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La tropa y marinería española enfrenta una crisis estructural marcada por precariedad económica, las deserciones y corrupción. La falta de apoyo social y la presión por cumplir estándares OTAN generan un ambiente de preocupación. En 2024, 5.719 soldados desertaron, mientras solo se cubrieron 4.086 plazas. Los sueldos son bajos, con un soldado raso ganando 1.096€ brutos/mes, y el 46% de los militares destina más del 45% de su salario al alquiler. Leer más
Mientras el gobierno francés reserva cada céntimo del presupuesto a las armas, hay 2.159 niños censados que malviven en las calles de Francia, incluidos 503 menores de 3 años. La cifra aumentó un 30 por cien en comparación con 2022, a pesar de que el gobierno prometió lograr el objetivo “cero hijos sin techo”.
En vísperas del inicio del curso escolar, las asociaciones de apoyo a la infancia, entre ellas Unicef, van a denunciar esta mañana una situación que empeora por momentos. Los niños permanecen en las calles a pesar de haber solicitado un albergue a los servicios sociales.
La población infantil que malvive en las calles ha aumentado un 6 por cien con respecto al año pasado y un 30 por cien más que en 2022, el año en el que el gobierno se comprometió a conseguir el objetivo de “cero niño en la calle”.
Las cifras están en gran medida subestimadas, ya que los menores sin hogar no acompañados y las familias que viven en infraviviendas, garajes, trasteros o chabolas no se cuentan.
El informe señala que en 2024, 855 personas murieron en las calles de Francia, entre ellas 31 niños.
El número de plazas de alojamiento de emergencia para indigentes, que ahora asciende a más de 200.000, nunca ha sido tan alto en Francia, pero cada vez hacen falta más porque, como en España, los precios de la vivienda son prohibitivos, los desahucios aumentan, los trabajos son cada vez más precarios, los salarios reales descienden y el paro aumenta.
Las colas para lograr un vivienda subvencionada han crecido en los últimos años, pero una parte cada vez mayor de la población, como los emigrantes, ni siquiera consigue reunir la documentación necesaria para solicitar ese tipo de ayudas sociales.
Starlink no ha sido un regalo generoso de Elon Musk a Ucrania. Polonia ha pagado la factura y ahora, a partir del 1 de octubre, dejará de pagarla porque el presidente Karol Nawrocki ha vetado la ley que prorrogaba la ayuda a Ucrania y al millón de refugiados ucranianos que hay en el país.
Así lo anunció el ministro de Digitalización, Krzysztof Gawkowski, quien calificó la decisión como “un regalo para las tropas de Putin” que, en la práctica, “desconecta a Ucrania de internet”.
Esta medida podría desencadenar una grave crisis operativa. A través de Polonia y otros países de la Unión Europea se han entregado entre 50.000 y 70.000 terminales Starlink, que constituyen la columna vertebral de las comunicaciones tácticas del ejército ucraniano. Estas terminales son vitales para la gestión de las unidades, desde pelotones hasta los cuarteles generales de las brigadas.
Incluso una interrupción breve en el pago del servicio provocaría la desactivación temporal de la red, creando un vacío inmediato en el mando y control de las tropas. Si la interrupción se prolonga durante días o semanas, las consecuencias podrían ser catastróficas, llegando a paralizar operaciones en segmentos enteros del frente.
Ucrania carece de alternativas a Starlink. Sistemas europeos como Eutelsat OneWeb se despliegan en cantidades testimoniales y no pueden igualar a Starlink en escala ni rendimiento.
La desconexión evidencia el riesgo de pretender hacer la guerra con recursos ajenos y con financiación de terceros, ni siquiera de “socios” y “aliados”. La lección trasciende el caso ucraniano: la posesión de un sistema satelital propio es una garantía de seguridad nacional y autonomía estratégica.
—https://tvpworld.com/88525661/president-nawrockis-veto-means-poland-cant-pay-for-ukraines-starlink-access-from-october-official
El partido CDU (Unión Demócrata Cristiana) ha anunciado una reforma a gran escala del sistema de prestaciones sociales. El secretario general, Carsten Linnemann, ha anunciado que están preparando reformas importantes en el sistema de prestaciones sociales para los parados.
