Bajo la pluma de Sam Sasan Shoamanesh, su asistente especial, Bensuda rechaza esas confidencias. Se trata, según ella,
“de una afirmación totalmente falsa y un montaje, tanto en su atribución como en su contenido… La fiscal nunca se ha entrevistado con Koyagbele. Nunca ha realizado tal declaración falsa”. En lugar de usar lo que sería el derecho de respuesta a la prensa, Bensuda debiera haber exigido que Koyagbele estuviera en la lista de testigos de la defensa de Me Altit, para que ella le
“cocine”, le confunda, a fin de que la vergüenza sea suya.
Como teórico del Derecho, su escribana a sueldo revela que “la Oficina [de la fiscal] no permitirá que intentos exteriores de politización consigan desviar los procedimientos judiciales en el CPI [Tribunal Penal Internacional], que debe seguir su curso conforme a la ley”. Lo particular de Bensuda, que se refleja en su carta, es que entre la intención y los hechos hay un foso gigantesco.
Para apoyar su acusación contra Gbagbo, la fiscal se ha basado en la cifra sin fundamento de 3.000 muertos. Es una cifra fabricada por Nicolás Sarkozy [entonces Presidente de la República Francesa] y suministrada a la máquina mediática francesa de propaganda que la ha modificado al gusto, infestando las conciencias a través de todo el mundo. Sin embargo, ella tenía los medios técnicos y financieros para revisar esta cifra fantasiosa y política, y considerar las 16.000 víctimas civiles contabilizadas por la “Comisión Banny”, pero mantenidas en secreto por Uattara.
Ese malabarismo con las cifras no es extraño. Un jurado que manipula la elección de sus miembros no más que una estructura política. Bensuda es el producto de ese fraude, un montaje de los que se han fumado todas las reglas que rigen las elecciones de fiscales del CPI [Tribunal Penal Internacional] para imponer, tras haber descartado mediante hechos ilícitos rechazables a más del 90 por ciento de los candidatos a los puestos.
Prisionera de la casta que la escogido sin votos “precisamente porque es africana” para cubrir los abusos occidentales en África, y evitar que el CPI [Tribunal Penal Internacional] sea “tachado de racista y sesgado”, Bensuda sufre. No puede desmarcarse de un proceso político.
Las presiones del imperialismo y la búsqueda del fiscal-robot
Atrapada en la vorágine de una justicia a órdenes, Bensuda realiza una investigación secuencial. Una búsqueda de información por episodios o por temporadas. Ella misma lo ha declarado: “nuestras investigaciones continúan en el país. Pero hace falta tiempo”. En ese caso, “¿por qué la voluntad de instruir un proceso?” acusa el historiador y egiptólogo de Benin Coovi Gómez. “Porque en Derecho, cuando no se dispone de suficientes pruebas durante la audiencia de confirmación de acusaciones no se puede tener a alguien prisionero”, recuerda Gómez a la fiscal-robot de las multinacionales y las instituciones internacionales occidentales.
La búsqueda de la fiscala, su conexión con los políticos y su incapacidad de demostrar la culpabilidad del residente Gbagbo se explican también por el profesor Michel Galy. Detalla que “a pesar de los testimonios y recortes de prensa proporcionados a Bensuda por los gobiernos de Costa de Marfil, y los sumarios y documentos militares de París, el acusado Laurent Gbagbo no ha sido exculpado por insuficiencia del sumario de la acusación, en junio de 2013”, durante la audiencia de confirmación o invalidación de las acusaciones. “Ha sido necesaria toda la insistencia de los gobiernos Uattara y Hollande y se dice que del mismo Laurent Fabius, para que el CPI [Tribunal Penal Internacional] ofrezca una segunda oportunidad a la acusación para reiniciar su trabajo”. Importante precisión que desvela una implicación política en el procedimiento instruido con la lógica de los vencedores.
Paolina Massida, “representante de las víctimas”, no está al margen de este proceso de la vergüenza que se construye sobre normas políticas. En lugar de mantenerse equidistante de las partes, esta señora de ojos espantados ha elegido su campo, el de los vencedores. Solamente se ocupa de las víctimas del clan Uattara, “mientras que de las 16.000 víctimas calculadas más del 75 por ciento son verosímilmente el resultado de los mercenarios y las milicias del heteróclito y sangriento ejército de Guillaume Soro (y Uattara)”, prosigue Michel Galy.
