La recuperación de los fondos públicos depositados por Gaddafi y sus familiares en bancos internacionales se está convirtiendo en un ajuste de cuentas. Su primera víctima es Anwar Arif, antiguo director de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos de Libia (Larmo).
La fiscalía de Trípoli ha dictado orden de detención contra Arif en lo que parece ser una guerra político-financiera por apoderarse del botín. El gobierno de Libia ha iniciado una demanda judicial para recuperar 100.000 millones de dólares colocados por Gaddafi en el exterior.
Arif fue citado el miércoles pasado por el fiscal de Trípoli, una querella judicial desencadenada por el Primer Ministro libio, Abdelhamid Dbeibah, que está en guerra con Arif por negarse al traspaso al nuevo director del Larmo, Mohammed Ramadan, nombrado en junio de este año. Tanto Ramadan como Arif, que dirige el organismo desde su creación en 2017, reclaman el control de la recuperación de los fondos libios.
Los intereses personales siguen prevaleciendo en la gestión de este asunto. El Larmo se creó con el apoyo de la ONU y la Unión Europea, pero está resultando ineficaz. Pero el proceso de recuperación está bloqueado por los propios miembros de Larmo por intereses personales. A Arif le acusan de haber rastreado los fondos durante años y de haber malversado parte de ese dinero.
La crisis estalla en la cúpula en un contexto electoral muy tenso, marcado por el aplazamiento de las elecciones previstas para el viernes de esta seamana. Coincide con el descubrimiento de un fondo de 100.000 millones de dólares colocado por Gadafi en ocho bancos estadounidenses e internacionales.
Hace dos semanas una delegación de Larmo encabezada por Ramadan se desplazó a Nueva York para iniciar un procedimiento de recuperación en el tribunal federal de Manhattan. Los bancos son UBS Group AG, Bank of America Corp, HSBC Holdings PLC, Credit Suisse Group AG, Bank of New York Mellon Corp, Deutsche Bank AG, Citibank y JPMorgan Chase. Durante esta visita, Estados Unidos se comprometió a Larmo.
Nadie sabe el importe exacto de los fondos, ni siquiera los países donde están colocados. El antiguo fiscal del tribunal de Trípoli, Abdelkader Redouane, anunció la suma de 350.000 millones de dólares, aunque precisó que no sabía dónde estaban.
Por su parte, el anterior jefe de gobierno, Mustapha Abou Chakour, adelantó otra cifra: 120.000 millones de dólares. La identificación del dinero y su recuperación están vinculados a la estabilidad política de un país devastado por diez años de guerra. Los bancos que poseen los fondos no los entregarán fácilmente y menos a los representantes de un país fragmentado.