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Los problemas se le acumulan a Bélgica. No resuelve ninguno de ellos y se van amontonando encima de la mesa, que es el peor síntoma de una crisis muy profunda. Primero, el gobierno está presionado por Europa para que se apodere del dinero que Rusia tenía guardado en un banco, lo cual es una fuente de problemas, tanto si participa en el atraco como si no lo hace.

Segundo, el gobierno es un laberinto de 5 partidos que no tienen nada en común y que se han puesto de acuerdo sólo porque alguien tiene que participar en las ceremonias oficiales y diplomáticas.

Tercero, la semana pasada los trabajadores y pensionistas salieron a la calle durante tres días seguidos. Es la mayor movilización en Bélgica desde la “huelga del siglo” en el invierno de 1960 a 1961.

Hace años que en Bélgica los sindicatos convocan huelgas y manifestaciones a regañadientes. Ellos forman parte de la crisis, una crisis dentro de otra crisis. En repetidas ocasiones las camarillas sindicales han pedido al Primer Ministro que les reciba, pero no se ha dignado a contestarles. No les queda más remedio que ponerse las pilas porque la situación laboral es cada vez más penosa.

Llueve sobre mojado. La semana pasada estalló un episodio de movilizaciones que sigue a 11 meses de luchas obreras, o sea, que los trabajadores pasan más tiempo en la calle que en el tajo, lo cual también es muy peligroso.

Todo va a más. La huelga de la semana pasada contó con mayor apoyo y fue más larga que la del 31 de marzo, tras la gran manifestación que reunió a unos 140.000 trabajadores en Bruselas el 24 de septiembre.

El gobierno aprovechó las tres jornadas para asustar a los parlamentarios, que acabaron tragando con los presupuestos. “O yo o el caos”, vino a decirles el lunes el Primer Ministro, Bart De Wever, que ha promovido un espejismo: la coalición de gobierno se consolida en medio de la tempestad.

Pero no todos pasaron por el aro, por lo que la crisis interna se ha profundizado. De Wever no se esconde y confirma que su partido NVA es “la oficina de investigación de los empresarios flamencos”. Como en los demás países europeos, en Bélgica no hay otra política que la austeridad presupuestaria, los recortes y el sacrificio de millones de trabajadores.

No obstante, las huelgas y manifestaciones no son más que un alto en el camino porque el gobierno no se da por enterado. Ya cuentan con los gritos y las pancartas en la calle. El movimiento obrero tendrá que dar un paso más, que sólo puede ser político, es decir, que tiene que tener en cuenta el contexto de guerra que vive Europa.

La huelga general en Bélgica de 1960 a 1961

Bélgica tiene una larga trayectoria de luchas obreras. Hace 65 años, más de un mes de paros y movilizaciones sacudieron al país de arriba abajo. Ha pasado a la historia como la “huelga del siglo” y no fue solo una movilización sindical. Fue una auténtica rebelión, una prueba de fuerza política, a veces insurreccional, entre la clase obrera, por un lado, y el capital, el Estado y la Iglesia católica, por el otro.

Sólo habían pasado 15 años del final de la Segunda Guerra Mundial. Hasta entonces las huelgas generales habían estado dominadas por la adquisición o salvaguarda de los derechos y libertades democráticos (1893, 1902, 1913, 1950) o por exigencias sociales inmediatas (el verano de 1936: el día de ocho horas, vacaciones pagadas, etc.). La huelga de 1960-1961 fue mucho más allá. En un discurso pronunciado en plena batalla, el secretario general del sindicato FGTB (Federación Nacional de Trabajadores de Bélgica), André Renard, declaró que “a partir de hoy, las palabras revolución e insurgencia tendrán un sentido práctico para nosotros”.

La huelga estalló y avanzó de una manera muy espontánea y desde el principio tuvo un carácter político, que apuntaba hacia la conquista de reformas estructurales de las relaciones de producción capitalistas. Uno de los grandes pilares de la reacción era el monarca Leopoldo III, amigo de Hitler, que había encontrado una enorme oposición en el país para recuperar su cargo tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Los trabajadores percibían el regreso del rey Leopoldo 3 como un intento de volver a la situación anterión a la guerra.

La Iglesia católica era otro pilar. Durante su discurso de Navidad, su máximo dirigente, el cardenal Van Roey, condenó la huelga como contraria a la “moral cristiana”. Durante la huelga, por medio de sus sindicatos amarillos, se esforzó por enfrentar a los trabajadores valones de los flamencos.

El ministro de Obras Públicas, Homer Van Odenhove, dijo por la radio: “Esta noche me limitaré a llamar su atención [a los obreros] sobre el inmenso daño que estas insensatas huelgas políticas están causando no solo al país, sino también a ustedes mismos y a sus seres queridos”. Este topo de mensajes se sucedían en los medios de comunicación.

Pero una batala no se gana con palabras. El gobierno organizo un fantástico despliegue de la gendarmería (18.000 efectivos) para proteger la centros vitales, desmantelar los piquetes y proteger a los esquiroles. El ejército movilizó de 12 a 15.000 soldados para mantener la infraestructura industrial, puentes, oficinas de correos, telégrafos, etc.

Desde las primeras semanas de huelga, el país quedó paralizado. El gobiernop erdió el control de la situación muy rápidamente. En muchos lugares, especialmente en Valonia, los comités de huelga se encargaron de organizar el transporte y regular la vida Social. Ningún coche, motocicleta o camión podía circular sin la autorización de los comités de trabajadores y de barrio.

