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Autor: Redacción (página 791 de 1361)

Turquía vuelve a los brazos del ‘amigo americano’

Turquía ha dejado de importar petróleo iraní por completo desde principios de mayo. El objetivo oficial es el de “respetar” el bloqueo estadounidense que, sin embargo, Ankara “no aprueba”.

A pesar de esos insignificantes matices, Turquía ha acabado tomando partido a favor de Estados Unidos y en contra de Irán, que hasta ahora era un estrecho socio.

Hay otro matiz más, un poco menos insignificante: Ankara pretende que Washington acepte su compra de los sistemas rusos de defensa antiaérea SS-400.

Turquía vuelve a ser un “aliado estratégico” de Estados Unidos y, por lo tanto, obligado a respetar unas sanciones con las que no está de acuerdo, es decir, que traga con lo que le imponen desde Washington.

Acaban así tres años de tensión entre ambos países, desde que la OTAN desató el Golpe de Estado contra Erdogan, un tira y afloja en el que Ankara ha presionado amagando un acercamiento con dos de las “bestias negras” del imperialismo: Irán y a Rusia

El bloqueo económico de Estados Unidos tenía una serie de excepciones en favor de ocho países, entre ellos Turquía, pero también China, la India y Japón, a los que Washington autorizó a seguir importando crudo iraní.

Los permisos expiraron el 2 de mayo y no se renovaron. Entonces en Ankara no parecieron dispuestos a ceder a las presiones estadounidenses. ”No aceptaremos sanciones unilaterales ni limitaciones en la forma en que gestionamos nuestras relaciones con nuestros vecinos”, dijo entonces el ministro turco de Asuntos Exteriores, Mevlut Cavusoglu.

En abril Ankara trató de convencer a Estados Unidos de que permitiera a la refinería turca Tupras seguir importando crudo iraní sin sanciones.

Pero donde dije digo… Turquía finalmente ha tragado. Queda saber qué va a hacer Turquía con los demás contenciosos que tiene abiertos con Estados Unidos y, sobre todo, con la compra de los SS-400 rusos. Washington no sólo se opone a ello sino que amenaza con tomar represalias y no entregar a los turcos los aviones de combate F-35, e incluso imponer sanciones económicas a Ankara.

El viceministro turco de Asuntos Exteriores, que está de gira por Washington, ha dicho que el acuerdo de compra con Rusia es firme, aunque para poner un poco de vaselina al asunto Erdogan propone a Trump la creación de un grupo de trabajo técnico conjunto.

Las baterías SS-400 están entre las armas más sofisticadas y Estados Unidos teme que los rusos las utilicen para recoger datos sobre los aviones militares de la OTAN a través de Turquía. “Todavía estamos esperando la respuesta” sobre la “comisión técnica”, dicen en Ankara.

La ‘navaja multiusos’ de la guerra imperialista desembarca en Colombia: Phillip Goldberg

Ha llegado a Colombia, varios meses después de su nombramiento, el operador de guerra Philip Goldberg para asumir su cargo como nuevo embajador de Estados Unidos. El pasado primero de agosto, el Senado de Estados Unidos confirmó al funcionario, quien había sido nombrado por Trump en mayo para reemplazar a Kevin Whitaker.

Whitaker ocupó el cargo desde mayo de 2014 y se esperaba que dejara el cargo en febrero de 2017, pero se vio obligado a permanecer en medio de las disputas entre la Casa Blanca y el Congreso de Estados Unidos sobre su sucesor.

La nominación de Goldberg llegó en un momento crítico para las relaciones entre ambos países, pues a pesar de que la élite uribista es funcional al gobierno estadounidense en sus planes contra Venezuela, Trump arremetió contra Colombia recientemente por el incremento de cultivos ilícitos en el país, afirmando que “más drogas están saliendo de Colombia ahora que antes de que él [Iván Duque} fuera presidente, por lo que no ha hecho nada por nosotros”.

No era la primera vez que Trump buscaba el recambio de la embajada en Colombia ya que en 2018 había nombrado a Joseph McManus para el cargo, pero su nombramiento fue rechazado por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos porque McManus había trabajado para Hillary Clinton cuando la demócrata era secretaria de Estado de la Administración Obama.

Goldberg, también ganador de un premio presidencial de Rango Distinguido, dos premios presidenciales de Rango Meritorio y la Medalla de Plata del Sello Nacional de Inteligencia, fue coordinador del Plan Colombia en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá.

