No ocurre con mucha frecuencia que la gestión de un ministro quede reflejada en toda su incompetencia con pruebas irrefutables muy poco tiempo después de que deje el Ministerio. Aun menos si la prueba definitiva la aporta su mano derecha. Es lo que ha ocurrido con Jorge Fernández Díaz tras la publicación de una entrevista al comisario Eugenio Pino, exdirector operativo de la Policía.
Pino es el jefe de la “policía política” montada en el Ministerio del Interior para atacar a los que el PP consideraba sus principales enemigos políticos, es decir, los independentistas catalanes y Podemos. Alguien de la máxima confianza de Fernández Díaz, y por tanto del Partido Popular.
El periodista le pregunta por qué los Pujol no están en prisión, que es como preguntar: ¿no hay pruebas suficientes contra ellos? Su respuesta: “Porque los procedimientos son difíciles de investigar y los jueces en España son muy garantistas. Lógicamente en otra época había jueces más decididos, pero ahora son garantistas hasta el final y prefieren ajustar todo el procedimiento a unas pruebas reales y efectivas”.
La culpa es de los jueces. Lo primero –delitos económicos difíciles de investigar– es evidente. Lo segundo no suena a excusa, sino a acusación. No son como otros jueces que envían a los acusados a prisión preventiva para que se ablanden. Eso no está en ningún Código Penal, ni en el actual ni en los de antes, pero sabemos que es una costumbre que ha existido, sobre todo cuando un juez ha echado mano de ese recurso tan socorrido y vago que es la “alarma social”. Pero es el final de la segunda frase lo que tiene que dejar con la boca abierta a cualquiera que piense que la justicia no puede estar al servicio de los intereses políticos, sean los que sean, o de la jauría.
Esos jueces a los que se refiere Pino buscan para tomar decisiones trascendentales “pruebas reales y efectivas”. Pino no es de los policías que tengan como norma la idea de que lo que no puedes probar, no existe ante un tribunal.
Incluso, al referirse a otro caso, dice que es “partidario de usar el detector de mentiras y esas cosas que usan otros países y no sé por qué no hacemos”. Este es un motivo para reírse de la talla policial de Pino, ya que está probado que el detector de mentiras sólo se usa de forma extensa e irrefutable en el cine y la televisión, además de en la CIA y la NSA, no con muy buenos resultados en estos dos últimos ejemplos.
El comisario se queja de que al valorar una prueba “cuando tenemos una cuenta, una transacción, siempre hay una resistencia” (de los jueces). Lo cierto es que hay un montón de gente procesada o condenada en España en los últimos años por los indicios aportados por cuentas corrientes y transacciones bancarias que revelan la comisión de delitos. Eso es un hecho que esta vez Pino decide obviar.
Eso le permite insistir en una acusación que nunca se ha probado y que tanto él como El Mundo sostuvieron hasta el extremo de convencer a Fernández Díaz, la supuesta cuenta corriente millonaria que tenía en Suiza el entonces alcalde de Barcelona, Xavier Trias. Nunca se pudo probar su existencia, y de hecho hay pruebas que indican que no existió. Pero, para Pino, la realidad es muy diferente porque el confidente que les dio esa información era “una fuente de toda credibilidad”.
Todavía no hay ningún artículo en el Código Penal que diga que se puede procesar a alguien porque el confidente es muy bueno. Quizá por eso el único procedimiento judicial que existe ahora sobre ese caso es el que investiga a El Mundo por dar esa noticia (uno de ellos es el autor de la entrevista a Pino).
Teniendo en cuenta la mentalidad de Pino y su insistencia en seguir haciendo favores políticos a sus antiguos jefes con casos en los que tiene pruebas, debería sorprendernos menos lo que dice en la segunda entrega de la entrevista sobre un caso especialmente sensible: la investigación del atentado del 11M.
Nos enteramos que entre sus múltiples ocupaciones estuvo la de pedir informes policiales sobre casos investigados y juzgados. Lo que todos llamaríamos casos cerrados. Pino pidió informes sobre el 11M, el asesinato de Marta del Castillo y el caso Faisán. Es en el primer caso donde está más claro que hemos tenido al frente de la policía a alguien dispuesto a dar pábulo a cualquier conspiración de la que se puedan obtener réditos políticos.
En ningún momento dice Pino cuáles fueron los indicios que le llevaron a pedir un informe sobre el 11M. En el colmo del descaro, se limita a decir que “se trata de un método de trabajo distinto”, no de cuestionar la investigación policial y judicial que acabó en una sentencia de la Audiencia Nacional, confirmada por el Tribunal Supremo. “Es un atisbo de modernidad”, dice, lo que es ridículo a menos que se piense que el funcionamiento normal de los tribunales es un arcaísmo.
La farsa continúa cuando él sostiene que no ha leído ese informe. Encargó un informe sobre algo ya juzgado, supuestamente incluye detalles interesantes, pero él no encontró tiempo para leerlo. No sé si eso constituye malversación de fondos públicos (el tiempo de los policías no sale gratis), pero creo que es sólo una forma de tomarnos por idiotas.
A la pregunta de si esa investigación contradice la sentencia, de forma vaga dice que sí, pero sin concretar porque no quiere que le imputen un delito. No la contradice, “pero da por sentado, según tengo entendido, porque no lo he leído, algunas cosas que fueron determinantes para argumentar una serie de teorías que verdaderamente se diluyen. Se aclaran algunas cosas que estaban en una nebulosa”.
En la sentencia condenatoria no hay ninguna “nebulosa”, excepto para los que, como Pedro J. Ramírez y El Mundo, opinaban que los acusados eran unos tontos útiles a los que se condenó injustamente para ocultar una conspiración mayor. Pino deja caer que algo hay de eso para confirmar después que sí, se pone en cuestión algunos pilares de la sentencia, en expresión del periodista.
Una vez más, ante el mayor atentado terrorista ocurrido en las últimas décadas en España, un responsable policial y un periódico se alían para difamar el trabajo de la policía y los tribunales en ese caso. Siempre quedan impunes.
Con tal ligereza, cómo puede extrañarnos que Pino demuestre la misma falta de profesionalidad para acusar a Podemos de financiarse con la ayuda de gobiernos extranjeros. Deja caer que hay pruebas en Venezuela, más confidentes, fotos, para terminar diciendo que “a título particular” cree que los dirigentes de Podemos han cometido delitos al recibir ese dinero, “pero no lo puedo demostrar”.
Yo podría decir a título particular que creo que Pino ha dirigido una banda de narcotraficantes pero que no lo puedo demostrar. Obviamente, no puedo decir eso, porque afirmarlo en esos términos es un delito castigado con pena de prisión. Pero Pino es de los que salen impunes por estas cosas.
Este es el comisario al que Fernández Díaz entregó las llaves de la policía durante su etapa al frente de Interior. Con tanta manipulación y mentiras, casi podemos felicitarnos de haber sobrevivido a esta banda organizada.