En el apogeo de la huelga, después de dos semanas de paros, millones de trabajadores estaban en la calle. El centro de gravedad siempre estuvo en las cuencas industriales de Valonia, especialmente el Borinage que quedó aislado por las barricadas. El acceso se hizo imposible. Nuevas huelgas condujeron al cierre de las minas de carbón de Borinage (*).

Durante un corto período de tiempo, se celebraron hasta 300 manifestaciones en el país, masivas la mayor parte de ellas. Se cometieron 3.750 sabotajes, a menudo para evitar que los esquiroles reventaran los paros. En los combates contra la policía cuatro manifestantes perdieron la vida.

La huelga general cambió Bélgica para siempre. El gobierno cayó y, recientemente, no por casualidad, la prensa volvió a recordar la “batalla del siglo” para decir que más vale ceder un poco que perderlo todo. En 1960 los trabajadores belgas saltaron en contra de los planes de austeridad del gobierno (“ley única”), exactamente igual que ahora.

(*) El nombre de esta cuenca minera belga deriva de “bore”, que significa “pozo” o “yacimiento” en el dialecto local. Los habitantes de la cuenca se llaman “borains”. Formaba parte de un cinturón (“Sillon industriel”) que fue la cuna de la revolución industrial belga. Pero en 1948, la región valona, típicamente obrera, se benefició mucho menos del Plan Marshall que la flamenca. El cierre de las minas de carbón fue la puntilla para una región ahora pobre y deprimida.

Wasmes. Le drame du Borinage (documental de 1959)

Ayer el Senado francés aprobó una iniciativa para aumentar la jornada laboral anual de los trabajadores en 12 horas, lo que ha provocado una fuerte oposición, incluso por parte del mismo gobierno, en un contexto de déficit de la seguridad social y un debate sobre la productividad, o sea, sobre la explotación.

La enmienda pretende aumentar la jornada laboral anual de los trabajadores en 12 horas. La propuesta prevé un aumento de 1.607 a 1.619 horas anuales. El texto fue aprobado por 199 votos a favor y 135 en contra, en el marco del debate sobre el presupuesto de la seguridad social para el año que viene.

La iniciativa reaviva un debate que el gobierno francés ha evitado durante años, a pesar del déficit, que sigue aumentando. “No podemos salir de esta situación si no creamos más riqueza”, viene a ser la consigna, aunque nadie explica quién se va a aprovechar esa “riqueza”.

“Para generar más riqueza, necesitamos invertir más, pero sobre todo, necesitamos aumentar la jornada laboral”, declaró el promotor de la iniciativa, Olivier Henno, que intentó minimizar el impacto de la medida, enfatizando que representa “solo una hora al mes y 15 minutos a la semana”.

El senador acudió al cuento de la lechera: la extensión de la jornada laboral generará un ahorro de más de 10.000 millones de euros al año.

Sería un fuerte retroceso para el movimiento obrero y las reacciones no se han hecho esperar. “¿Cómo pueden hablar de esfuerzos imperceptibles cuando se trata de aumentar la jornada laboral de conciudadanos que realizan trabajos arduos?”, exclamó el senador Simon Uzenat, que calificando la iniciativa como “una auténtica provocación”.

En la cuerda floja, el gobierno de Macron no se ha atrevido a tomar postura, aunque el ministro de Trabajo, Jean Pierre Farandou, reaccionó diciendo que “es grave”. Si bien comparte los objetivos declarados por los autores de la iniciativa, consideró que el horno no está para bollos.

El 85 por cien de las trabajadoras textiles de la región de Monastir, en Túnez, son mujeres. Son las heroínas anónimas de la moda, cuyas condiciones laborales se encuentran entre las más duras del mundo de la subcontratación. La suspensión de los Acuerdos Multifibra (*) en 2005 agravó aún más la violación de sus derechos laborales.

Ksibet El Madiouni, un día soleado de febrero de 2024. Son las 12:00 del mediodía cuando este pequeño pueblo, situado a 10 kilómetros al sur de Monastir, se inunda de los colores de las blusas de las trabajadoras textiles: rosa, azul, verde, malva, blanco… Es como un sello distintivo de su pertenencia a cada una de las pequeñas fábricas de ropa de Ksibet El Madiouni. Mujeres de entre 20 y 40 años ocupan un tramo de acera, las escaleras de una casa en construcción y, más adelante, una rotonda.

Entre las parejas y tríos de costureras, se vislumbran chicas de quince y dieciséis años. No tienen tiempo para relajarse de verdad, ni siquiera para quitarse los delantales: solo media hora para un almuerzo apresurado. En estos pequeños talleres de costura, que emplean a una media de treinta personas, repartidos por los barrios residenciales de Ksibel El Madiouni y especializados en la subcontratación para marcas de renombre internacional, como Zara, Diesel, Levi’s, Benetton, Tommy Hilfiger, Dolce & Gabbana, Guess, Max Mara, Gap y Darjeeling, los antiguos comedores se han reconvertido con el tiempo en almacenes para retales de tela y mercancía lista para la exportación.

“Salen porque también necesitan respirar aire fresco y tomar el sol. Muchas han desarrollado alergias al polvo, asma provocada por las fibras de algodón y alergias a los productos tóxicos utilizados para teñir los vaqueros. Los trastornos musculoesqueléticos también son muy comunes entre estas trabajadoras debido a la postura rígida que mantienen durante horas frente a sus máquinas de coser, sentadas en sillas inadecuadas para la ardua labor que realizan”, explica Amani Allagui, coordinadora de proyectos de la filial de Monastir del FTDES (Federación Tunecina de Derechos Económicos, Sociales y Ambientales). Esta ONG se centra en los derechos de las trabajadores textiles, tanto a través de la investigación de campo como de la defensa de un mejor acceso a la atención sanitaria.

