Bajo el mandato de Felipe González (1982-1996), el Estado llevó a cabo cerca de 80 privatizaciones. Destacan grandes privatizaciones como las firmas automovilísticas SEAT y ENASA o Transatlántica (transporte marítimo) y Marsans (Viajes). El Gobierno de González comenzó privatizaciones parciales de empresas rentables y de sectores clave para la economía, como en los casos de la eléctrica Endesa, la petrolera Repsol, la entidad bancaria Argentaria o la empresa de telecomunicaciones Telefónica.
El gabinete de Jose María Aznar (1997-2004) inició nuevos procesos privatizadores y cerró los ya comenzados por González, deshaciéndose de importantes compañías públicas como Endesa, Tabacalera, Repsol, Telefónica, Argentaria o Gas Natural. Solo un año después de ganar las elecciones, en 1997, Aznar empezó a vender. Bajo su mandato, pasaron a manos privadas las principales compañías de sectores de gran importancia en la economía española, como electricidad, gas, petróleo, transporte, telecomunicaciones… en total se privatizan unas 50 empresas.
Casualmente, el propio Aznar, fue “fichado” por una de las empresas que él mismo privatizó, Endesa. Este fenómeno se produjo con muchos otros ex ministros de los sucesivos gobiernos neoliberales.
José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) es el presidente español que menos pudo privatizar debido a que la gran mayoría de los planes que puso en marcha ya en el final de su mandato no se llegaron a concretar.
A finales de 2010, por ejemplo, el Ejecutivo anunció la gestión privada de los aeropuertos de Madrid y Barcelona y la privatización parcial del 30 por ciento de Loterías del Estado. Dos medidas con las que pretendía ingresar 14.000 millones de euros. En septiembre de 2011, el Gobierno sacó a Bolsa el 30 por ciento de Loterías, pero tuvo que suspender días después esta operación “porque no se daban las condiciones de mercado”.
Mariano Rajoy, quien inició su mandato en 2011, planteó desde el comienzo de su legislatura una oleada de privatizaciones. La última en llegar ha sido la de AENA, que será privatizada en un 49 por ciento, de forma que el 28 por ciento se colocará en Bolsa a través de una oferta pública de venta (OPV) y el 21 por ciento restante se licitará para un núcleo estable de accionistas seleccionados mediante un proceso de concurrencia. La privatización de AENA ya fue anunciada hace un par de años, pero de momento no se había hecho pública.
Por otro lado, otro de los grandes servicios públicos que hay en España, en ferroviario, también está cambiando progresivamente hacia una mayor liberalización. El objetivo del Gobierno de Rajoy, desde el comienzo de su mandato fue que la compañía pública de ferrocarriles, Renfe, se dividiera en cuatro compañías, cada una de ellas con una línea de negocio bien distinta: tráfico de pasajeros, mantenimiento de trenes, tráfico de mercancías, y gestión del parque de trenes y material rodante de la compañía.
Esta división estaba incluida en el plan presupuestario 2013-2014 que el Gobierno remitió a la Unión Europea (UE) en agosto de 2011.
En el mes de junio de 2014, el Gobierno aprobó que una compañía privada entre a competir con Renfe en la prestación de servicios de transporte de viajeros en trenes de Alta Velocidad (AVE), según anunció la ministra de Fomento, Ana Pastor. Con esta medida, el Ejecutivo rompe el servicio público de Renfe en tráfico ferroviario de pasajeros e inicia la progresiva privatización del sector.
Otra de las privatizaciones que estaban en la cartera de Rajoy era la empresa pública de Paradores Nacionales. Finalmente el ministro Jose Manuel Soria anunció en 2012 que Paradores no se privatizará, aunque explicó que podría haber una “gestión privada indirecta” en algunos hoteles.
En cuanto a Loterías y Apuestas del Estado, su privatización ha estado también en la agenda del Gobierno. La criticó cuando estaba en la oposición, la valoró seriamente cuando llegó al Gobierno y ahora parece que está en punto muerto. Otra de las empresas públicas en el punto de mira es Correos y Puertos del Estado.
En julio de 2014, el Gobierno de Rajoy aprobó un decreto relativo al Registro Civil que ha sido denunciado como un intento de privatización encubierto. Y es que la nueva normativa estipulaba la adjudicación del servicio de un nuevo software a una compañía privada. La polémica no es nueva toda vez que colectivos judiciales y de funcionarios llevan años protestando contra la privatización de los registros civiles. La reforma impulsada por el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, se espera que entre en vigor para este 15 de julio.