Lideró en el terreno aquella estrategia antinarcóticos que Estados Unidos financió desde 2001 hasta 2015, con casi 10.000 millones de dólares en ayuda, de los cuales el 71 por ciento se destinó a las fuerzas de seguridad colombianas y a la compra de armamento y equipamiento militar en Estados Unidos.

Esto intensificó una ola de violencia paramilitar que afectó directamente a más de 6 millones de personas. De hecho, se dice que Goldberg habría sido el elegido de Trump para el cargo por su “experiencia” en la región. Grupos paramilitares como Los Rastrojos representan la vigencia de su legado.

En esta oportunidad le tocará confrontar a la resistencia del Congreso colombiano y los tribunales contra los planes impuestos por Estados Unidos para reanudar la fumigación aérea contra los cultivos de coca. Esta estrategia fue un elemento clave del Plan Colombia, pero actualmente está prohibida debido a la creciente evidencia de que es ineficaz y constituye un grave peligro para la salud pública y el ambiente.

A su llegada Goldberg también intentaría implementar mecanismos (convencionales o no) para desmovilizar a sectores políticos que quieren poner fin a la “guerra contra las drogas” respaldada por Estados Unidos, ya que se comprometió a buscar la aprobación de legislación para buscar una solución a largo plazo contra el tráfico de drogas del país.

Más “retos”: gestionar las investigaciones pendientes contra agentes de la DEA presuntamente corruptos que trataron de vincular a Jesús Santrich, excomandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con el narcotráfico, aparentemente sin ninguna prueba.

Adam Isacson, director de supervisión de la defensa de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), opinó: “Probablemente se centrará más en la asistencia militar y la erradicación de cultivos que en la implementación de los acuerdos de paz y la protección de los derechos humanos. Pero esa es la postura actual de Estados Unidos, de todos modos”.

Goldberg trabajó desde Kosovo en la separación de los Estados de Serbia y Montenegro, que se produjo en junio de 2006, como el último paso en la desintegración de Yugoslavia. Este proceso, que da origen al término “balcanización”, se desarrolló durante una sangrienta década de guerra civil creada para dividir mediante procesos de “descentralización” y “autonomía” lo que finalmente se impuso con la intervención militar norteamericana y la presencia de tropas de la OTAN y la ONU que ocuparon los Balcanes.

En la guerra civil yugoslava predominó la “limpieza étnica”, que consiste en la expulsión o aniquilación de los grupos étnicos tradicionales que conformaban el territorio de Yugoslavia. El más cruel de estos exterminios raciales ocurrió entre los serbios y los croatas.

Entre 1994 y 1996 fue Asistente Especial del Embajador Richard Holbrooke, uno de los estrategas detrás de la desintegración yugoslava. También promovió la separación de Serbia y Montenegro, desde Kosovo promovió el conflicto entre las fuerzas serbias y albanesas. Tal experiencia fue útil para los planes imperiales en Bolivia, un país que vivía una crisis política donde regiones se encontraban enfrentadas al gobierno central por una conspiración secesionista de las élites terratenientes compuestas, entre otros, por empresarios croatas que crearon un movimiento federalista llamado “Camba Nation”.

En la serie documental Invasión USA (2014), el ministro de la presidencia de Bolivia, Alfredo Rada, relató que Goldberg “conocía perfectamente lo que son las luchas interétnicas y los conflictos nacionales al interior de un mismo Estado”.

Luego de que Evo Morales venciera el 10 de agosto de 2008 en un referendo revocatorio para sacarlo del poder con un 67 por ciento de los votos, el sector derrotado protestó en las calles contra la legitimidad del mandatario, a quien no aceptaban en el cargo. Se trataba de movimientos secesionistas de los departamentos Beni, Santa Cruz y Tarija.

El gobierno boliviano acusó a Goldberg de fomentar las protestas sociales tras reunirse con la oposición para que realizaran manifestaciones antigubernamentales; el fin era activar un golpe suave, como se pretende en la actualidad.

Los prefectos de la oposición, encabezados por Rubén Costas, de Santa Cruz, y animados por los votos logrados en la misma votación revocatoria, anunciaron su intención de implementar “estatutos” aprobados en votaciones de facto en los denominados “referendos autonómicos”, realizados en mayo y junio de 2008. Mediante estos “estatutos” los prefectos de la oposición reclamaban un mandato para instalar sus propias policías y servicios de recaudación de impuestos.