Sin embargo, este descanso de media hora, a veces interrumpido por los jefes cuando hay que entregar pedidos urgentes, es motivo de frustración. “Su tiempo es oro, y el nuestro no vale nada”, protesta Fadhila, de 32 años, trabajadora textil en Ksibet El Madiouni, haciendo hincapié en la presión constante a la que se enfrentan, sobre todo en la implacable búsqueda de la máxima productividad, meticulosamente cronometrada por la “cheffa”, como llaman a su supervisora.

El 85 por cien de la plantilla es femenina.

Monastir, a 160 kilómetros al sureste de Túnez, es el principal centro de producción textil de Túnez, con 397 pymes especializadas en la confección, de las cuales el 86,5 por cien se dedican exclusivamente a la exportación. Esto representa más de una cuarta parte de todas las empresas del sector a escala nacional. Con el 70,77 por cien de las empresas textiles, este sector emplea a 44.625 trabajadores en esta provincia, la mayoría mujeres (casi el 85 por cien), según un estudio de FTDES sobre la violación de los derechos económicos y sociales de las trabajadoras en el sector textil de la región de Monastir.

En primer lugar, la costura sigue siendo una profesión con sesgo de género en Túnez. En segundo lugar, sus salarios relativamente bajos se consideran culturalmente un ingreso complementario para los hogares, lo cual, dada la realidad actual, dista mucho de la verdad. Y en tercer lugar, esta fuerza laboral femenina, a menudo necesitada y con niveles educativos relativamente bajos, tiene fama de ser reacia a protestar a pesar del doble yugo de la dominación patriarcal y capitalista.

El sector textil y de la confección representa un motor crucial para la economía tunecina. Sin embargo, sigue dependiendo totalmente de los clientes europeos. Estas empresas imponen a los subcontratistas locales exigencias de calidad, productividad, plazos de entrega y ritmo de trabajo adaptados a los dictados de la moda, cuyo lema es: cada vez más rápido, cada vez más colecciones y opciones, a precios cada vez más bajos. Este modelo, que ya no es estacional, tiene un impacto catastrófico en los recursos humanos, sobre cuyas espaldas se obtienen enormes beneficios: las prendas de confección se venden en las tiendas por tan solo tres veces su coste de fabricación.

Acaban los Acuerdos Multifibra, comienza el trabajo precario

Túnez se ha convertido en un paraíso para la industria textil en países europeos como Francia, Bélgica, Italia, Alemania y España desde la implementación de la ley de 27 de abril de 1972, que estableció un régimen especial para las industrias orientadas a la exportación. Esta ley tenía como objetivo crear el mayor número de empleos posible, aumentar los ingresos en divisas e impulsar el crecimiento. El Estado fomentó enérgicamente la creación de empresas con un 60 por cien de participación extranjera, constituidas bajo esta legislación.

Además, el desarrollo del sector textil de subcontratación se vio estimulado en 1976 por los Acuerdos Preferenciales Multifibra (*). Estos Acuerdos, de carácter proteccionista, permitieron a países en desarrollo como Túnez y Marruecos eludir la feroz competencia de los grandes proveedores al exportar cuotas de prendas de vestir a países europeos.

En 2005 los Acuerdos Multifibra (*) llegaron a su fin. Túnez experimentó entonces una drástica reducción de su cuota de mercado, especialmente porque, a diferencia de China, que exporta productos terminados, se limita a ensamblar tejidos fabricados en otros países, un proceso conocido como fabricación por contrato.

El final de los Acuerdos Multifibra (*) provocó cambios en el sector. Aquellos cambios agravaron aún más la violación de los derechos laborales en la industria de la moda. En 2009 se llevó a cabo una modernización nacional del sector, supuestamente para aumentar su competitividad. “Este ajuste se ha realizado exclusivamente a expensas del eslabón más débil de la cadena de producción: las mujeres que trabajan duramente en ella”, afirma Mounir Hassine, director de la sección FTDES en Monastir.

Además, la reforma del Código Laboral de 1996 introdujo los contratos de duración determinada, que establecen modalidades de trabajo flexibles y facilitan los despidos injustificados. Hoy, según los últimos estudios del FTDES, el 85 por cien de los contratos de las trabajadores textiles son de duración determinada, frente a solo el 50 por cien en 2013. Además, la industria de la confección, que empleaba a 250.000 trabajadores hasta 2007, ha perdido 100.000. Probablemente, estas trabajadoras se incorporaron a las filas de las numerosas y clandestinas unidades de producción informal, ¡la mayoría de las cuales producen para el sector formal! Pequeños negocios que operan desde garajes o salas de estar en casas particulares, conocidos por sus condiciones laborales y salarios que ignoran cualquier cobertura de seguridad social, convenios colectivos o incluso las normas de seguridad laboral.