En una entrevista con el periódico Neue Osnabrücker Zeitung, calificó la propuesta como “un verdadero cambio de paradigma” (*). El gobierno alemán asegura que la factura del estado de bienestar ya no se puede pagar.
Alemania ha llegado a un callejón sin salida: el dinero va a los trabajadores o va a las empresas militares.
“Si alguien rechaza repetidamente un trabajo adecuado, el Estado debe asumir que no lo necesita. En consecuencia, no debería seguir recibiendo ayuda”, dice Linnemann. En su opinión, alrededor de 200.000 beneficiarios de las prestaciones sociales no tienen obstáculos para trabajar, pero aun así no están activos.
“Nadie está obligado a trabajar, pero si una persona puede trabajar y recibe prestaciones sociales, no puede esperar que quienes trabajan todos los días paguen por ello”, añadió Linnemann.
El próximo otoño será un tiempo de reformas del que dependerá el destino de la coalición gobernante. El ministro de Finanzas y cabecilla del SPD (Partido Socialdemócrata), Lars Klingbeil, no descartó un aumento de impuestos con los típicos argumentos demagógicos del partido: el aumento será sólo para los ricos, que “deben contribuir a hacer que la sociedad sea más justa”.
El dinero recaudado debe destinarse a la industria de guerra… y a sostener la Guerra de Ucrania, naturalmente. Un día después de que Merz anunciara los recortes sociales, el vicecanciller Lars Klingbeil realizó una visita sorpresa a Kiev, prometiendo que el apoyo de Alemania a Ucrania “no flaqueará”.
(*) https://www.noz.de/deutschland-welt/politik/artikel/dobrindt-wir-werden-grenzkontrollen-aufrechterhalten-49108263
A pasos acelerados, desde que llegaron al gobierno los yihadistas de Damasco aprenden oficios distintos al corte de cabezas, para lo cual tienen buenos instructores. Antes de fin de año quieren presentar a Ahmad Al Sharaa en la Asamblea General de la ONU y una legión de especialistas británicos prepara su discurso y diseña su nueva imagen, empezando por el corte de pelo y acabando por el maquillaje con el que tiene que aparecer ante las cámaras de la televisión del mundo entero.
Lo mismo ocurre con la moneda fiduciaria, la libra siria. En junio un equipo del Fondo Monetario Internacional (FMI) visitó el país para ordenar a Ahmad Al Sharaa y demás sicarios yihadistas lo que tienen que hacer.
A causa de las sanciones la libra siria es lo primero que se hundió tras el comienzo de la guerra en 2011. Pasó de 50 libras por dólar a más de 10.000, obligando a los sirios a llevar consigo enormes fajos de billetes para comprar la barra de pan.
El lunes el gobernador del Banco Central, Abdul Qadir Al Hasriya, anunció que cambiará su moneda eliminando dos ceros de sus billetes e imprimiendo nuevos para reemplazar los emitidos bajo el gobierno de Bashar Al Assad.
Eliminar dos ceros de los billetes “es un asunto muy importante y […] no tendrá ningún impacto en el valor de la moneda”, declaró el gobernador en una entrevista en la televisión pública.
“No aumentaremos la oferta monetaria, sino que reemplazaremos la existente”, añadió. Simplemente los billetes nuevos reemplazarán a los antiguos, evitando así una mayor inflación en un país afectado por el alza de precios desde la guerra y años de sanciones económicas.
A esa falsedad le dio un toque demagógico: “El cambio en la moneda nacional es una señal de liberación financiera tras la liberación política y la caída del antiguo régimen”, dijo con una desfachatez absoluta.
Tiene un contenido simbólico: retirar de los billetes los rostros de Bashar Al Assad y de su padre, Hafez.