Para las audiencias de confirmación/invalidación de acusaciones en el proceso del ministro Blé Gudé, ella reclutó al juez de Dimbroko, Epiphane Zoro Bi Ballo, militante del RDR, el partido de Uattara Alassane, como experto independiente para servir de suplente a Bensuda. Sin embargo, actos, intenciones y hechos testimonian contra la imparcialidad de este juez respecto al certificado de nacionalidad entregado en 1999, muy contestado, y que permitió a Uattara aprovechar la nacionalidad costamarfileña.
En enero de 2014, en una entrevista concedida al diario pro-Soro Nord-Sud, Zoro Bi decía, a propósito de la elegibilidad a la presidencia que “es necesario evitar sorpresas masivas”. Porque si se aplicaba la Constitución fielmente, “el artículo 35 eliminará a candidatos”. Seguramente estaría pensando en su mentor, Uattara, y daba razones a todos aquellos que siempre han sostenido que Uattara no tenía derecho a ser candidato a las presidenciales en Costa de Marfil. No muy seguro de la colaboración del PDCI-RDA, aconseja que “el RDR debe contar con sus propias fuerzas”.
Entrevistándose en mayo del mismo año con los secretarios de sección del RDR de Sinfra, les da esta recomendación: “permanecer unidos en torno al presidente Uattara y sus ideales de partido”. Más tarde, el 22 de mayo, participaba el 3º Congreso del RDR que se celebraba en el Palacio de los Deportes de Treichville. Este juez militante-partidista tenía ya una obra titulada “Desarmar la violencia”, un alegato totalmente acusatorio contra el presidente Gbagbo y sus partidarios.
La presencia de tal especimen en la sala de audiencias contra sus adversarios políticos no podía explicarse más que como una injerencia de la política en lo jurídico, un chanchullo para torcer la justicia, el Derecho y la verdad. Pero hizo falta que el ministro Blé Gudé percibiera esta mascarada, denunciara este escándalo y lo desmontara pieza a pieza para que el Tribunal a las órdenes cambiara de opinión, y enviara a Ballo a seguir organizando a los organizadores de marchas violentas por cuenta de su partido.
La propaganda de las fosas comunes de ‘Human Rights Watch’
Zoro Bi es así. Para crear su imagen, estuvo huido durante algunos años, pudiendo beneficiarse de numerosas ramificaciones y apoyos en ese tiempo, principalmente gracias a los adeptos al RDR, partido que funciona como una secta, y gracias a los servicios occidentales. Agente del imperialismo escondido en las faldas de las ONG fantoches, colaboró con las más devastadoras del continente, como Human Rights Watch, FIDH, Amnesty o con ratoneras como la belga Verbatim’s, del propagandista anti-Gbagbo Benoît Scheuer, autor de “Costa de Marfil: Polvorín identitario”, que obtiene sus fondos de los Fondos Europeos.
Para ocultar su relación incestuosa con las ONG desestabilizadoras de la soberanía africana, Zoro Ballo Bi se erige en testaferro. Creó en octubre de 2000 el MIDH, Movimiento Costamarfileño de Derechos del Hombre, cuya misión principal consistió en incriminar al presidente Gbagbo en la matanza de Yapugo de 2000. Sin embargo, la verdad estaba en otro lugar. La famosa matanza anunciada por un medio francés se reveló como un montaje del RDR.
Una vez la misión cumplida con el MIDH, Ballo Bi creó la “Ciudad de la Tolerancia”. Estas organizaciones, eslabones de la red mundial de Soros mediante la Open Society Foundation y los medios mentirosos han influenciado la información política en Costa de Marfil. ¿Cómo salir de los engranajes de la mentira? El CPI [Tribunal Penal Internacional] intenta una reconfiguración de esa mentira. Luego hay que seguir presentando la rebelión de Uattara como algo positivo, como una lucha por la democracia, y guardar silencio sobre los chantajes y crímenes de los rebeldes. Imposible conseguirlo sin dar un tinte político a su proceso.
Gbagbo: víctima de la mafia de Soros
Este asunto en el que se han acumulado las mentiras, en donde las redes de influencia han intentado acallar sin cesar la investigación sobre los crímenes de Uattara, no es un embrollo jurídico, sino político. Laurent Gbagbo ha sido bombardeado, raptado, deportado, encarcelado y juzgado porque se atrevió a revisar la reglas que rigen las relaciones políticas y las convenciones en materia económica y estratégica. Su redefinición de las normas rectoras entre naciones se percibe como una retirada nacional, la construcción de una sociedad cerrada.
