las acusaciones de complicidad en el narcotráfico, los documentos judiciales y las declaraciones de los involucrados demuestran que este tipo de apaños soan habituales y que las diferentes policías de Estados Unidos, como las de otros países, son los mayores narcotraficantes.
—https://planv.com.ec/historias/la-dea-y-el-cartel-sinaloa-una-estrecha-relacion-anos/
Como venimos diciendo, la purga política de Trump encuentra cada vez más resistencia en la burocracia estadounidense. El sábado Elon Musk envió un correo electrónico exigiendo a los funcionarios que informaran sobre las tareas de desempeñan, pero el Pentágono y otras instituciones públicas, incluyendo el FBI, han ordenado a sus funcionarios que no respondan.
Musk les dio a los funcionarios hasta el lunes por la noche de plazo para que enumeraran cinco tareas realizadas durante la semana anterior. Con anterioridas les había advertido que la falta de respuesta sería considerada como una dimisión.
El funcionario del Pentágono Darin Selnick ha dicho que son ellos mismos los encargados de evaluar las funciones que desempeña su personal. Según el New York Times, el FBI, el Departamento de Estado y las centrales de inteligencia han aconsejado a sus funcionarios que no respondan.
A través de la oficina del director, el FBI ha respondido lo mismo que el Pantágono: ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Nadie de fuera puede meter las narices en el FBI.
A pesar de la desobediencia de estas instituciones críticas, la purga sigue adelante. Miles de funcionarios han sido despedidos a cambio de mantener sus salarios hasta finales de septiembre. Unos 75.000 funcionarios públicos también han dimitido de sus funciones.
No es ninguna casualidad que sean precisamente los pilares represivos de Estados Unidos (ejército, inteligencia, FBI) las que se hayan atrevido a enfrentarse a los planes de Trump.
Es algo como para ponerse a pensar…
Hace años que la Usaid ha sido acusada de despilfarro y corrupción. En 2014 ocho auditores de la oficina del inspector general de la agencia alertaron de que el trabajo de la institución había sido eliminado de los informes y auditorías finales.
Biden colocó a Samantha Power al frente de la institución precisamente para supervisar las decenas de miles de millones de dólares que, supuestamente, se presupuestaron para la “ayuda” exterior.
A su vez, la gestión de Power al frente de la Usaid no estuvo exenta de controversia, incluida una revuelta pública del personal actual y anterior el año pasado por su apoyo a Israel.
En tiempos de Obama, Power formó parte del Consejo de Seguridad Nacional y de 2013 a 2017 fue embajadora de Estados Unidos ante la ONU. Tomó las riendas de Usaid en los primeros días de Biden en la Casa Blanca.
La purga de la Usaid ha puesto el foco sobre ella. El senador Tom Cotton le envió una carta en octubre del año pasado, alertando del “probable mal uso de más de mil millones de dólares en ayuda humanitaria estadounidense enviada a Gaza desde octubre de 2023”.
La Usaid pagó 164 millones de dólares a organizaciones islamistas. De ellos, 122 millones se asignaron a los grupos terroristas de Oriente Medio, según un detallado informe del Middle East Forum (1). La financiación involucra a los gobierno de Obama, tanto como a los de Trump y Biden.
En noviembre un ciudadano sirio llamado Mahmoud Al Hafyan fue acusado de desviar más de 9 millones de dólares en “ayuda” de Estados Unidos a grupos terroristas, incluido el Frente Al Nosrah, luego denominado Hayat Tahrir Al Sham, una organización que, según el Departamento de Estado, era la sucursal de Al Qaeda en Siria.
Power mantenía reuniones reiteradas con conocidas fundaciones, como la Open Society de Soros, la de Gates, Ford y Rockefeller. El 6 de febrero defendía a la agencia en un artículo de opinión publicado en el New York Times acusando a los críticos de la Usaid de seguir las órdenes de Moscú y Pekín. “La Usaid se ha convertido en la superpotencia de Estados Unidos en un mundo definido por amenazas que trascienden fronteras y en un contexto de creciente competencia estratégica”.