El gran tabú: las agresiones sexuales

Seis categorías de trabajadoras conforman la industria de la confección. En la base de la pirámide (categoría 1) se encuentra el personal de limpieza. Luego viene la categoría 2, las nuevas trabajadoras, a quienes el gerente asigna tareas relativamente sencillas: planchar, etiquetar y empaquetar. El grupo más numeroso lo conforman las costureras en sus máquinas (categoría 3), algunas de las cuales poseen un certificado profesional. Estas mujeres perciben actualmente un salario de alrededor de 700 dinares tunecinos (200 euros) al mes. A continuación, se encuentran las trabajadoras especializadas, en particular las cortadoras. Si bien este trabajo ha sido tradicionalmente masculino debido a sus exigencias físicas, hoy en día se está feminizando cada vez más. La categoría 5 está reservada para el mecánico, generalmente un hombre, y la jefa de taller (más frecuentemente una mujer), bajo cuya supervisión el mecánico de prendas realiza el ensamblaje y el ajuste de las prendas. La jefa y el mecánico perciben actualmente un salario de alrededor de 1.200 dinares tunecinos (355 euros). El responsable de calidad y el responsable de producción ocupan la cúspide de la jerarquía de producción; sus salarios pueden alcanzar los 1.500 dinares tunecinos (444 euros) o incluso más.

El sector textil opera mayoritariamente con una semana laboral de 48 horas. Las jornadas laborales son de al menos ocho horas diarias. Cuando se contabilizan, ni las horas extraordinarias ni los días festivos se suelen pagar a la tarifa más alta que exige la ley.

Las agresiones sexuales son un gran tabú en este mundo predominantemente femenino. Debido al estigma social que conllevan, las trabajadoras de las fábricas apenas insinúan este problema. Esto quedó especialmente patente durante las entrevistas que realizamos para el estudio de la UGTT (Unión General Tunecina del Trabajo) sobre “Mujeres y violencia de género en el lugar de trabajo”. Nos contaron lo que a veces sucede entre bastidores en sus talleres: el supervisor que interroga a una joven empleada sobre su vida privada, o el guardia de seguridad que instala una cámara en el baño de mujeres y es sorprendido in fraganti, relata Nahla Sayadi.

Con una sonrisa y una figura esbelta, Malika, de 45 años, trabaja en una tienda de ropa en Monastir. En este local del centro, lleva dos años como jefa de ventas. Malika estaba harta del ritmo agotador de los talleres textiles de Ksar Helal, cerca de Monastir, donde empezó a trabajar a los 13 años, siguiendo los pasos de sus tías y primas.

“¿De verdad tenemos otra opción? ¡La fábrica es la única alternativa para las jóvenes de Ksar Helal que no rinden en la escuela!”, suspira Malika. Su trayectoria profesional de treinta años estuvo marcada por varios periodos de baja laboral, que oscilaron entre un mes y tres años. “Me iba en cuanto me veía superada por el agotamiento físico y mental. Necesitaba recargar las pilas antes de volver a la empresa. En verano, con 40 grados de calor, cosíamos abrigos de piel para las colecciones de invierno, sin siquiera un ventilador para refrescar el ambiente. El sudor nos corría de la cabeza a los pies. En invierno, tiritábamos en talleres con corrientes de aire. Terminaba mis días con las rodillas rígidas y los brazos entumecidos, sintiéndome más pesada que las máquinas de coser”.

Malika, quien reconoce que hoy gana menos que en la fábrica, pero se siente mucho más serena y realizada, ha desarrollado varices profundas debido a sus extenuantes jornadas de trabajo, por estar tanto tiempo de pie frente a la tabla de planchar. Afortunadamente, no ha contraído trastornos musculoesqueléticos (TME), que suelen aparecer cuando las trabajadoras exceden su capacidad funcional y no descansan lo suficiente. Estas dolencias, que ahora le impiden a Fethia, de 60 años, víctima del cierre repentino de la empresa belga Absorba en 2013, mover la muñeca, le causan dolor: “El dolor me despierta por la noche. Ya ni siquiera puedo sostener un vaso, porque tengo miedo de que se me caiga lo que lleve encima”, se lamenta.

La lucha de las trabajadoras: demandas por despido improcedente

Fethia, Jamila, Neyla, Najah, Amel y las aproximadamente dos mil trabajadoras de todas las categorías obtuvieron sentencias a su favor tras interponer demandas contra el cierre repentino de la fábrica Absorba. Sin embargo, las indemnizaciones fijadas por los tribunales, estimadas en varios miles de dinares para cada una, en la mayoría de los casos no se pagan. ¿Cómo pueden hacerse valer cuando el propietario extranjero ya se ha marchado, dejando tras de sí solo maquinaria obsoleta, y cuando sigue sin dejar de pagar las facturas y deudas pendientes?

Para la dirigente sindical Nahla Sayadi, los cierres de fábricas sin previo aviso aumentaron significativamente tras la revolución tunecina de enero de 2011, “en un momento en que las trabajadoras textiles habían adquirido cierta conciencia social”, señala.

Una historia de resistencia acaparó los titulares en 2016: tras el impago de sus salarios en enero, las 67 mujeres de la fábrica Marmotex en Chebba, provincia de Mahdia, después de manifestarse en las calles, optaron por la autogestión en marzo de 2016 para salvar su fábrica, dedicada a la producción de prendas de vestir para la exportación. Se había alcanzado un acuerdo con la UGTT, la inspección de trabajo y el propietario. Sin embargo, éste, un hombre poderoso e influyente en la región, hizo todo lo posible por sabotear el proyecto. La cooperativa en construcción, para gran consternación de sus fundadoras, fracasó.

No obstante, la iniciativa fue adoptada con éxito por la sección de Monastir del FTDES, que en 2020 inauguró una cooperativa textil en Ksibet El Madiouni. La fábrica, llamada Manos Solidarias, ha logrado reintegrar a 50 mujeres, la mayoría mayores de 40 años, al mundo laboral después de haber sido rechazadas por la fuerza depredadora y destructiva de la producción de moda.

