Durante los próximos seis meses, en el caso del gas, el gobierno limitará la subida de precios siendo que el incremento para el consumidor medio será del 4,6% en el último trimestre, en lugar del 29% que estaba previsto. Pero el ahorro tiene truco, porque esa diferencia se tendrá que pagar más adelante.
Según una nota de prensa remitida por el Ministerio de Transición Ecológica, «las cantidades adeudadas se repercutirán en las siguientes revisiones, con un mecanismo amortiguador similar al existente para las bombonas de butano». Es decir: lo que se ahorren ahora los consumidores se les cobrará en diferido en próximas facturas.
Esto se hará a través de un fondo en el que se acumulará la deuda con las comercializadoras de último recurso, es decir, las que tienen la mayoría de consumidores domésticos. El fondo se irá vaciando previsiblemente a partir de abril, cuando estiman que los precios del gas en el mercado bajen y, por tanto, se podrá devolver el dinero adeudado a las compañías con cargo al recibo de los consumidores.
Así, las comercializadoras financiarían transitoriamente la medida en un invierno en el que se espera precios de luz y gas por las nubes, pero nunca perderían el dinero. Tampoco lo pondría el Gobierno, porque en la práctica lo pagarían, más adelante, los propios usuarios.
La cantidad llama la atención: Moncloa espera recaudar 2.600 millones de las empresas hidroeléctricas y nucleares, que son las beneficiadas por la situación, ya que las renovables tienen su propio régimen de retribución. Esta cifra se destinará a paliar el impacto sobre la factura de la luz, y se unen a los 900 millones de recaudación adicional por las subastas de derechos de emisión, que también serán inyectados en el sistema para reducir los cargos. La minoración del gas ataca directamente la cuenta de resultados de las empresas para aliviar el bolsillo del consumidor, pero solo estará en vigor hasta el 31 de marzo de 2022.
A partir de ahí, el Gobierno cree que no será necesario mantenerla debido al descenso de los precios del gas. De hecho, no se aplicará en ningún caso si esta materia prima baja de los 20 euros el megavatio hora (MWh), la media del mercado ibérico desde 2017. Ribera se ha mostrado convencida de que las eléctricas aceptarán de buen grado la nueva regulación, puesto que el dinero «retenido» será devuelto con intereses.
Pese a todas estas regulaciones, el recibo seguirá siendo prohibitivo para muchas personas. La subida del precio de la electricidad, que este martes ha batido un nuevo récord al superar los 172 euros MWh, ha puesto en duda el compromiso del gobierno contra el abuso de las empresas del sector, una de las banderas electorales del PSOE y, sobre todo, de Unidas Podemos.
Un día después de que el Ejecutivo lograse extender el escudo social en el Congreso, el Consejo de Ministros ha aprobado el llamado suministro mínimo vital, que amplía de cuatro a seis meses el periodo de moratoria de cortes por impago, pero que recuerda a todas luces quien manda en España.