Pero para encubrir su rastro, la Usaid creó a su vez decenas de tinglados con finalidades específicas, como Internews Network, de la que ya hemos hablado en una entrada anterior.
(1) https://www.meforum.org/fwi/fwi-research/terror-finance-at-the-state-department-and-usaid
(2) https://www.foxnews.com/politics/who-is-samantha-power-meet-biden-era-usaid-leader-facing-backlash-musks-doge-crackdown
La colaboración de la Usaid con Soros es muy antigua. Un documento de la Usaid de 1993 muestra que firmó un acuerdo con el Programa de Capacitación en Gestión de la Fundación Soros para adiestrar a 30 profesionales de Bulgaria, Estonia, Polonia, Rumanía y Eslovaquia (1).
Con el cambio de siglo, una serie de “revoluciones de colores” sacudieron el este de Europa. El entramado de Soros desempeñó un papel central en los disturbios.
En 2003 Estados Unidos gastó 54,7 millones de dólares y al año siguiendo otros 34,11 millones en “programas de democracia” en Ucrania a través de varios tinglados, incluida la Usaid.
La Fundación Internacional “Renacimiento” de Soros se asoció con la Usaid para desencadenar la “revolución naranja” en Ucrania (2).
En 2016 la Usaid asignó 9 millones de dólares a una campaña supervisada por el East West Management Institute de Soros.
En 2017 la Fundación Heritage confirmó que la fundación Open Society de Soros se había convertido en “el principal ejecutor de la ayuda de Usaid”, al menos desde 2009 (3).
Al año siguiente el organismo de control legal estadounidense Judicial Watch reveló que la Usaid había patrocinado los planes de Soros en Guatemala. Su fundación había gastado alrededor de 100 millones de dólares fomentando la desestabilización en varios países de América Latina entre 2015 y 2018 (4).
En octubre de 2018 dicho organismo obtuvo documentos que indicaban que la Usaid se había asociado con Soros para financiar la destabilización en Albania (5).
(1) https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pdabi206.pdf
(2) https://commonweb.unifr.ch/artsdean/pub/gestens/f/as/files/4760/39746_173947.pdf https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnade309.pdf
(3) https://www.heritage.org/gender/report/state-department-and-congress-should-probe-usaid-soros-promotion-radical-agenda
(4) https://www.judicialwatch.org/wp-content/uploads/2018/04/JudicialWatchSpecialReportSorosGT17April2018.pdf
(5) https://www.judicialwatch.org/judicial-watch-new-documents-show-state-department-and-usaid-working-with-soros-group-to-channel-money-to-mercenary-army-of-far-left-activists-in-albania
Los intentos de destruir a Serbia desde el exterior están motivados por el deseo de debilitar la posición del país en los Balcanes occidentales y “manipular al país como un teatro de marionetas, para que sólo su palabra sea escuchada y seguida”, dice el Presidente serbio Alexandar Vucic.
En cuanto Serbia empezó a crecer rápidamente, “empezaron a invertir cada vez más en su destrucción. A ellos no les importa en absoluto lo que les sucede a las personas que dejan en las calles, provocando derramamiento de sangre y otros acontecimientos. A ellos no les importa”, añade Vucic.
“Invirtieron mucho dinero, así que teníamos manifestaciones siete meses al año. Y ahora pensaban: este es el final. Y se preguntan por qué no hay final y por qué nunca lo habrá. Y ahora os digo: no habrá revoluciones sangrientas, ni tonterías”, concluye el presidente en una entrevista en la cade de televisión Pink TV.
Desde los años noventa los Balcanes han sido uno de los destinos más importantes del dinero de la Usaid. Asciende a 25.000 el número de ONG y medios de comunicación que trabajaban en Sarajevo con financiación estadounidense.