Devolviendo la dignidad a las trabajadoras: la cooperativa Manos Solidarias

De vuelta en Ksibet El Madiouni. La cooperativa Manos Solidarias se ubica en la Avenida Bourguiba, en pleno centro de la ciudad. En su interior, el taller de tamaño mediano cuenta con una gran mesa de corte, calderas y una tienda repleta de vestidos de mujer, ropa deportiva y prendas infantiles. La unidad de producción, un hervidero de actividad, reúne a unas treinta mujeres con blusas rosas, burdeos, azules y blancas: los últimos vestigios de las etiquetas de las fábricas donde trabajaban antes de unirse a la cooperativa. La diferencia aquí, en comparación con las 396 fábricas de ropa de la región, radica en que ¡las propias trabajadoras gestionan su empresa! Esto se basa en un modelo inspirado en la economía social y solidaria.

“Son partícipes de la empresa; ahí reside el secreto de su motivación”. Las decisiones sobre la estrategia de nuestra empresa se toman de forma colectiva. “Los trabajadores eligen a los miembros del consejo de administración de la empresa en una asamblea general”, explica Jamila Bousaid, de 58 años, presidenta de la cooperativa textil Manos Solidarias.

En su oficina destacan dos retratos de antiguas trabajadoras, compañeras de Jamila Bousaid: los de Emna Zayati y Raoudha Bousrih, quienes fallecieron prematuramente en 2021, a los 55 años, a causa de enfermedades laborales. ¡Nadie quiere olvidarlas!

La historia de Manos Solidarias comenzó a principios de 2020, cuando un grupo de trabajadoras de la confección, todas mayores de 40 años y despedidas injustamente, se pusieron en contacto con el FTDES. Conocen bien a algunas de sus miembros, ya que las entrevistaron en el marco de sus investigaciones. Varias de ellas tenían litigios pendientes contra empresarios desaparecidos sin dejar rastro, y además contaban con décadas de experiencia. Tras un período de dificultades, se encontraron sin recursos. Fue entonces cuando, dentro del FTDES, resurgió la idea de una empresa autogestionada, similar a la de Chebba tres años antes. Impulsada por el entusiasmo de sus fundadoras. La cooperativa se creó en marzo de 2020.

La iniciativa resultó estar plagada de obstáculos. ¡Un verdadero peligro! La ley sobre economía social y solidaria, aprobada por el Parlamento el 17 de junio de 2020, estaba suspendida. No se promulgaron decretos de implementación para hacerla viable. En consecuencia, los dos principales obstáculos a los que se enfrenta Manos Solidarias son una administración conservadora y, sobre todo, la competencia desleal de productos procedentes del sector informal, ya sean de fabricación local o importados de Turquía o China.

Las mujeres trabajaron en un catálogo ilustrado que mostraba numerosos artículos y diseños de su propia creación, elaborados con materiales ecológicos y que demostraban la amplitud de su experiencia: camisetas para hombre y mujer, conjuntos deportivos unisex, sudaderas con capucha, petos, delantales, bolsas de tela, caminos de mesa, cajas de almacenamiento y mucho más.

“Fuimos de puerta en puerta para mostrar el catálogo a los comerciantes y explicarles nuestra propuesta. Elogiaron la calidad de nuestro trabajo y el valor de nuestro proyecto social. Pero no logramos cerrar ningún trato. No podíamos competir con el mercado informal”. Si no hubiera sido por el apoyo de FTDES, que vendió nuestros productos en sus congresos y eventos, también habríamos quebrado. Así que volvimos a la subcontratación, que, año tras año, nos garantiza pedidos que al menos cubren los salarios de nuestro personal”, lamenta Iheb Ben Salem, director de la cooperativa.

Hoy, a pesar del apoyo financiero para la compra de maquinaria de costura proporcionado por la Unión Europea y CCFD-Tierra Solidaria, así como de la buena voluntad, la creatividad y la determinación del equipo, la supervivencia misma de Manos Solidarias parece estar en juego.

A pesar de todos los desafíos, Manos Solidarias sigue siendo un faro de esperanza en este oscuro mar de empresas regidas por un sistema que esclaviza a mujeres y hombres.

Olfa Belhassine https://medfeminiswiya.net/2024/09/10/enquete-sur-les-ouvrieres-du-textile-tunisien-les-laissees-pour-compte-de-la-fast-fashion/

(*) Los Acuerdos Multifibra fueron tratados bilaterales e internacionales negociados dentro del GATT/OMC para preservar la industria textil de los países más desarrollados frente a la competencia de los del Tercer Mundo. Tenían un carácter proteccionista, imponiendo cuotas de exportación, por país y por producto (algodón, la lana y los materiales sintéticos).

Esta mañana los trabajadores han paralizado Grecia en una convocatoria de huelga general para protestar contra el plan del gobierno de introducir la posibilidad de una jornada laboral de 13 horas.

Durante 24 horas el transporte, incluyendo trenes y transbordadores que conectan el continente con las islas, se va a interrumpir, al igual que los metros y autobuses. Los maestros, el personal hospitalario y los funcionarios también han dejado de trabajar.

Están convocadas manifestaciones en todo el país, incluida Atenas, para denunciar la reforma del gobierno de Kyriakos Mitsotakis, que pone en peligro la salud y esclaviza a los trabajadores.