Goldberg fue acusado de fomentar la disidencia y de conspirar contra el gobierno mientras se desempeñaba como embajador de Estados Unidos en Bolivia.

Por su parte, el gobierno estadounidense rechazó fervientemente las acusaciones pero no pudo evitar su expulsión del país andino el 10 de septiembre de 2008, cuando ya la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) había canalizado más de 4 millones de dólares para apoyar a los opositores de Morales.

Asimismo, como medida recíproca por parte del gobierno estadounidense, el entonces embajador boliviano Gustavo Guzmán, también fue expulsado.

Al tiempo que Goldberg era expulsado, grupos paramilitares vinculados a los prefectos departamentales de oposición, en alianza con comités cívicos, ejecutaron la masacre de unos 30 campesinos en El Porvenir, departamento de Pando, cerca de la frontera nororiental de Bolivia con Brasil.

Más adelante se reveló que, en noviembre de 2007, el Suboficial de Seguridad Regional de la embajada de Estados Unidos en Bolivia, Vincent Cooper, le dijo a voluntarios del Cuerpo de Paz y a un becario Fulbright que “espiaran” a los venezolanos y cubanos en el país.

Goldberg tuvo un paso complicado por este país, fundamentalmente por las controversias con el presidente Rodrigo Duterte. Cuando aterrizó en Manila en 2013, durante el gobierno de Obama, un gobierno que no se llevó muy bien con el mandatario filipino, ya Washington cuestionaba que en Filipinas no se respetaban los derechos humanos y señalaba que se producían ejecuciones extrajudiciales.

La evidencia más contundente del complot para expulsar a Duterte fue un comunicado filtrado de la embajada de Estados Unidos en Manila en el que Goldberg detallaba el perfil de la actual presidencia y la identidad de personalidades y organizaciones, incluidos partidos políticos, que proporcionarían la estrategia adecuada para asegurar el control del país.

Hasta mediados de 2016, Filipinas era uno de los pocos países que proporcionaba un punto de apoyo tanto contra China como para la “guerra contra el terror” en el Lejano Oriente. Antes del ascenso de Duterte, el país tuvo que soportar bombardeos terroristas con bajas reales por parte de grupos armados con motivaciones religiosas similares a los financiados en Siria o Libia.

Al asumir el poder ese año, Duterte inició una implacable campaña para librar al país de la criminalidad, desde el nivel más bajo de la sociedad filipina hasta el nivel más alto de la élite económica, incluida la propia Iglesia Católica, lo que le valió muchos enemigos.

Llegó a afirmar, en una alocución transmitida en la televisión de ese país y frente a sus militares, que Goldberg era un “hijo de puta” y que no lo soportaba, le acusaba de entrometerse en las elecciones que en ese momento se llevaban a cabo en el país a través de sus declaraciones ante los medios.

El Departamento de Estado señaló que los dichos del presidente de Filipinas eran “inapropiados e inaceptables”. Luego de ese episodio, Goldberg terminó su misión en Manila y fue condecorado por el Congreso estadounidense.

En 2018, ya con Donald Trump como presidente, Goldberg llegó a La Habana en febrero, luego de que el magnate presidente anunciara que revisaría y congelaría el acercamiento entre los dos países que había llevado a cabo Obama.

Estuvo poco menos de seis meses en la isla y fue uno de los denunciantes de los llamados “ataques sónicos” que personal de la oficina de intereses de Estados Unidos habría sufrido en Cuba en 2016, y que sirvieron de excusa para que la administración Trump tomara medidas unilaterales que afectan los nexos entre los dos países, en especial el cierre casi total de su Embajada y de los servicios consulares.

La versatilidad de Goldberg servirá para atizar el proceso de guerra que activa Estados Unidos contra Venezuela a través de Colombia, más ahora que activaron el TIAR, se espera tenga como principal objetivo aumentar la tensión en la frontera mediante falsos positivos, provocaciones o impulso hacia actores criminales. ¿Es la frontera colombo-venezolana nuevo objetivo a balcanizar? No tengan duda. Goldberg sabe de eso.

La versatilidad de Goldberg podría agilizar el empuje de una eventual agresión desde la OEA, con el TIAR ya activado, o a través de la OTAN ya que la figura de “socio global” de Colombia le permite solicitar a los socios permanentes determinados apoyo en caso de producirse una situación de conflicto bélico.

