Desde agosto de 2023 algunos municipios belgas han revocado ilegalmente la nacionalidad belga a hijos de padres palestinos nacidos en Bélgica, a petición de la Oficina de Inmigración. Se ha desatado una fuerte polémica que pone de manifiesto el racismo que subyace en estos procedimientos ilegales.
La medida ha afectado al menos a 44 familias palestinas en Bélgica desde 2023 y, dos años después, la política racista y colonialista sigue vigente.
La actual ministra de Asilo y Migración, Anneleen Van Bossuyt, ha declarado a la prensa que la Oficina de Inmigración tiene razón al “sensibilizar” a los ayuntamientos mediante el envío de cartas.
A través de dicha Oficina, Bélgica aplica una política de represión contra el colectivo palestino, incluso en pleno genocidio. Los últimos meses se han caracterizado por una serie de redadas contra los palestinos que participan en el movimiento de solidaridad con la población de Gaza.
Más de una docena de refugiados palestinos han sido detenidos en centros de internamiento, convertidos en auténticas cárceles administrativas, con miles de personas encerradas en ellas. Tras las redadas, la Oficina de Inmigración también mueve los hilos en colaboración con la policía.
Mahmoud Ezzat Ferraj Allah se quitó la vida en uno de esos centros debido a las condiciones de su encarcelamiento. Mohammed Khatib, coordinador de Samidoun, organización que brinda solidaridad con los presos políticos palestinos, está siendo objeto de vigilancia, también iniciada por la Oficina de Inmigración, para revocar su condición de refugiado político debido a su lucha.
Estos procedimientos administrativos se rigen por una política que perpetúa el colonialismo en Palestina. Atenta contra la legitimidad de su lucha por la liberación y los deja en una situación de precariedad administrativa en Europa.
La represión política contra el movimiento de solidaridad y el colectivo palestino acompaña estos procedimientos para revocar la condición de refugiado o la ciudadanía belga. La organización Samidoun está en la mira explícita del gobierno, que pretende disolverla mediante la promulgación de una ley. En el ámbito judicial, se han iniciado importantes procesos penales, como el relativo a la ocupación de la ULB (Universidad Libre de Bruselas) en mayo del año pasado.
La política migratoria, junto con las medidas políticas y el trato reservado a los colectivos extranjeros, son los escenarios donde el Estado belga desarrolla sus prácticas, tecnologías y políticas más fascistas. El Estado no respeta sus propias leyes, encarcela sistemáticamente y asesina. La arbitrariedad administrativa prevalece sobre los derechos, allanando el camino al fascismo.