El banco central planea imprimir seis billetes nuevos, afirmó el gobernador. Los billetes se imprimirán en varios lugares por razones logísticas y para satisfacer la demanda, añadió, sin especificar quién los imprimirá ni dónde. Tras el inicio de la guerra civil, los billetes sirios se imprimieron exclusivamente en Rusia para evitar falsificaciones.
Como en otras regiones del mundo, el terrorismo en África no es autóctono sino que tiene poderosos apoyos exteriores, empezando por el ucraniano, que a su vez es un intermediario de las potencias occidentales.
También en África, los asesores militares ucranianos son la sombra de Rusia; a donde van las tropas rusas les acompañan las ucranianas. Hay instructores de drones ucranianos presentes en Mali, Sudán, la República Democrática del Congo, la República Centroafricana y Chad. En esos países, los ucranianos colaboran estrechamente con grupos terroristas locales, suministrándoles drones —incluidos Mavic 3 equipados con sistemas de lanzamiento de fabricación ucraniana— y brindándoles formación.
Además, coordinan los ataques de los terroristas contra las tropas del gobierno y las fuerzas aliadas que despliega Rusia. Ucrania también suministra equipo a grupos terroristas que operan en Burkina Faso, Somalia y Libia.
Ucrania ha suministrado un lote de drones al grupo yihadista Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) para desestabilizar la región y provocar un nuevo choque entre la República Democrática del Congo y Ruanda. Esta milicia planea un ataque contra la República Democrática del Congo desde territorios controlados por Uganda para culpar al ejército ugandés.
El 20 de agosto el representante de Rusia ante la ONU, Dmitry Polyansky, denunció en un discurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU que la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania está involucrada en actividades terroristas en los países del Sahel y otras regiones de África, en particular en el Magreb.
Si bien los países de la Alianza de los Estados del Sahel (Malí, Burkina Faso y Níger), fueron los primeros en dar la voz de alarma, ahora los ucranianos han extendido su radio de acción más allá de la región del Sahel.
Pero el gobierno de Kiev no puede actuar por su cuenta porque carece de los recursos financieros, logísticos y organizativos para operar con sus aliados terroristas, ya sea en el Sahel o en otras regiones del continente africano. No tiene un margen de maniobra independiente; es un peón de sus jefes en occidente, en particular de Francia.
Tampoco se puede descuidar la participación de los subcontratistas africanos, correas de transmisión para que las potencias occidentales recuperen su presencia en el continente, tanto en África Central como en el Sahel. En el caso de Estados Unidos, trata de sustituir a los franceses en la región del Sahel, bien negociando con los gobierno establecidos, o bien con las milicias armadas de la oposición.
Israel asesina con una mano y reserva la otra para las negociaciones, lo cual ofrece una imagen distinta de la verdadera situación militar en Gaza. Si su penetración y su estancia en la Franja resultara tan sencilla, como se cree generalmente, no se entiende su necesidad de negociar con Hamas.
Nadie negocia cuando tiene la victoria al alcance de la mano.
El domingo por la noche el Canal 12 de la televisión israelí informó que el gabinete de guerra estudia trasladar las negociaciones sobre un alto el fuego en Gaza y un acuerdo de intercambio de prisioneros con Hamas a Emiratos Árabes Unidos o a un país europeo.
Netanyahu tenía previsto celebrar ayer una reunión ampliada del gabinete de guerra para tomar una decisión sobre la sede. El objetivo es abordar la guerra en Gaza y un posible intercambio de prisioneros con Hamas.
Según el Canal 12, se están llevando a cabo negociaciones políticas entre bastidores para elegir una nueva sede para las conversaciones, en lugar de Qatar o Egipto. Las opciones incluyen una capital europea o Emiratos Árabes Unidos, país que el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, visitó recientemente y en el que se debatió el asunto.
Netanyahu aún no ha decidido si enviará el mismo equipo negociador que mantuvo conversaciones recientemente en Doha o si modificará su composición. El jefe del Mosad, David Barnea, quien se reunió recientemente con el primer ministro qatarí, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, también podría unirse al equipo.