Un crimen para los mundialistas y para Georges Soros, para quién “la democracia y la sociedad abierta solo pueden imponerse desde el exterior, porque el principio de soberanía obstaculiza la injerencia exterior”.
Quedaba pues fuera de dudas que Gbagbo, deseoso de controlar sus propios recursos naturales, desarrollar su economía y su fuerza de trabajo con ayuda de tarifas aduaneras y de regulaciones, sea considerado uno de los obstáculos. Como objeto de las tesis del imperialismo librecambista, y catalogado como uno de los promotores de sociedades cerradas, estaba condenado a ser el sujeto de los ataques de las firmas multinacionales.
El dinero de Soros, un instrumento para desmantelar la soberanía nacional de los Estados, ha sido inyectado en ONG como Open Society Institute, FIDH, OSIWA, y otros como Human Rights Watch, que recibió 100 millones de dólares de Soros para ponerse a su servicio. Como consecuencia, y gracias a la propaganda sobre fosas comunes de Human Rights Watch, el presidente Gbagbo fue demonizado, lo que permitió a Uattara tomar la delantera en el plano comunicacional.
Uattara: el humilde vasallo del imperialismo
La carrera de Uattara, por quien y para quien Costa de Marfil se ha quebrado, nos da rasgos sobre ese proceso político. Fue el primer ministro impuesto entre 1990 y 1993 de Hufuet Boigny, en el ocaso de su vida. Tuvo como misión la privatización de la economía nacional por un franco simbólico. Artífice de la devaluación de 1994, que se enorgullece de haber preparado, es cómplice de la liquidación del patrimonio inmobiliario de Costa de Marfil orquestada por su esposa Dominique Uattara.
Este lacayo al servicio de los intereses de occidente había sido programado para descuartizar las economías africanas. Para ello jugó un papel privilegiado en la creación en 1999 de la Open Society Initiative para África Occidental, la OSIWA, rama africana de la OSI. Este peón de los servicios de inteligencia occidentales fue su primer presidente. Un año más tarde se celebraba en París una reunión de la OSIWA sobre Costa de Marfil, un preludio a la instauración de estrategias de desestabilización y saqueo del país.
Soros financió su rebelión, que en la noche del 18 a 19 de septiembre de 2002 causó un baño de sangre para conquistar el poder. Sembrando el miedo y el horror, los rebeldes terroristas de Alassane Uattara que diezmaban vidas inocentes fueron bienvenidos, bendecidos y animados por Francia, por Burkina, Senegal, Mali y Nigeria, apoyados por sus medias que gozaban tratando a Gbagbo de xenófobo y “costamarfilista”.
¿Cómo esconder estas monstruosidades y sus cómplices en un proceso justo? Esa es la cuestión que se plantean los verdaderos estrategas y ejecutores de crímenes de guerra y contra la humanidad en Costa de Marfil, el fundamento de este proceso político.
Los actores del Plan Común, al descubierto
Aupado al poder tras una década de rebelión y demonización por los medios de cualquier político que no sea él, Uattara no tiene más que una misión: obedecer a las cancillerías occidentales. Como una bandera en el palo, gobierna según el viento de la voluntad de sus fabricantes. La batalla para instalar a Uattara en el poder no respondía pues al objetivo, por falso que sea, de la Open Society Fund, que es “la promoción del gobierno democrático, los derechos del hombre, las reformas legales económicas y sociales”.
Lo demuestra la gestión catastrófica del déspota Uattara. El papel de tres ex ministros de Chirac, Michèle Aliot-Marie, Dominique de Villepin y Michel Barnier, sospechosos de dificultar las investigaciones sobre el sumario del bombardeo del campo militar francés de Buaké en 2004 lo demuestra. Las declaraciones de Me Jean Balan, abogado de las familias de las víctimas de ese bombardeo, denunciando el papel de esos ex ministros en el drama, y declarando que ese bombardeo era “una manipulación” y “un golpe montado al más alto nivel de Estado, destinado a acusar y luego a derrocar al presidente costamarfileño Laurent Gbagbo” demuestra no solamente que Uattara fue utilizado porque es exageradamente amante del poder, sino también que el presidente Gbagbo, preso del CPI [Tribunal Penal Internacional], es inocente. La afirmación de Gildas Le Lidec, antiguo embajador de Francia en Abidjan según el que “Gbagbo no estaba al corriente lo que iba a suceder en Buaké” absuelve a quien es víctima de una red de organizaciones mafiosas.
África resiste a pesar de las farsas judiciales