El proyecto de ley, que aún no se ha presentado al Parlamento, dispone que, bajo ciertas condiciones, un trabajador pueda trabajar 13 horas al día, y para un solo empresario. En un país donde la economía aún se ha recuperado del rescate de 2012, la jornada de 13 horas ya existe, pero sólo si el trabajador está pluriempleado.

El primer ministro, en el poder desde 2019, aseguró que muchos jóvenes querían trabajar más para ganar más. “Garantizamos la libertad de elección tanto para el empleador como para el empleado. ¿Por qué sería antisocial?”, dijo en la Feria Internacional de Salónica a principios de septiembre.

La ministra de Trabajo ha destacado el carácter “excepcional” de la jornada de 13 horas que, en ningún caso, se generalizará. “Se trata de una disposición… válida hasta por 37 días al año… solo con el acuerdo del empleado y con una remuneración aumentada en un 40 por cien”, insistió en el canal de televisión Mega.

Los bajos salarios siguen siendo el talón de Aquiles de la economía griega, por el alto coste de la vida. El salario mínimo, aunque revalorizado, alcanza los 880 euros mensuales.

Una esclavitud moderna

La reforma desmantelará los límites mínimos de protección de los trabajadores. Supone la creación de una esclavitud moderna para los trabajadores, obligados a sobrevivir con horarios inhumanos y salarios de miseria, lo que, en Grecia, desde la crisis de 2009, va ligado a una desregulación despiadada.

En Grecia, el tiempo de trabajo semanal de 39,8 horas es superior a la media de los 27 países de la Unión Europea (35,8 horas). Pero la jornada de trabajo esconde grandes disparidades. En el sector turístico, en el pico de la temporada, la jornada se extiende, a veces sin el más mínimo descanso semanal.

La duración legal del tiempo de trabajo diario en Grecia es de ocho horas diarias con la posibilidad de trabajar horas extras, remuneradas.

El país ya ha establecido la posibilidad de una semana laboral de seis días, particularmente en los sectores de alta demanda, como en el turístico.

En el mes de mayo relatamos que el gigante bananero Chiquita Brands había despedido a casi 7.000 trabajadores a causa de una huelga. Siguiendo con la presión, luego anunció que abandonaba Panamá. Ahora da marcha atrás, regresa al país centroamericano y volverá a contratar a los trabajadores despedidos.

El anuncio procede del gobierno panameño y la decisión se tomó durante una reunión en Brasil entre el presidente panameño, José Raúl Mulino, y cabecillas de la multinacional estadounidense, tras varias semanas de negociaciones.

“Hemos llegado a un acuerdo positivo para Bocas del Toro [provincia caribeña productora de banano] y los miles de trabajadores despedidos”, declaró Mulino en un video publicado por la presidencia panameña.

Chiquita cerró su fábrica en Changuinola a finales de mayo y despidió a más de 6.000 trabajadores tras una huelga contra la reforma provisional que paralizó parcialmente durante semanas la provincia panameña, cuya economía depende principalmente del turismo y del banano, el principal producto de exportación de Panamá.

“Reiniciaremos nuestras operaciones en el país con un nuevo modelo operativo más sostenible, moderno y eficiente, que genere empleos dignos y contribuya al desarrollo económico y social del país y la provincia”, prometió el presidente de la multinacional, Carlos López, en un comunicado.

La empresa alegó que la huelga, declarada ilegal por los tribunales, le había causado pérdidas por más de 75 millones de dólares.

Un monopolio con una turbia tradición golpista en Latinoamérica

La empresa Chiquita Brands International es una de las bananeras más grandes y conocidas del mundo. Fundada en 1870, tiene su sede en Estados Unidos y ha sido un turbio protagonista en algunos de los peores golpes de Estado en América Latina.

Sus crímenes políticos le obligaron en 1984 a cambiar su antiguo nombre, United Fruit Company, por el cual intentaron lavar su repugnante imagen pública.

La United Fruit Company tuvo un papel significativo en el Golpe de Estado de 1911 en Honduras que derrocó al presidente Manuel Bonilla, que había intentado limitar el poder de la empresa.

En 1948 la empresa condujo a Costa Rica a la guerra civil de 1948.

En 1954 en Guatemala, donde tenía grandes intereses, la United Fruit Company se opuso a la reforma agraria del presidente Jacobo Árbenz. Presionó al gobierno de Estados Unidos para que interviniera, lo que resultó en la Operación Pbsucccess, que llevó al derrocamiento de Árbenz.

Los trabajadores que ensamblan los aviones de combate Boeing en Misuri e Illinois alzan la voz. El domingo rechazaron el nuevo convenio laboral propuesto por el fabricante de aviones, lo que allana el camino para una posible huelga.

“Los miembros del sindicato IAM han enviado un mensaje claro: la propuesta de Boeing Defense no responde a las prioridades ni a los sacrificios realizados por esta mano de obra cualificada”, declaró la Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales (IAM) en un comunicado.

Si no se llega a un acuerdo en siete días, el sindicato local 837 de IAM podría convocar una huelga.

La propuesta de la empresa incluía un aumento salarial del 20 or cien durante cuatro años y más vacaciones. La gran mayoría de los 3.200 miembros del sindicato que trabajan en las plantas de Boeing en St. Louis, St. Charles, Missouri, y Mascoutah, Illinois, consideraron que no satisfacía sus necesidades ni les garantizaba un futuro.

En marzo, Trump anunció un nuevo contrato con Boeing para una nueva generación de aviones de combate, el F-47, que reemplazará al F-22, que lleva en servicio unos veinte años. El anuncio llegó en un momento oportuno para Boeing, que se encuentra sumida en una profunda crisis desde el año pasado debido a las numerosas averías y accidentales y a una huelga de más de cincuenta días que paralizó sus dos fábricas principales.