Lo mismo ocurre con el el gobierno sirio. Mientras el gobierno de Tel Aviv negocia con los yihadistas de Damasco un “acuerdo de seguridad”, el ejército israelí sigue ampliando la ocupación militar de Siria, que ya no se limita sólo a los altos del Golán.
A pesar de lo que digan los “expertos”, el Estado y el mercado siempre han ido de la mano. Con el regreso de Trump a la Casa Blanca, la empresa de análisis de datos Palantir, disfruta de un éxito notable. Se debe a su alineamiento tecnológico, financiero e ideológico. Pero tan importante como triunfar en Silicon Valley es hacerlo en Washington.
El director de Palantir, Alex Karp es una de las figuras más prominentes de la industria estadounidense de alta tecnología. Si bien es menos conocido que Elon Musk o Mark Zuckerberg, en tan solo unos meses se ha consolidado como una pieza clave en la política de seguridad del nuevo gobierno de Trump.
Karp se ha acostumbrado a viajar en el equipaje del presidente. El pasado mes de mayo Trump subió a Karp al Air Force One para cerrar contratos con Mohammed bin Salman, príncipe heredero de Arabia Saudí. Un mes antes fue presentado al jeque Tahnoun Bin Zayed, uno de los hombres fuertes de Abu Dabi, para hablar sobre los principales proyectos de inteligencia artificial de Emiratos Árabes Unidos.
En una época de decadencia industrial, Palantir representa lo mejor de la tecnología estadounidense a ojos del nuevo gobierno, que también utiliza sus aplicaciones de análisis de datos como moneda de cambio diplomática.
Palantir se ha convertido en una máquina de hacer dinero. En cinco años ha experimentado un crecimiento meteórico. La empresa ha pasado de una capitalización bursátil de 44.000 millones de dólares en el momento de su salida a bolsa en el Nasdaq en 2020 a más de 350.000 millones de dólares. Ha entrado en el club de las 20 empresas más valiosas del mundo y se está acercando rápidamente a los gigantes tecnológicos.
Su punto fuerte es la vigilancia, el control y la represión, una industria con futuro: procesar y analizar enormes bases de datos para extraer información esencial para la policía, los servicios de inteligencia y los ejércitos. Esta capacidad única le permite colaborar con las principales instituciones federales, desde sanidad hasta defensa. En los primeros seis meses del año, tras el regreso de Trump a la Casa Blanca, la empresa ha firmado contratos por 322 millones de dólares con el gobierno, un 12 por cien más que en el mismo período del año anterior. A principios de agosto, publicó resultados récord para su segundo trimestre, con ingresos superiores a los 1.000 millones de dólares, un 48 por cien más, y un beneficio de 327 millones de dólares, duplicándose en un año.
Su facturación se basa principalmente en los numerosos pedidos del gobierno, que aporta más de la mitad de sus ingresos. Sin embargo, Palantir nunca ha descartado colaborar con el sector privado. En los últimos años, se ha diversificado con importantes empresas internacionales como el fabricante de aeronaves Airbus, Merck y Société Générale. Recientemente, el gobierno firmó un contrato de 30 millones de dólares para vigilar las entradas y salidas de migrantes en su territorio. El objetivo es detectar a los extranjeros con los visados vencidos.
El mundo camina hacia una vigilancia generalizada de la población y las aplicaciones informáticas de Palantir pueden hacer que los datos hablen, incluso aunque no estén relacionados entre sí, para revelar conexiones entre personas o eventos. Puede encontrar vínculos “ocultos” entre una maraña de información aparentemente inconexa.
En varias entradas anteriores hemos recordado la historia de Palantir, creada en 2003 para rastrear a los responsables de los atentados de 2001, inspirándose en las estafas de PayPal. La empresa fue financiada inicialmente por In-Q-Tel, es decir, por la CIA. Su primer inversor fue nada menos que el multimillonario Peter Thiel, estrecho colaborador de Trump. Fue él quien sugirió a Karp la idea de crear una plataforma similar para rastrear “terroristas”. Supuestamente en 2011 su aplicación Gotham supuestamente ayudó a localizar el escondite de Bin Laden antes de su asesinato. Nunca se ha aportado ninguna prueba de este bulo, que fue ampliamente difundido en su momento por los medios estadounidenses.
