A la Unión Europea se le llena la boca con palabras como democracia o libertad. Uno de sus últimos comunicados de prensa anuncia el lanzamiento de un “escudo europeo para la democracia”, que promete preservar desde las “libertades individuales” hasta las “elecciones democráticas”.
No bastaba con un escudro antidrones, ni con un escudo espacial. Hacía falta otro, el más importante, para acabar defintivamente con la libertad de expresión con el pretexto de luchar contra la “desinformación” y las “noticias falsas”.
Bruselas se propone crear un centro de seguimiento encargado de identificar y eliminar la “desinformación” en línea. Según Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de Seguridad y Democracia, el “escudo” permitirá a Europa “responder con mayor rapidez y eficacia a la manipulación informativa y las amenazas híbridas”.
Kaja Kallas no ha ocultado el carácter antirruso de la iniciativa: “Estamos presenciando maniobras, especialmente por parte de Rusia, diseñadas específicamente para dividir a nuestros ciudadanos, minar la confianza en nuestras instituciones y envenenar la vida política en nuestros países”.
La Comisión Europea vende de la moto de una manera poco sutil: se establecerá una nueva “red europea independiente de verificación de datos” en todos los idiomas oficiales de la Unión Europea.
El Observatorio Europeo de Medios Digitales (EDMO), la principal red de verificación de datos de la Unión Europea, financiada con casi 30 millones de euros, recibirá nuevas competencias analíticas “independientes” para supervisar elecciones y situaciones de crisis.
En el diccionario particular de Bruselas la palabra “independencia“ se utiliza para hablar de los tinglados que ellos financian, y “quien paga manda”. Para garantizar esa “independencia”, la Comisión promete una financiación generosa a las ONG y a los medios de comunicación “independientes”.
El “escudo” se basa en la reciente Ley de Servicios Digitales (LSD), la regulación de internet más radical jamás implementada en Europa. Su objetivo es controlar los contenidos en un momento en que la burocracia europea se enfrenta a un nivel de desconfianza pública sin precedentes.
Para lograrlo, pretenden centralizar el control del flujo informativo e imponer su catecismo. En otra palabras, la Comisión Europea sigue desarrollando un aparato de censura a escala continental.
Hace unas semanas, Ursula von der Leyen afirmó que el sistema GPS de su avión había sido interferido por Rusia, una acusación que era falsa. Por su parte, la BBC manipuló recientemente un vídeo de un discurso de Trump.
Sólo les falta empezar a quemar libros. La Comisión Europea y sus tinglados “independientes” no son el “ministerio de la verdad”, no tienen ninguna capacidad para delimitar la información verdadera de la falsa, sobre todo teniendo en cuenta que recurre habitualmente al embuste y la intoxicación.
La red de propagandistas de la Unión Europea
La Unión Europea ha creado una vasta red de propaganda y censura que afecta a todos los niveles de la sociedad civil: ONG, centros de estudios, medios de comunicación e incluso el ámbito académico. La piedra angular de este sistema son los programas que financia, en particular Ciudadanía, Igualdad, Derechos y Valores (CERV), Europa Creativa y la Iniciativa Jean Monnet, que en conjunto inyectan miles de millones de euros en chiringuitos estrechamente vinculados a la maquinaria burocática de Bruselas.
En el marco del programa CERV, por ejemplo, con un presupuesto de casi 2.000 millones de euros para el período 2021-2027, más de 3.000 ONG han recibido financiación para llevar a cabo más de 1.000 proyectos. Oficialmente, esos fondos se utilizan para promover los “valores europeos”. En la práctica, son la caja de resonancia de la propia Comisión Europea.
Muchos proyectos están diseñados explícitamente para luchar contra los “euroescépticos”, “restaurar la confianza en la Unión Europea” o “contrarrestar la retórica antieuropea”. Es publicidad encubierta.
El resultado es una entramado que parece surgido de la sociedad civil pero que, en realidad, son correas de transmisión de la Comisión para crear la ilusión de un apoyo popular a sus políticos y a sus políticas.
La Unión Europea paga al menos 80 millones de euros anuales directamente a medios de comunicación, emisoras, agencias de noticias y “asociaciones periodísticas”, lo que supone casi 1.000 millones de euros en la última década. Programas como IMREG (Medidas de Información para la Política de Cohesión) han financiado a medios de comunicación para que publiquen artículos que elogian los fondos de cohesión de la Unión Europea, a veces sin revelar que el contenido está financiado por la Unión Europea.
Los tentáculos de Bruselas en el mundillo académico
En Europa el mundillo académico y universitario se ha convertido en una herramienta ideológica. A través del Programa Jean Monnet, la Comisión Europea destina aproximadamente 25 millones de euros anuales a universidades e institutos de investigación de todo el mundo para financiar más de 1.500 Cátedras Jean Monnet en 700 instituciones. El objetivo no es apoyar la investigación independiente, sino afianzar la ideología “europeísta” en la educación superior. Los documentos oficiales establecen explícitamente que se espera que los beneficiarios actúen como “embajadores de la Unión Europea” y “sensibilizadores”, en colaboración con los medios de comunicación y las ONG.
Con el nuevo “escudo”, la Comisión pretende ampliar estos mecanismos de propaganda y, sobre todo, de injerencia en los procesos electorales, como se ha visto recientemente en Rumania y Moldavia. El fantasma de la “injerencia rusa” justifica la manipulación propia.
En Rumania anularon las elecciones e impidieron que uno de los candidatos se presentara de nuevo. En Moldavia invocaron “razones de seguridad” para impedir que los expatriados prorrusos votaran.
El “escudo” se propone fortalecer la Red Europea de Cooperación Electoral y, lo que es aún más preocupante, promover “intercambios sistemáticos sobre la integridad de los procesos electorales”.
A todo ello hay que unir, como ya hemos explicado, la creación de una nueva unidad de inteligencia bajo el mando directo de la Comisión Europea. Según el Financial Times, el objetivo es “reforzar la capacidad de la Unión Europea para detectar y responder a las amenazas”. El plan prevé la creación de central supranacional que funcionaría como una filial de la OTAN y, por extensión, de la CIA, sobre todo porque la iniciativa aboga explícitamente por “reforzar la cooperación entre la Unión Europea y la OTAN”.