IAM representa a aproximadamente 600.000 trabajadores, tanto activos como jubilados, de los sectores aeroespacial, de defensa, aéreo, naval, ferroviario, de transporte, sanitario, automotriz y otros en Estados Unidos y Canadá.

Estados Unidos no tiene dinero para mantener a la NASA. Va a despedir a casi 4.000 trabajadores de la agencia espacial dentro del plan de recortes de los presupuestos que son imprescindibles para reducir el déficit. La cifra puede variar si la NASA rechaza ciertos despidos o si los trabajadores no aceptan su salida de la agencia espacial.

A los trabajadores les han ofrecido dos planes de salida para este año, con el objetivo de reducir el personal a 14.000, en comparación con más de 18.000 que hay en la actualidad.

La primera oleada de salidas se produjo después de los correos enviados a funcionarios estadounidenses por el equipo de Elon Musk, que hizo la primera purga burocrática. Unos 870 trabajadores, casi el 5 por cien de la plantilla, aceptaron entonces la salida.

A principios de junio la NASA inició entonces su propio plan de “salidas voluntarias”. La fecha límite para responder era el 25 de julio. Unos 3.000 trabajadores, el 16,4 por cien de la plantilla, aceptaron.

Para los dirigentes de las agencias espaciales, que están tratando de reducir el personal para cumplir con el objetivo de purga del gobierno de Trump, estas propuestas son una manera de reducir el volumen de despidos.

En febrero la NASA pidió que le concedieran una exención de la purga para evitar que todos los trabajadores de la agencia que estaban en el período de prueba fueran despedidos. La perspectiva de un éxodo masivo de fuerza de trabajo cualificada hace temer a la agencia la pérdida de algunos de sus mejores talentos.

“Miles de funcionarios de la NASA ya han sido despedidos, resignados o retirados, llevándose consigo conocimientos altamente especializados e insustituibles, esenciales para el logro de la misión de la NASA”, escribió un colectivo de cientos de trabajadores en una carta a Sean Duffy, el nuevo gerente interino de la agencia espacial.

El lunes un tribunal italiano sometió a la empresa Loro Piana, propiedad en un 80 por cien del holding LVMH, a la administración judicial durante un año. El motivo es por haberse “excedido” en la explotación de los trabajadores, en su mayoría chinos, empleados en condiciones consideradas indignas.

Es la última de una larga serie de investigaciones sobre prácticas laborales en la cadena de subcontrataciones de la industria del lujo.

Según la investigación de la fiscalía de Milán, dirigida por Paolo Storari, Loro Piana presuntamente delegó la producción de su ropa a subcontratistas, quienes a su vez estaban involucrados en una cascada de subcontrataciones, incluyendo talleres clandestinos dirigidos por ciudadanos chinos.

Los jueces hablan de un “sistema organizado para reducir costes y maximizar beneficios”, construido a costa de trabajadores precarios y sobreexplotados, lo cual no es ninguna novedad, ni siquiera en otras marcas comerciales del holding LVMH, como Valentino, Dior, Armani y Alviero Martini, que también han sido objeto de pleitos en los últimos meses.

Loro Piana externalizó la fabricación a Evergreen Fashion Group, una empresa sin unidades de producción, que a su vez la cedió a Sor-Man, subcontratista de dos talleres gestionados por Clover Moda (Baranzate) y Dai Meiying (Senago). Estas empresas pantalla emplearon a trabajadores chinos “en negro”, obligados a trabajar hasta 13 horas diarias, sin descanso, en dormitorios insalubres, sin equipo de seguridad ni supervisión médica.

Aunque no ha sido procesada criminalmente, Loro Piana está acusada de incumplir su deber de vigilancia sobre lo que hacen sus subcontratistas. El tribunal denunció una “falta general de modelos organizativos”, auditorías internas “puramente formales” e incapacidad para supervisar la cadena de producción, a pesar de las advertencias y los precedentes de la industria del lujo.

Los jueces consideran que estas deficiencias “favorecieron estructuralmente” la explotación, permitiendo que el sistema se perpetuara. Así, las prendas de cachemira se fabricaban a un precio aproximado de cien euros cada una, antes de revenderse a un precio de entre mil y tres mil euros en las tiendas de la marca, es decir, diez veces más caro.

La administración judicial impuesta a Loro Piana es una medida inusual, pero simbólica. Durante un año la dirección de la empresa contará con la asistencia de los vigilantes del juzgado para sanear las prácticas, revisar las subcontrataciones y garantizar el cumplimiento de la legislación laboral.

El holding LVMH no levanta cabeza. Como las demás empresas de la industria del lujo, son un hatajo de estafadores. No venden mercancías sino marcas. Con una facturación anual de 1.300 millones de euros y más de 2.300 trabajadores, Loro Piana es una de las joyas de la corona de un holding basado en la sobreexplotación de los países más empobrecidos del mundo.

Desde el pasado jueves 11 de julio de 2025, las Seis de la Suiza se han sumado a la larga lista de presos políticos del Estado español. Han ingresado en la prisión de Villabona para cumplir la pena de 3 años y medio de prisión por luchar por sus derechos laborales.