Tratando de cerrar el capítulo y retirarse ordenadamente del “Efecto Guaidó”, la élite que actúa detrás de Washington y Bogotá intenta imponer el negocio de la guerra a través de uno de sus operadores más experimentados. Tiene un amplio repertorio en la injerencia y la conspiración contra gobiernos no alineados.

http://misionverdad.com/La-Guerra-en-Venezuela/philip-goldberg-la-navaja-multiuso-que-eeuu-envia-como-embajador-a-colombia

La ‘revolución verde’ de Merkel saqueará 40.000 millones de los bolsillos de los contribuyentes y consumidores

En 2011 el desastre nuclear de Fukushima, en Japón, aceleró los planes de las grandes potencias capitalistas para frenar una crisis galopante, reestructurar su aparato productivo y reducir su dependencia de los combustibles procedentes de terceros países.

La reconversión en marcha es lo más parecido a una economía de guerra, que impone enormes sacrificios a la población, especialmente a los más necesitados. Por eso los gabinetes de imagen han desatado una campaña de pretextos para que grandes sectores populares acepten alborozados soportar el enorme peso de una política económica típicamente monopolista, que no se llama por su nombre sino todo lo contrario: es una “revolución verde”, es decir, justificada con excusas ecológicas.

Inicialmente el capital monopolista creyó que la energía nuclear bastaría para reestructurar el aparato productivo y, aunque es un plan que no han descartado por completo, están apostando muy fuerte por las energías llamadas “renovables”, destinadas a preservar su hegemonía industrial. Si el plan sale adelante, las grandes potencias acabarán prohibiendo a través de la ONU todas las demás fuentes de energía, empezando por el carbón y siguiendo por el petróleo y el gas.

En Alemania Merkel dio marcha atrás en su decisión de prolongar la vida útil de las centrales atómicas, que cerrarán en 2022. El pago de la factura incluye, pues, a las nuevas energías tanto como el cierre de las viejas y cada día los cálculos multiplican las previsiones de gasto. Las últimas estimaciones, aunciadas ayer, hablan de 40.000 millones de euros, encabezadas por un titular periodístico sensacional: “Merkel se apunta a la centralidad del ecologismo” (*).

En efecto, las grandes potencias han puesto a la ecología en el centro de su política económica.

El precio de la electricidad industrial ya es en Alemania el más caro del mundo después de Japón, Dinamarca y Chipre. Un hogar medio con tres habitantes paga hoy por el suministro de electricidad casi un 70 por ciento más que en 1998: más de 1.000 euros al año por 3.500 kilovatios/hora, según cifras de la patronal de la Energía BDEW.

Es un crecimiento mucho mayor que la inflación y también que el de los salarios.

Otro estudio del equipo Agora alerta de más subidas para financiar el New Deal Verde en Alemania. En un futuro muy próximo a tasa que pagan los consumidores por la llamada “descarbonización” subirá otro 20 por ciento más: de los actuales 5,3 céntimos por kilovatio/hora a casi 6,5 céntimos de euro.

Dicha tasa asegura que las plantas generadoras con fuentes renovables (solares, eólicas o de biomasa) ingresen precios fijos por la electricidad que ponen en la red, sea cual sea su cotización real en el mercado.

Según el semanario Der Spiegel, “los consumidores están obligados a pagar 20.000 millones de euros por una electricidad cuyo valor de mercado apenas alcanza los 3.000 millones de euros”. El mencionado hogar de tres habitantes está pagando, en 2103, unos 185 euros anuales de tasa. En 2014 podrían ser ya 225 euros. El periódico Frankfurter Allgemeine Zeitung calculó en agosto que el aumento podría llegar incluso a siete céntimos por kilovatio/hora.

Pero, como suele ocurrir en estos casos, las cifras no cuadran nunca y la “revolución verde” ha sembrado la confusión, como ha quedado patente en la gran planta marítima de Borkum, una isla del Mar del Norte bajo la jurisdicción del Estado de Baja Sajonia.

La planta quiere ser un ejemplo de lo “renovable” para generar energía eólica marina. Desde luego que es un ejemplo de capital monopolista, con 13 grandes empresas privadas e instituciones públicas, incluida la Unión Europea, participando en la “revolución”.

La planta de Borkum fue una obra de ingeniería de alta complejidad que traga dinero y consumía más energía de la que generaba.

Otras plantas tienen problemas con el oleaje y con las marsopas: hay que parar la producción para no perjudicar sus ciclos de generación. Hasta 2020 estas grandes instalaciones marítimas deberán generar tanta electricidad como ocho centrales nucleares. Los riesgos y buena parte de los gastos quedan a cuenta de los contribuyentes y los consumidores. La electricidad ganada allí se pagará a 19 céntimos por kilovatio/hora, un 50 por ciento más de lo que cuestan los molinos de viento en tierra firme.