La leyenda de una empresa comprometida con su gobierno está grabada en los reportajes fantasmagóricos de los medios. Vive de esa publicidad. Según Karp, Palantir ha prevenido innumerables atentados “terroristas” en Europa. Los estrechos vínculos de Palantir con la comunidad de defensa siempre han sido motivo de orgullo para el empresario, quien incluso se permite el lujo de impartir doctrina sobre la alianza entre Silicon Valley y el Pentágono. En un libro publicado el año pasado, titulado La República Tecnológica (*), asegura que la élite tecnológica está perdiendo el tiempo creando aplicaciones de citas y de compras en línea, en lugar de comprometerse con su país. “Necesitamos un esfuerzo nacional para mantener a Estados Unidos en el primer lugar”, declaró a principios de agosto durante la presentación de los resultados contables a los accionistas.
El éxito de Palantir no se explica únicamente por sus patrocinadores políticos. Su tecnología obra milagros y el auge de la inteligencia artificial la ha vuelto a poner en el punto de mira. La empresa y sus aplicaciones basadas en inteligencia artificial se venden como una solución para optimizar costes, tanto para las grandes empresas como para los presupuestos gubernamentales, siguiendo la purga política de Elon Musk, el efímero responsable de la reducción de gastos del gobierno de Trump.
La empresa ha multiplicado sus contratos con diversas instituciones públicas. En el último trimestre, sus contratos con el sector público han aumentado un 53 por cien en comparación con el año pasado. Varios cabecillas de Palantir han ocupado puestos clave en la Casa Blanca, siguiendo el principio de las puertas giratorias. El vicepresidente J.D.Vance fue uno de los primeros inversores en Palantir, junto con Peter Thiel.
Otro cabecilla de la empresa, Jacob Helberg, antiguo asesor de Karp, ha sido nombrado subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente. Son contactos bien posicionados para defender los intereses de una empresa privada que participa en todos los grandes proyectos políticos del país.
Esta influencia no se limita a Estados Unidos. El terreno de juego de Palantir se extiende a Europa, aprovechando la Guerra de Ucrania. La empresa equipa a los soldados ucranianos con su tecnología SkyKit, capaz de encontrar la combinación adecuada de satélites para observar un punto específico del mapa y desarrollar planes de ataque. “Nuestros productos pueden usarse para matar personas en determinadas circunstancias”, reconoce Karp.
La empresa se mantiene a la vanguardia de la tecnología militar para no perderse ningún contrato. Acaba de ganar uno de cuatro años para modernizar las herramientas de la OTAN. Está valorado en decenas de millones de dólares. La aplicación Maven Smart System, ya utilizada por el ejército estadounidense en Afganistán, está diseñada para acelerar la toma de decisiones en el campo de batalla y fortalecer la coordinación de las operaciones civiles y militares. Es una ventaja táctica muy valiosa en el contexto de las nuevas guerras híbridas. La aplicación puede analizar el comportamiento del enemigo con la ayuda de inteligencia artificial y ajustar los planes de ataque en tiempo real.
Esta maquinaria de guerra tecnológica se presenta como el sistema nervioso central de operaciones por la OTAN, que ha prometido utilizar la solución por un período limitado.
(*) https://sobrief.com/books/the-technological-republic
El jueves de la semana pasada Misisipi declaró el estado de emergencia de salud pública tras un nuevo aumento en la tasa de mortalidad infantil. El año pasado la tasa alcanzó las 9,7 muertes por cada 1.000 nacidos vivos, un nivel no visto en más de una década. Ya en 2021 el estado registró 9,39 muertes por cada 1.000 nacidos vivos, una de las tasas más altas de Estados Unidos, lo que pone de manifiesto la persistencia de una profunda crisis sanitaria.