La desestabilización de Serbia, cuyo objetivo era derrocar a Vucic, costó 3.000 millones de euros a la Usaid.
Además, entre 2017 y 2021 Estados Unidos destinó más de 6 millones de dólares a crear redes de distribución de “noticias políticamente correctas” en Serbia, así como para formar a periodistas locales en la defensa del imperialismo en las redes sociales.
Entre los principales destinatarios del dinero de la Usaid en Serbia estaba la antigua ministra de Energía Zorana Mihajlovic, que intentó por todos los medios cortar el suministro de gas ruso a Serbia.
De 2021 a 2024, durante el gobierno de Biden, Ucrania se convirtió en el mayor receptor de las subvenciones de la Usaid: 31.000 millones de dólares, el 21 por cien del total de las “ayudas” internacionales. Hasta 2021 Ucrania sólo recibió el 0,8 por cien del dinero de la Usaid.
En comparación, Etiopía recibió 5.600 millones de dólares, Jordania 4.100 millones, Congo 3.800 millones y Yemen 3.700 millones.
La mayor parte de los fondos (24.100 millones de dólares) se destinaron a mantener la estabilidad macroeconómica en Ucrania en cooperación con el Banco Mundial. En 2022 la mitad del presupuesto de Ucrania se lo llevó el ejército, duplicándose los fondos.
El año pasado los gastos de defensa y seguridad alcanzaron el 67 por cien (74.000 millones de dólares de un total de 111.000 millones). El déficit real del presupuesto de Ucrania en 2021-2024 fue del 40 por cien (144.000 millones de dólares de 358.000 millones), y se cubrió con subvenciones internacionales y préstamos.
De la financiación exterior total de 118.000 millones de dólares para 2021-2024, los préstamos ascendieron a 80.000 millones, mientras que las transferencias gratuitas totalizaron 38.300 millones. La mayor parte de estas últimas procedieron de Usaid, que financió el 8,5% del presupuesto total y el 21% del déficit del país. Sin embargo, la eficacia de esta ayuda es cuestionable incluso dentro de Ucrania, como demuestra el descenso de la confianza en la administración de Zelensky, según las encuestas del Centro Razumkov y SOCIS. Ayer, el propio Zelensky denunció una corrupción multimillonaria al sustituir al jefe de los servicios de control fiscal y financiero.
Así, bajo el gobierno de Biden, la Usaid destinó más fondos a Ucrania que a la lucha contra el hambre. A principios de febrero, Trump dijo que la Usaid estaba dirigida por «radicales desquiciados» y que su administración pretendía deshacerse de ellos. Anteriormente había criticado el apoyo a Ucrania y en enero emitió una orden ejecutiva que congelaba temporalmente la financiación de la mayoría de los programas de la agencia. Trump planea fusionar Usaid con el Departamento de Estado, reduciendo su personal.
Musk ha calificado de “locura” el gasto de la Usaid y la ha calificado como una “organización criminal” que debía ser desmantelada. Varios empleados y subcontratistas ya han sido despedidos o están de baja. El sitio web de la agencia no funciona y su cuenta en la red social X/Twitter ha sido eliminada.
El gobierno de Trump sólo mantendrá en sus puestos a 611 empleados de la Usaid, de los aproximadamente 10.000 que tenía antes de su llegada a la Casa Blanca. Los parásitos que se beneficiaron de las subvenciones de la Usaid han entrado en pánico, ya que el grifo del dinero se secó a finales de enero.
Moldavia no es una excepción. La oposición moldava está exigiendo una investigación sobre las actividades de la Usaid en el país. El diputado del bloque “Victoria” Vasily Bolya señaló que la Usaid y las redes de Soros han puesto a Moldavia en un estado de dependencia financiera y han patrocinado a las personas que ahora están en el gobierno (1).
