Durante la dictadura de Pinochet, en Chile, entre 1973 y 1990, el Estado cometió cerca de 3.200 asesinatos y desapariciones forzadas, es decir, en un periodo de 17 años, con un gobierno calificado de “fascista”.
En Colombia, entre 2002 y 2010, durante los dos periodos de Uribe, el Estado cometió cerca de 4.200 ejecuciones extrajudiciales. En menos de la mitad del tiempo de Pinochet un gobierno “democrático” asesinó mucho más que uno “fascista”.
Pero no tengan prisa porque en Colombia aparecerán muchos más cadáveres. Podrían ser más de 6.000. Ni de lejos alcanzan a la España de la posguerra pero, en cualquier caso, las ejecuciones extrajudiciales y los falsos positivos no fueron casos aislados sino un método de combate, algo planeado y sistemático que se repetía cada noche que los mercenarios salían del cuartel con el arma en la mano.
No pregunten si eran civiles o guerrilleros. A un Estado terrorista le da lo mismo que lleves un arma en la mano o no. Te matan igual. La diferencia es que la recompensa que cobran los asesinos cambia; la muerte de un guerrillero se cotiza más en la bolsa, así que basta matar a cualquiera y ponerle un uniforme de campaña.
No se rompan la cabeza con los derechos humanos, los jueces, los fiscales, las investigaciones, los juicios, las sentencias… Todo eso son bobadas para los vividores de los organismos internacionales y las ONG humanitarias.
Hay muchas manera de matar, de morir y de enterrar a los muertos. En Colombia las fosas comunes no son como en África o en los Balcanes. Los asesinos utilizaron los cementerios de los municipios para enterrar sus cadáveres, es decir, para ocultar sus crímenes.
En Colombia los más despistados comienzan a abrir los ojos para caer en la cuenta de que los asesinos no eran los guerrilleros; los guerrilleros eran los asesinados.
También comienzan a abrir los ojos para caer en la cuenta de que todos eran los guerrilleros (por lo menos a la hora de morir).