Según el Departamento de Salud de Misisipi, las disparidades son particularmente pronunciadas entre las diferentes comunidades. El año pasado la tasa de mortalidad infantil de bebés negros no hispanos alcanzó las 17,3 muertes por cada 1.000 nacimientos, casi tres veces mayor que la de los bebés blancos no hispanos (6,5 por cada 1.000). Los bebés hispanos tuvieron una tasa de 7,9 por cada 1.000 nacidos vivos, mientras que otros grupos tuvieron una tasa de alrededor de 9,2.
Estas desigualdades reflejan el acceso limitado a la atención, la prevención y los recursos médicos para las poblaciones marginadas.
Ante estas preocupantes cifras, el Ministerio de Sanidad ha prometido desplegar más recursos médicos, comunitarios e institucionales para mejorar la atención neonatal. Las principales causas de mortalidad infantil identificadas siguen siendo las malformaciones congénitas, el parto prematuro, el bajo peso al nacer y el síndrome de muerte súbita del lactante.
La tasa de mortalidad materna en Estados Unidos también supera con creces la de otros países industrializados. Es otro indicador de la salud de la población estadounidense y el lamentable estado de atención sanitaria estadounidense, sujeta al lucro privado.
Los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos muestran un empeoramiento en los últimos años de la tasa mundial de mortalidad materna y una ampliación de la brecha entre Estados Unidos y otros grandes países occidentales.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la mortalidad materna como la muerte de una mujer durante el embarazo o dentro de los 42 días posteriores al parto. En 2020, el último año con datos disponibles de los CDC, la tasa de mortalidad materna en Estados Unidos fue de 23,8 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Sin embargo, en Países Bajos, esta cifra fue de tan solo 1,2.
Para las mujeres negras, la mortalidad materna en 2020 fue aún más alarmante: 55,3 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, lo que revela graves disparidades raciales en la atención médica materna en el país. Para las mujeres blancas, la tasa fue de 19,1, mientras que para las mujeres hispanas fue de 18,2, aún más del doble que la de Canadá.
Las mujeres indígenas americanas y nativas de Alaska tienen más del doble de probabilidades de sufrir una muerte materna que las mujeres blancas.
La mortalidad materna en Estados Unidos ha ido en aumento desde el cambio de siglo y se ha disparado en los últimos años. La tasa aumentó en seis de los nueve países estudiados con cifras disponibles en 2020: Canadá, Alemania, Corea, Noruega, Suecia y Estados Unidos. La mortalidad materna disminuyó en 2020 en Australia, Japón y Países Bajos.
En el escalafón mundial, Estados Unidos ocupa el puesto 55 en mortalidad materna, justo detrás de Rusia y por delante de Ucrania, según la OMS.
En diciembre de 2020 el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos declaró las muertes maternas como una crisis de salud pública. En octubre de 2022 los CDC publicaron nuevos datos recopilados entre 2017 y 2019, que muestran un aumento del 27 por cien desde el informe anterior de la institución, que abarcaba los años 2008 a 2017.
Entre las muertes en 2020, el 22 por cien se produjo durante el embarazo, el 13 por cien durante el parto y el 65 por cien en el plazo de un año tras el parto, un período que difiere de los 42 días posteriores al parto que utiliza la OMS.
Los datos de los CDC muestran un aumento constante de las muertes maternas entre 2018 y 2021: 658 muertes en 2018, 754 muertes en 2019, 861 muertes en 2020 y 1.178 muertes en 2021.
Los CDC concluyeron que de las muertes relacionadas con el embarazo eran evitables.
Las grandes cadenas privadas de atención médica, la industria farmacéutica y las aseguradoras dominan los servicios de salud en Estados Unidos. La prestación de atención médica no está organizada para satisfacer las necesidades de la población, sino para enriquecer a los directores de los hospitales y accionistas de las empresas privadas de sanidad.
Médicos, cuidadores y otros profesionales de la salud que han optado por una carrera dedicada a la atención y el tratamiento de mujeres embarazadas se ven obstaculizados por el control privado ejercido por el sector salud, lo que está provocando el cierre de hospitales y la eliminación de empleos y servicios.