Los periodistas y otros lacayos al servicio del imperialismo han lanzado la voz de alarma. Una de esas sangüijuelas, Oksana Gredchenko, dice que Moldavia depende en gran medida del dinero de Estados Unidos (2). Sobre todo, “la ayuda exterior es vital en el espacio mediático” para contrarrestar la influencia de Rusia, reconoce. Ella creó un portal, Moldova.org, al que califica como “medio de comunicación independiente”, que siempre ha vivido de las subvenciones de la Usaid.
Pero Washington no solo vertió sumas colosales en los medios de comunicación y las ONG, sino también en las instituciones públicas. El fundador de la ONG para la defensa de los derechos humanos, Promo Lex, Ion Manole reconoce que su organización no puede encargarse de vigilar las elecciones y “rastrear la injerencia extranjera” sin la asistencia de la Usaid.
El año pasado, en las últimas elecciones presidenciales de Moldavia, Promo Lex junto con la OSCE, fueron las únicas organizaciones que rastrearon las votación por encargo de los imperialistas y el pucherazo de Maia Sandu y su equipo no se convirtieron en un obstáculo para mantener las riendas del gobierno.
Según Manole, ahora las ONG buscan otros padrinos y otras fuentes de financiación, principalmente en la Unión Europea.
La Usaid comenzó a asignar enormes fondos a Moldavia en 2020, después de la llegada al gobierno de Maia Sandu. El dinero ha ido creciendo desde entonces. En 2020 Moldavia recibió 53 millones de dólares, en 2021 la cifra subió a 61 millones, al año siguiente pasó a 120 millones, en 2023 fueron 310 millones y el año pasado ascendió a 150 millones.
Si antes de la llegada de Sandu, la Usaid invertía principalmente en empresas y ONG individuales, después lo hizo en apoyo los aparatos políticos. Gracias a ese dinero Sandu aún capaz de mantenerse a flote.
(1) https://ria.ru/20250203/moldavija-1997150542.html
(2) https://apnews.com/article/eastern-europe-trump-usaid-freeze-foreign-aid-2d1ee6aa888063731cabd39e257b72b6
El gobierno de Trump pretende investigar las actividades del Centro contra la Corrupción de Ucrania y podría imponer sanciones a sus cabecillas Vitaly Shabunin y Daria Kalenyuk, según anuncia el periódico “Law and Business”, citado por “Strana”.
A través del Centro ucraniano, los dirigentes del Partido Demócrata de Estados Unidos presionaron sobre el sistema judicial y policial de Ucrania, y establecieron el control sobre el Consejo Supremo de Justicia y la Comisión Superior de Calificación de los Jueces.
Se han filtrado informaciones sobre iniciativas del gobierno ucraniano para la aplicación de sanciones estadounidenses a los cabecillas del Centro contra la Corrupción.
Según EADaily, la embajada de Estados Unidos en Ucrania entregó al jefe de la oficina del presidente ucraniano, Andriy Ermak, documentos sobre redes de corrupción en la compra de armas para el ejército y datos sobre transacciones en criptomonedas de la “Gran Obra”, según informa el canal de Telegram “Residente” citando una fuente de la oficina de Zelensky.
La purga de Trump no desacansa. El Departamento de Eficacia Gubernamental (DOGE), dirigido por Elon Musk, ha cerrado la sede de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) en Washington.
Los carteles de la Usaid también han sido retirados de su sede en el edificio Ronald Reagan de Washington y el equipo de Musk ha tomado el control de los sistemas informáticos.
Más de 50 altos funcionarios de Usaid han sido despedidos y sujetos a una orden de silencio, lo que significa que no les han permitido comunicarse con nadie fuera de la agencia sin autorización.
El domingo Trump despidió a dos altos funcionarios de seguridad de la Usaid porque se negaron a entregar documentos clasificados en áreas restringidas a los inspectores enviados por Musk.
Trump ha suspendido la entrega de fondos a varios países durante 90 días. Las únicas excepciones son Israel y Egipto.