(*) https://www.elperiodico.com/es/opinion/20190920/el-centro-se-tine-de-verde-7643922

Los Mossos d’Esquadra afilan sus uñas para un otoño tenso de movilizaciones y protestas

Los Mossos d’Esquadra utilizarán gas pimienta como medida antidisturbios y contemplan usar vallas de metro y medio de gran peso para atajar altercados, coincidiendo con un otoño que prevén tenso por las movilizaciones tras las sentencia del Tribunal Supremo por el “procés”.

La sentencia a los líderes independentistas en prisión preventiva por el 1-O se prevé que se haga pública en octubre, y tanto partidos como entidades soberanistas ya han hecho reiterados llamamientos a la movilización y a la desobediencia civil si la resolución del Tribunal Supremo es condenatoria.

En este escenario de tensión, la policía autonómica catalana prepara desde hace tiempo medidas para hacer frente a posibles altercados, como los que han protagonizado en anteriores ocasiones los Comités de Defensa de la República (CDR) o Arran, la rama juvenil de la CUP. Entre estas medidas, los Mossos d’Esquadra utilizarán gas pimienta específico (OC) como medida antidisturbios, que se dispara con un espray a una distancia de metro y medio y no con una pistola, es unidireccional, es decir, se dirige a una persona en concreto, y cuyos efectos duran unos 20 minutos.

Según los Mossos, es una medida disuasoria, más efectiva y menos lesiva que otras como las cargas policiales en momentos de mucha tensión, y que es utilizada por las policías de otros países europeos. Además, la policía autonómica quiere tener el menor contacto posible con los manifestantes en aquellas movilizaciones que puedan derivar en disturbios.

Si se emplea esta medida, deberá ser autorizada por los mandos del CECOR, y antes se avisará por megafonía a los manifestantes.

La otra medida que prevén los Mossos son unas vallas específicas, de metro y medio y de gran peso, de manera que los manifestantes no las podrán derribar. Los Mossos ya han contactado con una empresa, que se ha comprometido a colocarlas en menos de 24 horas para proteger edificios donde puedan producirse altercados, como ha sucedido en varias ocasiones en la Delegación del Gobierno en Cataluña, un lugar que no se descarta como posible escenario de disturbios.

La policía catalana estudia también otras medidas como las redes que usan las fuerzas de seguridad en Suecia, si bien sobre éstas no se ha tomado ninguna decisión. De momento, sin embargo, los Mossos no han planificado el dispositivo concreto para el día que se haga pública la sentencia.

https://www.eleconomista.es/politica/noticias/10096426/09/19/Los-Mossos-utilizaran-gas-pimienta-como-medida-antidisturbios-en-manifestaciones.html

Estados Unidos refuerza su contingente militar en el Golfo Pérsico

Ayer Estados Unidos anunció el envío de refuerzos militares a la región del Golfo tras los ataques huthíes a los pozos petrolíferos de Arabia saudí. Washington atribuye los ataques a Irán y ha reforzado el bloqueo económico contra Irán, presentado por Trump como “el más severo jamás impuesto a un país”.

“A petición de Arabia saudí y Emiratos Árabes Unidos, el Presidente ha aprobado el despliegue de fuerzas estadounidenses, que serán de naturaleza defensiva y se centrarán principalmente en las fuerzas aéreas y la defensa antimisiles”, dijo el Secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper.

Recordando la destrucción en junio de un avión teledirigido estadounidense por las fuerzas iraníes tras la toma de un petrolero británico por parte de Irán, Esper dijo que los ataques del 14 de septiembre contra dos instalaciones petrolíferas en Arabia saudí “representaron una dramática escalada de la agresión iraní”.

“Este es un primer paso que estamos dando en respuesta a estos ataques”, dijo Esper durante una conferencia de prensa. “Creemos que eso será suficiente, pero eso no significa que no pueda haber un despliegue adicional dependiendo de la situación”.

Todavía no se ha decidido el número exacto de tropas y el tipo de equipo que se desplegará, pero será un despliegue “moderado, no de miles”, dijo el general Joe Dunford, Jefe de Estado Mayor de Estados Unidos.

Antes Trump había anunciado nuevas sanciones contra el Banco Nacional de Irán. “Estas sanciones son al más alto nivel”, dijo desde el despacho oval.

El Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, explicó que el objetivo era apuntar a “la última fuente de ingresos del Banco Central de Irán”, ya incluido en la lista negra de Estados Unidos, pero también al Fondo Nacional de Desarrollo, “es decir, a su fondo soberano, que de este modo quedará aislado” del sistema bancario de Estados Unidos.

“Esto significa que no habrá más dinero para la Guardia Revolucionaria”, el ejército de élite del gobierno iraní, “para financiar el terrorismo”, dijo.

Sectores enteros de la economía iraní, desde su sistema financiero hasta las exportaciones de petróleo, están sujetos a sanciones estadounidenses y bajo un estricto embargo.

Para el gobernador del Banco Central iraní, Abdolnasser Hemmati, estas nuevas medidas punitivas “muestran hasta qué punto” los estadounidenses “no pueden encontrar una plataforma contra Irán“, que niega haber llevado a cabo estos ataques.

Mike Pompeo reiteró en un comunicado que “todas las pruebas apuntan a Irán, y sólo a Irán” como responsable de los ataques en Arabia saudí. Riyadh mostró a la prensa por primera vez el viernes la magnitud de los daños en sus instalaciones petrolíferas, una “agresión sofisticada en su diseño y descarada en su ejecución”, según el secretario de Estado estadounidense.

Los rebeldes huthíes en Yemen, que habían reivindicado la responsabilidad de esta ofensiva, anunciaron que considerarían detener todos los ataques contra Arabia saudí como parte de una iniciativa de paz para poner fin a un conflicto de cinco años.

China – Estados Unidos: de la guerra comercial a la guerra tecnológica

Desde 2017 China ocupa el segundo lugar en número de registros de patentes a nivel mundial adelantando en ese puesto a Japón y sólo por detrás de Estados Unidos, siendo Huawei la que ocupa ese puesto a nivel de empresas. Con un crecimiento en registro de patentes de 13,4 en 2017 y 9,1 en 2018 es muy probable  que el gigante asiático pueda alcanzar el primer puesto en un par de años

Uno de los principales ejes de actuación en la guerra comercial chino-norteamericana, está siendo el sector de las tecnologías y la información donde la preocupación se ha extendido a otros gobiernos de los “Five Eyes”- Australia, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Reino Unido- en la futura implementación de la tecnología 5G.

Siendo los semiconductores la piedra angular sobre el que se apoya la tecnología de la era de información, China se ha marcado dentro del ambicioso objetivo “Made in China 2025” una producción que alcance 305 billones de dólares que supondría un 80 por ciento de la demanda doméstica. En 2019, China depende de la importación de una gran cantidad de semiconductores y el gobierno del país está dispuesto a revertir la situación.

Los semiconductores se usan en aplicaciones electrónicas, en especial para la fabricación de componentes como transistores, diodos y circuitos integrados. También son usados como accesorios o complementos de sensores ópticos, como láseres de estado sólido, y algunos dispositivos de potencia para sistemas de transmisión de energía eléctrica. En la actualidad, este tipo de elementos está siendo empleado para desarrollos tecnológicos en los ámbitos de las telecomunicaciones, sistemas de control y procesamiento de señales, tanto en aplicaciones domésticas como industriales.

En el verano del 2018, el gobierno de Estados Unidos presentó una nueva ley de Defensa, que incrementaba  el presupuesto destinado a seguridad hasta la cifra récord de 715.000 millones de dólares (unos 635.000 millones de euros) aumentando los poderes del gobierno y del Congreso para revisar y bloquear cualquier tipo de inversión extranjera en su economía bajo el argumento de la amenaza a la seguridad nacional. Aunque la ley no menciona a ningún país en concreto, los expertos coinciden en que el destinatario de semejante reforma no es otro que China.

Esa es, en realidad, la verdadera guerra que oculta la guerra comercial que libran estos dos gigantes. En juego están el dominio tecnológico del futuro y el control de la alta velocidad que viene: el 5G. Esta tecnología que tiene como potencial año de lanzamiento el 2020 tiene en su campo de actuación cuestiones tan futuristas pero reales como vehículos que se conducen solos, la realidad virtual, las ciudades inteligentes y los robots que trabajen en red.

El número de usuarios de las redes 5G en China alcanzará los 460 millones en el 2025, superando el número de usuarios de Europa y América del Norte en conjunto lo que convertirá al país asiático en el mayor mercado para esta nueva tecnología, según el informe de la Asociación de operadores móviles GSM. Se espera que el monto de las inversiones en el desarrollo de las redes 5G alcance en el 2019 y 2020 unos 58.000 millones de dólares y en ese periodo.