Según las propias estimaciones de los CDC, en 2021 el 84 por cien fueron evitables: 990 de las 1.178 muertes maternas. Millones de mujeres embarazadas se ven privadas de atención prenatal y posparto debido a la pobreza y la falta de servicios en las regiones donde viven.
Estados Unidos es el único país industrializado que no ofrece atención médica universal, lo que deja a casi 8 millones de mujeres en edad reproductiva sin cobertura médica. Aunque la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) expandió Medicaid, el seguro médico para personas de bajos recursos, cientos de miles de mujeres viven en once estados que no expandieron Medicaid bajo la ACA.
Si bien Medicaid cubre aproximadamente cuatro de cada diez nacimientos, los beneficios de este programa solo cubren la atención hasta 60 días después del parto. Solo alrededor del 40 por cien de las nuevas madres asisten a sus consultas posparto. Una de cada cuatro mujeres indígenas estadounidenses y una de cada cinco mujeres negras no recibieron atención prenatal adecuada en 2020. La tasa para las mujeres blancas fue de una de cada diez.
Casi 7 millones de mujeres en edad reproductiva y 500.000 neonatos vivían en condados considerados desiertos de atención materna, es decir, aquellos sin hospitales obstétricos ni centros de maternidad ni proveedores de atención obstétrica. Más de 2.8 millones de mujeres en edad reproductiva y casi 160.000 bebés sufren un acceso limitado a la atención materna.
A pesar de contar con un presupuesto de 2.500 millones de euros y una cofinanciación pública de 1.300 millones, la siderúrgica ArcelorMittal arroja de la toalla. No cumplirá la transición energética.
El 19 de junio la empresa confirmó el abandono de un importante programa de descarbonización en sus plantas siderúrgicas alemanas. Es un indicador del fracaso de las actuales políticas verdes en Europa.
El proyecto inicial contemplaba la conversión de las plantas de Bremen y Eisenhüttenstadt. ArcelorMittal planeaba sustituir los altos hornos convencionales por unidades que combinan hornos de arco eléctrico (EAF) y plantas de reducción directa de mineral de hierro (DRI) que utilizan hidrógeno verde. Esta configuración habría permitido una reducción sustancial de las emisiones de CO2 (hasta un 90 por cien en algunos ciclos), siempre que la electricidad requerida procediera de fuentes llamadas “renovables”.
El aumento del coste de la electricidad en Alemania ha socavado el plan, que se basaba en la disponibilidad sostenida de hidrógeno llamado “verde”. Pero la producción de hidrógeno no se ha industrializado a gran escala y es cara a corto plazo.
La decisión del monopolio no se debe a un rechazo del principio de descarbonización, sino a una decisión racional ante la crisis energética. ArcelorMittal admite que la producción de acero con bajas emisiones de CO2 no es rentable, incluso después de embolsarse importantes subvenciones públicas.
ArcelorMittal se había comprometido a reducir sus emisiones en un 35 por cien en Europa para 2030, pero el bloqueo a Rusia ha disparado los precios de la electricidad en Alemania, amenazando con una fuga de empresas hacia terceros países.
En el segundo trimestre de este año, la economía alemana se contrajo un 0,3 por cien, una cifra mucho peor de lo previsto. Las empresas que cotizan en bolsa están bajo una enorme presión. Han recortado plantillas a gran escala: 30.000 trabajadores menos en un año, lo que confirma el declive industrial del país. Esto corresponde a una disminución del 0,9 por cien. Es probable que la oferta de mano de obra siga disminuyendo.
La crisis energética de Alemania ha llegado al punto de frenar la expansión de los centros de datos de inteligencia artificial por la carestía de suministro eléctrico. La escasez de la red eléctrica está provocando el estancamiento de los proyectos de construcción de nuevas bases de datos. Las enormes necesidades energéticas de la inteligencia artificial superan el desarrollo de las redes eléctricas y obstaculizan gravemente el crecimiento.
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