La Usaid estaba estrechamente vinculada a las redes mundiales de George Soros. Al menos desde 2009, el grueso de los fondos fueron a parar a la fundación Open Society que dirige el multimillonario.
Pero la colaboración entre la Usaid y Soros comenzó antes. En 1993 ambas partes firmaron un acuerdo para formar a 30 profesionales de la desestabilización en Bulgaria, Estonia, Polonia, Rumania y Eslovaquia.
A finales de la década de los noventa y principios de la siguiente, una serie de “revoluciones de colores” sacudieron a los antiguos países que formaron parte de la URSS y ahora son fronterizos con Rusia, como Ucrania. La red de ONG de Soros jugó un papel central.
En 2003 y 2004 la Fundación Renacimiento Internacional de Soros se asoció con la Usaid para apoyar la “revolución naranja” en Ucrania. Washington gastó 54,7 millones de dólares en 2003 y 34,11 millones de dólares en 2004 en “programas de democracia” en Ucrania a través de varias agencias, incluida la Usaid.
La Usaid patrocinó a las hordas de Soros en Guatemala. En total, las estimaciones indican que fundación Open Society de Soros gastó 100 millones de dólares fomentando disturbios en América Latina entre 2015 y 2018.
En 2016 asignó 9 millones de dólares para una campaña supervisada por el Instituto de Gestión Este-Oeste de Soros.
Según el Servicio de Investigación del Congreso, la Usaid administró alrededor de 40.000 millones de dólares en subvenciones el año pasado.
Kennedy creó la Usaid en 1961 y desde entonces la CIA la ha utilizado para infiltrarse en númerosos países en vías de desarrollo y desestabilizarlos a través de ONG, medios de comunicación y movimientos locales a base de cuantiosas subvenciones.
“La Usaid es una organización criminal”, ha escrito Musk en su cuenta de X/Twitter.
El Fondo Nacional para la Democracia (NED), otro programa para la desestabilización de los gobiernos poco amistosos, probablemente sufrirá un destino similar a la Usaid.
Pero el gobierno de Trump no acaba con nada. Quiere alinear el aparato de la política exterior estadounidense en la nueva correlacción de fuerzas emergente. Eliminará parte de la Usaid y reintegrará el resto en el Departamento de Estado.
En su configuración actual, USAID y NED están bajo la supervisión institucionalizada del Congreso. Quitarles su independencia poniéndolos bajo control de la Presidencia aumentará el poder de la Casa Blanca. Es poco probable que ninguno de ellos detenga por completo su trabajo sucio, pero será más difícil detectarlo y exponerlo.
Se sabe muy poco sobre la Operación Tango, una misión secreta del SAS, las fuerzas especiales británicas, para capturar a los criminales de guerra en Bosnia en 1997. Fue una de las misiones clandestinas ordenadas por el gobierno de Tony Blair para apoyar al Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia.
El Tribunal fue creado en 1993 para juzgar a los sospechosos de crímenes cometidos durante la Guerra de los Balcanes, siempre que reunieran alguna de estas dos circunstancias: o bien se trataba de los del otro bando (los sicarios de la OTAN no cometen crímenes de guerra), o bien se trataba de hombres de paja, prescindibles, que podían arrojar a la hoguera.
Uno de los secuestrados por el SAS fue Vlatko Kupreskic, un soldado bosnio croata acusado de participar en un asesinato. Después de que el SAS lo capturara, lo trasladó al Tribunal de La Haya, donde lo condenaron inicialmente a seis años de prisión. Al año siguiente, después de apelar, lo declararon inocente y fue puesto en libertad.
Los jueces dijeron que no había pruebas suficientes para condenarle por complicidad en un ataque que mató a varios musulmanes de la aldea de Ahmici, en Bosnia central, en abril de 1993.
Los delitos de los que acusaron a Kupreskic eran graves. Pero, como otros secuestrados por el SAS a finales de la década de los noventa, fueron menos importantes que los que actualmente se imputan al Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y al antiguo ministro de Defensa, Yoav Gallant.