Este encarcelamiento supone un ataque contra toda la clase obrera que se organiza y lucha por sus derechos. Por desgracia, no es un hecho aislado ni un “fallo de la democracia” como manifiestan algunos. Es una demostración más de la caracterización del Estado español, que no rompió jamás con el fascismo y que se perpetuó en el poder tras la falsa Transición. Justamente ahora que el Régimen trata de blanquearse con los “50 años de libertad” tras la muerte de Franco, siguen encarcelando a sindicalistas, comunistas, anarquistas, demócratas y antifascistas en general. ¡Lo vienen haciendo desde hace 86 años!

Tampoco es ninguna casualidad que este encarcelamiento se dé justamente ahora que hay un auge tímido de la lucha obrera en varios puntos del Estado.

Nosotros, como organizaciones antirrepresivas, condenamos este encarcelamiento y nos solidarizamos y mandamos todo el apoyo a las compañeras encarceladas. No obstante, precisamente por ser organizaciones antirrepresivas, creemos que es nuestro deber exponer la postura que tenemos respecto a los indultos y que proponemos en contraposición, que no es sino la lucha unitaria por la amnistía total.

Vaya por delante que entendemos que puede haber cuestiones familiares de los represaliados que les puedan condicionar a tomar según qué decisiones. No obstante, sí es importante tener claro qué implicaciones tiene una opción u otra para el conjunto del movimiento. Porque, por suerte o por desgracia, las decisiones que toman los represaliados en este sentido, aunque en lo personal podemos entenderlo, en lo político tienen implicaciones que exceden de las cuestiones particulares de cada caso y afectan al conjunto del movimiento.

El indulto: una salida individual

Dicho esto, vamos a ir entrando en materia. Y para ello, hay que empezar por conceptualizar bien qué es el indulto. El indulto es una medida de “gracia” que el Estado puede otorgar a cualquier condenado, sea por el delito que sea. Que sea una medida de gracia implica que queda a voluntad del Consejo de Ministros y el Ministerio de Justicia, quienes deben proponerlo al Rey, que es quien lo concede. Es simplemente una mera suspensión del cumplimiento de la condena. Los antecedentes se mantienen y la necesidad de pagar las multas o indemnización, también.

El indulto se considera literalmente un perdón que el Estado puede conceder en determinados casos. Para ello, deben darse una serie de requisitos. Entre ellos están el arrepentimiento del delito cometido y el pago de la indemnización a la “víctima”. Si traspasamos estos requisitos al caso concreto vemos la barbaridad que supone. ¿Tienen Las 6 de la Suiza que arrepentirse haber luchado por sus derechos laborales?¿Deben mostrar que la próxima vez que vayan a recibir cualquier tipo de abuso por parte de sus jefes agacharán la cabeza y no se quejarán? Todo ello por no hablar de los miles de euros que han tenido que pagar ellos a la empresa, en concepto de “reparación del daño”. Los empresarios que explotan hasta la saciedad a los trabajadores y el Régimen, que está organizado para defender sus intereses son los que tendrían que pedir perdón. ¡Ellos son los únicos que tienen que reparar el daño que están causando!

Por último, no podemos perder de vista que los indultos suponen una salida individual a un problema que es colectivo: la represión estructural que ejerce el Régimen sobre las masas populares. Tal vez sea posible conseguir un indulto para este o aquel caso, ¿pero qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con los presos políticos que siguen en las cárceles? ¿A caso unos merecen más que otros que se cese la represión que el Estado ejerce contra ellos?

Por todos estos elementos sobre los que se configura el indulto, consideramos que es una humillación, no solo para el represaliado en general, sino para el conjunto del movimiento político.

Luchemos por la amnistía total

En contraposición con el indulto, que como hemos dicho, implica una salida individual y está condicionada al arrepentimiento, la Amnistía es todo lo contrario. La Amnistía supone la eliminación del delito y de la pena. Y lo más importante: no implica perdón, ni arrepentimiento, ni afecta solo a una persona o un grupo de ellas. La Amnistía Total supone el reconocimiento de que los procesos judiciales abiertos contra los luchadores antifascistas (que en muchos casos los llevaron a la cárcel) nunca debieron iniciarse, por lo que se anulan por completo. Es una exigencia colectiva que parte de la conciencia de que la represión no es un hecho aislado, sino parte estructural del Estado que criminaliza cualquier forma de disidencia.

La Amnistía Total, por tanto, no es una consigna simbólica. Es un programa político de confrontación con este régimen, que parte del principio de que luchar por nuestros derechos no debería ser delito y que nadie debe pedir perdón por organizarse contra la explotación. Por ello, la lucha por la Amnistía no se limita a una cuestión simplemente antirrepresiva, sino que lleva inherente la lucha por la obtención de los derechos políticos y sindicales que se nos niega de forma sistemática. Por ello, implica también la derogación de todas las causas pendientes, la anulación de las condenas ya impuestas, el cierre de expedientes policiales y judiciales, y la restitución del honor y los derechos de los represaliados.

Este camino no será corto ni fácil, precisamente porque ataca a la raíz del problema y dar una solución general a un problema que también lo es.

La Amnistía Total no nos la regalarán los que hoy gobiernan ni los que gobiernen mañana, porque todos ellos, más allá de los discursos, necesitan un aparato represivo que garantice que las condiciones de explotación sigan intactas. Por eso, la lucha por la Amnistía Total debe ir de la mano con el fortalecimiento de un movimiento obrero y popular que no se deje dividir, que no se conforme con salidas individuales y que no se arrodille ante la represión. Porque la represión solo se combate con unidad, firmeza y organización.

¡Luchemos por la amnistía total!
¡Libertad presos políticos!

Plataformas Antirrepresivas de Barcelona y Lleida