Las dos principales potencias económicas del mundo, Estados Unidos y China, han evolucionado su guerra comercial para convertirla en una guerra que también es tecnológica.

https://economy.blogs.ie.edu/archives/category/economia-global/

La lucha popular logra la aprobación de la ley de emergencia alimentaria en Argentina hasta diciembre de 2022

El Senado argentino ratificó por unanimidad el proyecto aprobado la semana pasada en el Congres de los Diputados. Fuera del Congreso, miles de manifestantes exigían la sanción de la ley que extiende la Emergencia Alimentaria hasta diciembre de 2022 y fija un incremento del 50 por ciento de las partidas destinadas a programas de alimentación y nutrición.

Desde las 11 horas, la CTA Autónoma, CTEP, Somos Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, el Frente Darío Santillán y gremios aguardaban frente al Congreso que Senadores alcanzara el quórum para tratar la sanción de la Emergencia Alimentaria.

Finalmente, alrededor de las 18 horas y luego de tres horas y media de debate, la cámara alta sancionó la iniciativa de los distintos bloques opositores que ya había pasado por el Congres de los Diputados.

De esta manera, los legisladores nacionales extendieron la Emergencia Alimentaria hasta diciembre de 2022 y destinaron entre 8.000 y 10.000 millones de pesos a planes sociales, a partir de un aumento de hasta el 50 por ciento de los fondos que se destinan en la actualidad a programas de alimentación y nutrición.

A pesar de la reticencia inicial del oficialismo y recientes declaraciones que desconocían la difícil situación económica y social, la dura derrota electoral de Mauricio Macri y el poder de movilización de las organizaciones sociales hicieron posible la aprobación de la norma.

El texto dispone “un incremento de emergencia como mínimo del 50 por ciento de las partidas presupuestarias de créditos vigentes al momento de la promulgación de la presente ley, correspondientes al Programa N° 26 (Políticas Alimentarias) y el Plan Nacional de Protección Social, ambos pertenecientes al Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, como así también del Programa Pro Bienestar del PAMI” (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionistas).

Asimismo, faculta al Jefe de Gabinete de Ministros a actualizar trimestralmente los montos desde el 1 de enero de 2020, tomando como referencia el IPC y la Canasta Básica Alimentaria establecida por el INDEC.

Según un informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, la inseguridad alimentaria total llegó al pico máximo del 35,8 por ciento, con niveles de falta de comida severos del orden del 17,4 por ciento y déficit de nutrientes alimentarios que, en sectores bajos del país, llegan hasta el 44 por ciento.

El propio INDEC arroja datos alarmantes: en el primer semestre de 2019, la tasa de pobreza alcanzó al 35,5 por ciento de la población. El índice resulta casi 10 puntos por encima del mejor registro de Cambiemos, correspondiente al segundo semestre de 2017 (25,7 por ciento).

Por otra parte, la presentación del ministro Lacunza del proyecto oficialista de Presupuesto 2020 resulta esclarecedor a los fines de entender un posible -aunque improbable- segundo mandato macrista. Del texto, surge que el pago de la deuda para 2020 (más de un billón de pesos) supera con creces la suma de las partidas de salud, educación, agua potable y varios ítems sociales sensibles.

Ya son tres las iniciativas que los movimientos sociales lograron vehiculizar hacia un tratamiento legislativo. El primero, en diciembre de 2016, la Emergencia Social. El segundo, en julio de 2018, la Integración de Barrios Populares.

https://canalabierto.com.ar/2019/09/18/la-movilizacion-popular-logro-la-aprobacion-de-la-emergencia-alimentaria/

Los movimientos sociales se han organizado para ofrecer puestos de comida en los barrios más necesitados de Buenos Aires

Mueren tres manifestantes durante enfrentamientos y motines con la policía en Argelia

Tres personas murieron el miércoles por la noche durante los enfrentamientos entre manifestantes y policías en la región de Relizane, a 300 kilómetros al oeste de Argel.

Los choques se produjeron a causa de la muerte de un adolescente de 15 años que fue atropellado por un vehículo de la policía, un accidente que también causó heridas graves a un hombre de 25 años que viajaba con él en un vehículo de dos ruedas.