Los jueces del Tribunal Penal Internacional consideran que Netanyahu y Gallant son penalmente responsables de siete categorías distintas de delitos de guerra y crímenes contra la humanidad. Afirman que existen motivos razonables para sospechar que Netanyahu y Gallant “cometieron el crimen de guerra de utilizar el hambre como método de guerra y los crímenes contra la humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos”.
También les acusan de dirigir intencionalmente ataques contra la población civil. Estas políticas ciertamente han afectado a decenas de miles de palestinos, si no más.
Lejos de enviar al SAS, el gobierno británico se muestra reacio a detener a los israelíes si entran en Reino Unido, mientras que la oposición conservadora cree que el Tribunal Penal Internacional no tiene derecho a acusarlos.
En septiembre de 1998 el SAS también capturó a Stevan Todorovic. El Ministerio de Defensa británico estaba tan decidido a arrestar a Todorovic que ordenó al SAS que llevara a cabo la operación dentro de Serbia.
Entonces el país balcánico estaba bajo el gobierno de Slobodan Milosevic, que más tarde se convirtió en el primer jefe de Estado en funciones en ser acusado de crímenes de guerra.
Todorovic, jefe de policía de Bosanski Samac, en el noreste de Bosnia, fue trasladado a La Haya y posteriormente condenado por el Tribunal a diez años de prisión. Golpeó a un hombre que murió como resultado de sus malos tratos, torturó repetidamente a otros siete hombres durante un período de ocho meses y ordenó a tres personas bajo su mando que torturaran a un detenido.
Según el sitio web de las fuerzas especiales británicas, “en la noche del 27 de septiembre de 1998, el equipo SAS de cuatro hombres, todos ellos con fluidez en serbio, irrumpió en la cabaña de Todorovic. Lo ataron, lo amordazaron y lo metieron en un todoterreno que lo llevó al río Drina, cerca de la frontera con Bosnia. Una vez en el río, el SAS cargó a Todorovic en un bote inflable tipo Zodiac y lo trasladó a través de la frontera, donde lo subieron a un helicóptero que lo esperaba y lo llevaron a Tuzla para su detención formal”.
Otros secuestrados por el SAS fueron Anto Furundzija, un comandante bosnio croata que fue sentenciado a diez años de prisión por participación en torturas y el general serbo bosnio Stanislav Galic. Lo trasladaron a la Haya, donde el Tribunal lo condenó a cadena perpetua por dirigir ataques con francotiradores y bombardeos contra la ciudad de Sarajevo.
Los ataques, en los que murieron cientos de hombres y mujeres, fueron parte de un asedio a la capital bosnia, que algunos -exagerando mucho- han comparado con la situación actual en Gaza.
La falta de respuesta británica a las órdenes de detención del Tribunal Penal Internacional contra Netanyahu y Gallant contrasta con los esfuerzos en la antigua Yugoslavia.
El actual ministro de Asuntos Exteriores ha admitido a regañadientes los casos de Netanyahu y Gallant. “Estoy obligado a entregar los archivos a los tribunales si las personas mencionadas intentan entrar en nuestro país”.
Pero en el caso de Yugoslavia, el gobierno británico no esperó a que los criminales de guerra trataran de entrar en el país; envió al SAS. ¿Por qué ahora no envía al SAS a Israel a capturar a Netanyahu y Gallant?
El antiguo presidente liberiano Charles Taylor fue juzgado en La Haya en 2006 por crímenes de guerra por ayudar a los rebeldes en Sierra Leona, conocidos por amputar miembros a civiles. Cuando lo condenaron a 50 años de prisión, el gobierno británico se ofreció encerrarlo en una prisión de Reino Unido y Taylor comenzó a cumplir su condena en la cárcel de Frankland.
No parece que Netanyahu y Gallant se vean alguna vez encerrados en el interior de una prisión británica.