En represalia, los disturbios estallaron alrededor de las 10 de la noche, cuando varios vecinos cortaron el camino de la ciudad con piedras y barricadas incendiarias con neumáticos.

Los manifestantes saquearon los edificios públicos e intentaron asaltar la comisaría de la ciudad para capturar al policía que causó el accidente, según ha reconocido la fiscalía.

El diario El Khabar afirma que los policías comenzaron a disparar desde el interior de la comisaría de policía, causando la muerte de tres manifestantes.

Al dia siguiente por la mañana, los vecinos realizaron una sentada para protestar por las muertes.

El Ministerio argelino de Interior ha abierto una investigación oficial, según ha informado en un comunicado de prensa.

Los manifestantes asaltan una comisaría y matan a un jefe de policía en Mali

Los vecinos de Niono, en la región de Segou, llevaron a cabo ayer un levantamiento sin precedentes. Atacaron la comisaría de policía, la saquearon y mataron al comisario Idrissa Tounkara.

En internet un vídeo ha mostrado el cuerpo sin vida del policía en el patio de la comisaría. El balance provisional es de dos muertos, un policía y un civil, y varios heridos.

Hace una semana el comisario de policía ya tuvo que abandonar la ciudad por la presión popular. Según los vecinos, todo comenzó por un control policial durante el cual un policía pateó a un ciudadano.

Los vecinos atacaron al comisario al que consideran como responsable de no castigar al policía maltratador. Ayer los manifestantes irrumpieron en la comisaría de policía donde se encontraban el comisario y sus hombres.

En respuesta a la determinación de los vecinos, la policía disparó, hirió y mató a uno de los manifestantes que había logrado acceder hasta el patio de la comisaría. El comisario Idrissa Tounkara fue ejecutado por la multitud que destruyó la comisaría y los demás policías huyeron.

La información se ha difundido ampliamente en redes sociales africanas con imágenes de apoyo. Durante varios días la tensión ha sido muy alta, según el jefe de los “griotes” (*) de Segou, Mamadou Kouyaté. Unos delegdos trataron de mediar entre los vecinos y la policía, pero no logró su objetivo.

En Fana, otra ciudad de Mali, los vecinos también se quejan del hostigamiento de la policía, que practica continuos controles por la noche.

En Mali la población considera a la policía como su enemigo, un factor de opresión, lo que ha exacerbado la crisis en el norte y el centro del país.

(*) En las culturas africanas el “griot”, también llamado “djeli” o “jali”, es un bardo o persona que recita viejos relatos de la tradición oral entre los vecinos.

‘La criminalización de las protestas es una política de Estado’

La disertación más aplaudida durante el segundo día de la Cumbre de los Pueblos Afectados por la Minería que se celebra en Perú, fue la que abordó la criminalización de las protestas. En ella se afirmó que es una política de Estado frente a las luchas sociales.

El trasfondo es un asunto de persecución política y penal en contra de los manifestantes y dirigentes, expuso Jorge Tacuri Aragón, abogado de comunidades y pueblos originarios.

Debido a que las acciones que se realizan en una protesta pueden ser calificadas como criminales, señala que debe considerarse que quien realiza la manifestación lo está haciendo por defender un derecho o bien jurídico mayor.

Según explicó Tacuri, en las manifestaciones donde se bloquean las pistas, por ejemplo, no tendrían que tomarse como actos criminales “por lo que no existiría lugar para una denuncia penal contra los manifestantes”, dijo.

“Siempre existe un sesgo en las protestas a nivel nacional. Se cree que porque alguien se paró en medio de la pista a impedir el paso de algún vehículo ya está cometiendo un delito. Ya es un delincuente y ya debería estar en la cárcel”.

Los 24 detenidos durante los dos meses de paro indefinido en Cocachacra, fueron intervenidos bajo el cargo de disturbios en contra de la tranquilidad pública. Así lo informó Arturo Dueñas Segura, abogado defensor de la mayoría de manifestantes del Valle de Tambo,

Dijo que antes de las 48 horas fueron liberados debido a que no existen pruebas contundentes para sustentar las denuncias que pesan en su contra. “Esto sucede porque la policía interviene en el momento de las protestas. Pero cuando se les pide sus declaraciones, la mayoría de las veces se contradicen, y yo he estado presente durante esas diligencias”

Este caso fue utilizado como ejemplo de las exposiciones sobre la criminalización de las protestas. Explicó que, por las acusaciones por las que se detuvo a los manifestantes, se les podría haber enviado a la cárcel entre 8 y 15 años.

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